El Ejecutivo intenta guardar un complejísimo equilibrio. Abrir la puerta a una reforma del delito de malversación, como le demandan sus socios de ERC y también Unidas Podemos, pero sin dar más pistas de si finalmente lo hará y en qué línea. Con algunas frases parece querer manifestar distancias y a la vez, en la frase siguiente, mantiene que está dispuesto a estudiar una modificación del Código Penal que podría beneficiar directamente a los condenados y encausados del procés y que, en función de cómo se resolviera, podría afectar a otros sentenciados o procesados por corrupción como el expresidente de la Junta José Antonio Griñán.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, fue este martes quien intentó torear en una plaza endiablada para los socialistas, que en 2018 lideraron una moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa y que tenía su razón de ser, argumentaron, en la lucha inequívoca contra la corrupción. La ministra asumió un papel más difícil aún después de que el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, indicara a los periodistas que su partido ya negocia con el Ejecutivo un cambio "quirúrgico" de la malversación para que vaya ligada al nuevo delito de sedición, el de desórdenes públicos agravados.

La portavoz remarca que el Gobierno se siente "muy orgulloso" de tener la lucha contra la corrupción como "seña de identidad y bandera"

Rodríguez enfatizó, en todo momento, que el "compromiso" que el Gobierno contrajo era el de presentar una proposición de ley para reformar la sedición para homologarla al estándar europeo si disponía de una mayoría suficiente, compromiso que entiende "cumplido" porque ya registró la iniciativa junto a los morados el pasado viernes. Y, por ahora, indicó, la Moncloa no está "valorando ninguna otra iniciativa". La portavoz agregó que el Ejecutivo siente que ha avanzado en la lucha contra la corrupción y a favor de la ejemplaridad pública, "una seña de identidad y una bandera" de la que el Gobierno se siente "muy orgulloso".

De esa primera respuesta de Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes podía colegirse que los socialistas enfriaban sus intenciones. Pero preguntada la portavoz si entonces el Ejecutivo renuncia a tocar la malversación como le demanda ERC, que afirma que de hecho ya está negociando con los socialistas el cambio de la figura penal, reiteró que el Gobierno da por "cumplido" el compromiso de legislatura de acompasar la sedición a la tipificación existente en otros países de nuestro entorno. Voluntad que quedó plasmada en la citada proposición de ley y que es su "prioridad", pero eso "no es incompatible" —ahí estaba lo importante— con que en el ámbito parlamentario se debatan las propuestas de los grupos.

No hablar de "futuribles"

Los periodistas insistieron. Le preguntaron a la portavoz cuál es la posición del Gabinete, más allá de los textos que planteen los grupos. No hubo forma. Rodríguez mostró el "respeto absoluto" por las enmiendas que registren. "El Gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles. No conocemos el texto de la enmienda, si es que la va a haber. Me manifiesto acerca del compromiso del Gobierno", plasmada en la proposición de ley conjunta. "A eso se circunscribe la posición del Gobierno y el cumplimiento de nuestro compromiso", remachó.

Nosotros no queremos plantear ninguna corruptela. Esta es la clave y el equilibro que hay que hacer"

GABRIEL RUFIÁN, PORTAVOZ DE ERC EN EL CONGRESO

La versión de ERC no casaba con la de la Moncloa. Rufián señaló a los informadores este martes en la Cámara baja que su grupo ya está negociando una reforma "quirúrgica" del delito, para que no se castigue igual si no hay lucro. Y es que fue la modificación impulsada por el PP en 2015 la que hizo que se conciba desde entonces como malversación tanto la apropiación de caudales públicos, para sí o para terceros, como la administración desleal. "No tiene sentido que sin haber enriquecimiento personal o una estructura de corrupción, a [Oriol] Junqueras se le juzgue por malversación", sostuvo el diputado, que cree que no ha de vincularse el Código Penal "como castigo ideológico".

ERC dijo ser consciente de lo delicado que es tocar una figura íntimamente ligada a la corrupción. "Nosotros no queremos plantear ninguna corruptela. Esta es la clave y el equilibro que hay que hacer", agregó cuando le preguntaron por los delitos de malversación que no suponen lucro personal sí sí un mal uso de fondos públicos, informa EFE.

Los republicanos, que también ven factible aprobar la proposición de ley de reforma de la sedición antes de que acabe el año, insisten en que hay que "acotar y definir mucho más el Código Penal, para no dar lugar a interpretaciones capciosas o ideológicas de jueces". Argumentos que iban en la línea de lo expuesto por el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, que pedía pulir la redacción "vaga" de la ley penal y que da lugar a interpretaciones "abusivas". "Estamos hablando... hay interlocuciones con el Gobierno... pero los tiempos no los manejamos nosotros", señaló Rufián, dejando claro que sí hay ya una negociación abierta con el Ejecutivo.

El calentamiento del debate también ha vuelto a exhibir diferencias dentro del grupo morado. Podemos cree que tocar el delito de malversación, en la línea que están estudiando el Ejecutivo y ERC, es un tema "delicado", que en su equipo estudiarán con mucho cuidado porque tiene "aristas". La posición del partido, expresada este martes por Pablo Echenique, contrasta con la manifestada por los comunes —Asens— e IU —por boca de Enrique Santiago—.

La propuesta tampoco convence a otro de los socios de investidura. A Compromís. Su portavoz, Joan Baldoví, mostró sus prevenciones hacia la reforma de la malversación. "Todos son caudales públicos y no lo tenemos tan claro. Puede plantear muchos problemas y hay que abordarlo con mucha cautela", esgrimió, informa Europa Press.