"El PP tiene razón, los independentistas no nos conformaremos" con la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición, "seguiremos trabajando por el referéndum" ha advertido la portavoz del gobierno de la Generalitat, Patricia Plaja, en pleno debate sobre la reforma pactada por Gobierno y Generalitat. Los republicanos defienden como un "paso importante" el pacto anunciado por Pedro Sánchez, pero Plaja ha dejado claro hoy que presionarán hasta el final para reformar también la malversación y que estas reformas no son, ni de lejos, el objetivo final del Govern.

Esquerra afronta ahora la incomprensión tanto de JxCat -prevista- como de las entidades independentistas, ANC y Òmnium. Y la amenaza de una manifestación convocada por la Asamblea a la que ya se ha sumado la CUP y estudia apuntarse también JxCat.

En este contexto, Plaja ha anunciado hoy que Pere Aragonès comparecerá en el Parlament para defender el pacto con el Gobierno y ha intentado dejar claro que la reforma del Código Penal no supone una renuncia "a la amnistía y la autodeterminación".

Todo cerrado a final de año

El president Aragonés "ha dicho que el objetivo final del Govern es que Cataluña pueda volver a votar, pero no es fácil" ha defendido la portavoz, que esta vez sí ha asumido como propia del gobierno catalán la reforma sobre el Código Penal. Plaja ha repetido además que "su objetivo en la mesa de negociación es la amnistía de todos los represaliados", desmintiendo a quienes les acusan de haber "salvado" a los líderes políticos del procés a costa de las expectativas judiciales de quienes participaron en las movilizaciones.

Desde la Generalitat insisten además en que la reforma "tiene que estar cerrada antes de fin de año". No cuestionan el calendario propuesto por la Mesa del Congreso, que incardina esta reforma con la aprobación de los Presupuestos Generales. Pero quieren tener al reforma aprobada a fin de año, y que se reúna la mesa de diálogo antes del 31 de diciembre como el Gobierno se comprometió en julio.

Tampoco admiten dudas sobre la reforma del delito de malversación, el siguiente objetivo de los republicanos. Argumentan que la reforma introducida por el PP en 2015 tiene como único objetivo perseguir al independentismo con una malversación ampliada que permite castigar el uso de fondos públicos en los referendos ilegales del 9N y el 1-O.

Sin embargo, aseguran que esta reforma no va a servir para evitar las responsabilidades penales de dirigentes políticos como José Antonio Griñán. "Este Govern no hará una valoración de cada caso concreto" ha señalado Plaja, "pero tiene que quedar muy claro que la reforma de malversación nada tiene que ver con delitos de quienes han metido la mano en la caja y buscan su beneficio personal".