El Ejecutivo defiende de nuevo que aún no hay concreciones, que esperará a que ERC presente sus enmiendas para tomar una decisión. Pero lo importante, a estas alturas, es el gesto político desplegado por el Gobierno: su disposición a estudiar una reforma del delito de malversación, posibilidad que antes no se planteaba y que ahora sí ha dejado voluntariamente que se ponga encima de la mesa y pase a formar parte del debate público. En el Gabinete de Pedro Sánchez no han concretado cuáles serían las vigas maestras del cambio legislativo, pero varios ministros apuntaban este lunes que sería conveniente ligar el delito con el enriquecimiento personal. Es decir, en cierto modo, regresar a la redacción anterior a la remodelación de 2015, que el PP impulsó en parte como respuesta al primer referéndum ilegal que montó el independentismo, la consulta del 9 de noviembre de 2014. Hasta ese momento, el Código Penal exigía que el dinero público desviado redundara en beneficio propio o de terceros. El problema para la Moncloa reside en que estaría apuntando a una rebaja penal de los delitos vinculados a la corrupción, precisamente aquellos que Sánchez prometió combatir con dureza cuando llegó al poder.

El debate sobre la derogación de la sedición y su sustitución por la figura de los desórdenes públicos agravados ha pasado en los últimos días, calculadamente, a una nueva pantalla: ERC quiere que se modifique también la tipificación de la malversación, el segundo delito por el que fueron condenados los líderes del procés. Sánchez, en una entrevista publicada en La Vanguardia este domingo, no lo descartó: "Ahora viene la tramitación parlamentaria [de la proposición de ley de reforma de la sedición]. Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación". "Eso ya sería el colmo. Sería una cacicada injustificable en una democracia consolidada", respondía Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, desde su sede de la calle de Génova.

No es igual el corrupto que se lucra personalmente que el que no se lucra personalmente"

MARGARITA ROBLES, MINISTRA DE DEFENSA

El presidente no bajaba más al detalle. Pero sí lo hacía este lunes, y de forma nítida, la titular de Defensa, Margarita Robles, magistrada de profesión. La regulación de la malversación, dijo en entrevistas en TVE y Antena 3, es "muy desigual", porque "no es lo mismo un corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que el que no". "No sé qué regulación va a haber, si se va a presentar esa enmienda y si se va a aprobar o no, pero sí digo como jurista que todo el mundo sabe que no es igual el corrupto que se lucra personalmente que el que no se lucra personalmente", sostuvo. Y aunque la decisión última corresponderá a las Cortes, "todo el mundo sabe que no es lo mismo". La tesis esgrimida por Robles es la que defendió el Grupo Socialista en 2015, vía enmienda, frente al PP.

Robles, situada en el ala más templada del bipartito, no suele actuar como altavoz de la Moncloa, pero sí lo es María Jesús Montero, también vicesecretaria general del PSOE. Y ella caminaba en la línea de su compañera de Defensa. Encuentra una "obviedad", dijo a los periodistas en Madrid, que "no es lo mismo" cuando hay enriquecimiento personal que cuando no lo hay. La ministra, eso sí, pidió esperar a las enmiendas que presenten los grupos. "No es bueno hablar de cuestiones que son tan serias sin tener si quiera un documento que nos permita tener posición. Vamos a dejar que los grupos parlamentarios hagan sus propuestas y, cuando llegue el momento, sabrán la posición del Grupo Socialista", mantuvo, informa Europa Press.

Estudio "en profundidad"

No tan lejos caminaron Félix Bolaños y Pilar Alegría, aunque los dos sí abrieron la puerta a un cambio de la malversación. Si ERC decide enmendar la proposición de ley de la sedición, el Ejecutivo estudiará "en profundidad" esta cuestión, "como pasa con cualquier enmienda", dijo Bolaños, mano derecha del presidente, en la SER. El titular de la Presidencia negó que ya se esté negociando una redacción con los republicanos. "Me resulta difícil opinar sobre la nada". Alegría, ministra de Educación y portavoz del partido, también evitaba pronunciarse desde la sede de Ferraz sobre "propuestas que aún no se han podido ver", dado que ERC no ha registrado obviamente sus enmiendas. Pero sí fue muy insistente recalcando que el "compromiso" de Sánchez, del Ejecutivo y del PSOE está reflejado en el texto que presentaron socialistas y Unidas Podemos el pasado viernes en el Congreso, y que incluía la modificación de la sedición, para "homologar" la figura al estándar europeo.

Bolaños y Alegría también abren la puerta a revisar la malversación, pero piden esperar a que ERC presente sus enmiendas

Pero una nueva regulación de la malversación, que diferenciase los casos en los que no ha habido enriquecimiento personal, afectaría no solo a los dirigentes del procés —Oriol Junqueras y otros tres exconsellers fueron condenados por el Supremo por sedición en concurso medial con malversación, y el Gobierno les conmutó la pena de prisión, pero no la inhabilitación—, sino también a José Antonio Griñán. El expresidente de la Junta de Andalucía y expresidente del PSOE fue sentenciado por el TS a seis años de prisión por malversación en el caso de los ERE, y tiene un pie ya en la cárcel. Los socialistas han venido reiterando, y este mismo lunes lo hizo Alegría, que Griñán no se lucró. "No es que lo haya determinado el PSOE, sino que ha sido la Justicia. Ni Griñán, ni ningún dirigente del PSOE de Andalucía", enfatizó la portavoz.

En la Moncloa y en Ferraz impera el silencio. No se quiere ir más allá de lo manifestado por los ministros, ni avanzar siquiera si el PSOE se inclina por asumir las enmiendas que propondrá ERC o limitar su alcance. Pero que el Gobierno no cerrase esa puerta ya era muy significativo. La idea que se maneja en el Ejecutivo, según aseguran fuentes próximas al presidente, es que no tenga "la misma pena un mal gestor y destinar dinero público a fines distintos a los que están asignados que llevarse el dinero público al bolsillo", y la línea roja es que no salgan "impunes" los dirigentes del procés, que se traduce en que Carles Puigdemont sea "juzgado" y vaya a la cárcel si vuelve a España y que Junqueras no pueda ser de nuevo candidato en las próximas autonómicas catalanas.

Unidas Podemos y ERC empujan en la línea de ligar malversación con enriquecimiento, como ocurría antes de 2015

Una ministra coincide con esta lectura: "La iniciativa partirá de Esquerra y si va en esos términos que han dicho, no nos opondremos", asegura una ministra, que cree que el criterio de Sánchez es el expuesto por Robles. Pero hay quienes en la Moncloa ven riesgos a esta reforma, porque sería "complicado de explicar a los ciudadanos" una rebaja de los castigos por corrupción.

ERC y Unidas Podemos empujan al PSOE en la línea de conectar de nuevo malversación y lucro. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, prometió "luchar" hasta el final contra la "utilización perversa" de esta figura delictiva. El dirigente de ERC está de acuerdo con que "la corrupción se debe seguir persiguiendo con fuerza, evidentemente", pero la malversación se modificó con la reforma de 2015 del PP para "permitir que cosas que no eran delito pasaran a serlo" tras el referéndum del 9-N.

En la misma línea, Jaume Asens, presidente del grupo morado, señaló este lunes que aunque la malversación es un "delito fundamental para perseguir la corrupción" que "debe seguir existiendo", deben evitarse "interpretaciones abusivas" del Código Penal actual, informa EFE.

Las novedades introducidas en 2015

Porque, ¿qué supuso el cambio de 2015? El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó, con los votos del PP, una reforma del Código Penal (que se tradujo en la ley orgánica 1/2015), que fue rechazada por el PSOE y el resto de la oposición porque introducía la prisión permanente revisable. Pero el Ejecutivo también tocó los delitos relativos a la malversación (descritos en el artículo 432 y siguientes), endureciendo la figura penal.

El PSOE votó en contra de todo el cambio legal de 2015 porque el PP introdujo la prisión permanente revisable

La redacción anterior, de 2003 (o sea, también del PP), definía la malversación como la sustracción de dinero público, "con ánimo de lucro", por parte de una "autoridad o funcionario público", y que redundara en beneficio propio o de terceros. Se le castigaba con una pena de tres a seis años de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años. La pena era de cuatro a ocho años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación absoluta en casos de especial gravedad.

Con la reforma de 2015, se elimina del artículo 432 del Código Penal el requisito único del enriquecimiento personal o de terceros. La ley castiga desde hace siete años, con penas de dos a seis años de cárcel, a la "autoridad o funcionario público" que cometa administración desleal sobre el patrimonio público. O sea, que cause un perjuicio a los fondos públicos que tiene la potestad de administrar, al margen de que vaya a su propio bolsillo o al de otros (que es lo que ocurrió en el procés). También se impone inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. En los supuestos más graves, el castigo aumenta: prisión "de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años". Y sube cuando los efectos apropiados sean de más de 250.000 euros. Las mismas condenas se recogen para las autoridades o funcionarios que se apropien de manera indebida de fondos públicos, para sí o para un tercero.

Es decir, que la redacción de 2015 es, tal y como observó el Supremo en la sentencia del procés de 2019, más "mucho más amplia" que la anterior, porque "caben actuaciones distintas de la mera sustracción tales como la asunción indebida de obligaciones".

El terreno ya está abonado para la reforma, que para el PP es una "cacicada incalificable"

El PSOE votó en contra de aquella reforma del Código Penal porque el eje era la introducción de la prisión permanente revisable. "Claro populismo punitivo", lo definían los socialistas. El debate parlamentario giró en torno a esa nueva figura, y menos hacia los cambios en los delitos relacionados con la corrupción. Pero el PSOE defendió en el pleno en el Congreso que las penas seguían siendo "excesivamente benignas con los corruptos". Es decir, "dureza frene al débil y debilidad frente al fuerte". No obstante, los socialistas se congratularon de haber conseguido algunas mejoras respecto a la redacción inicial planteada por el PP, mejoras de "incremento de penas", aunque les seguía pareciendo "del todo insuficiente".

Pero, en concreto, el PSOE defendió en 2015, a través de una enmienda, que el castigo no fuera el mismo si la malversación se refería al lucro personal. Así, planteaba que cuando una autoridad o funcionario público sustrajera caudales públicos para sí o para terceros "incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años". En cambio, si se tratase de una administración desleal de los fondos públicos (como en el procés), la pena sería menor: prisión "de seis meses a tres años e inhabilitación especial para cargo o empleo público por tiempo de cuatro a diez años".

En 2015, el PSOE quiso diferenciar las penas por malversación: cárcel más liviana en caso de administración indebida, más dura para cuando hubiera lucro

En síntesis: el PSOE reclamaba un castigo de cárcel más liviano (pero inhabilitación más severa) que el que luego el PP aprobó en caso de que se hablase de administración desleal. Y lo diferenciaba de la apropiación indebida. "La pena que contiene el tipo básico de administración desleal de patrimonio público resulta desproporcionada para conductas no apropiatorias", justificaban los socialistas en su enmienda, la número 748 registrada en el Congreso. Dicho de otro modo, la fórmula del PSOE de 2015 reduciría el castigo para los líderes del procés. Queda la duda de si esta es la plantilla que usará ahora el Ejecutivo o plantea otra formulación.

Ahora, la decisión última será de Sánchez, pero el terreno para un cambio en la definición de la malversación está abonado. Para el PP, es una prueba más de la "sumisión al independentismo", una "cacicada incalificable". El Gobierno tendrá que moverse rápido, porque la tramitación será exprés y arrancará ya la semana próxima.