José Antonio Griñán tendrá que entrar en prisión para cumplir la condena por su responsabilidad en el escándalo de los ERE antes de que a Unidas Podemos —socio del PSOE en el Gobierno— y a ERC les dé tiempo de llevar a cabo la modificación exprés del delito de malversación de caudales públicos y de que llegue a la mesa del Consejo de Ministros la petición de indulto parcial de la pena a seis años de cárcel que le ha impuesto la Justicia en sentencia firme.

Las posibilidades del expresidente de la Junta de Andalucía de ver suspendida la ejecución de la condena mientras se tramita la medida de gracia se han reducido prácticamente a cero tras el auto denegatorio dictado este martes por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. La Sala no ha acogido las razones invocadas ni por Griñán ni por otros siete ex altos cargos de la Administración autonómica (Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano) y, en línea con la posición mantenida por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP, concluye que no hay motivos para que la pena no empiece a cumplirse ya.

Los condenados tienen un último intento, pero con escasas opciones de que prospere. Sus defensas tienen hasta este viernes para presentar un recurso de súplica, que, tras darle traslado a las partes personadas para que puedan formular alegaciones, han de resolver los mismos magistrados que han denegado la suspensión de la ejecución. Una vez que esta resolución sea firme, lo que podría tener lugar a principios de la próxima semana, los penados tendrán un plazo máximo de diez días para personarse voluntariamente en el centro penitenciario en el que vayan a cumplir el castigo.

La Audiencia de Sevilla ha considerado que, atendiendo a la «gravedad y extensión de las penas» impuestas y a la «alarma social» que ha generado esta macrocausa, no concurren las circunstancias necesarias para retrasar el cumplimiento de la condena aun no habiéndose resuelto todavía ni el incidente de nulidad presentado ante el Supremo —paso que ha de dar necesariamente para poder recurrir posteriormente ante el Tribunal Constitucional— ni la petición de indulto.

El abogado de Griñán presentó el pasado 27 de septiembre el incidente de nulidad ante el alto tribunal, al que le pide que rebaje la pena de seis a dos años por dilación excesiva o subsidiariamente que en el informe que remita al Ministerio de Justicia en relación con la solicitud del indulto parcial se exprese favorablemente a que se atenúe la pena privativa de libertad. El Supremo no ha resuelto aún.

Petición de indulto parcial

Tampoco será inmediato el pronunciamiento del Consejo de Ministros a la petición de la medida de gracia que la esposa del expresidente de la Junta de Andalucía y sus tres hijos formalizaron el pasado 1 de septiembre a la vista de los trámites que exige la ley, como el preceptivo informe del tribunal sentenciador. En el caso del procés, la primera petición se presentó en diciembre de 2019 y el Gobierno concedió el indulto en junio de 2021.

Conseguido el objetivo de que se derogue el delito de sedición, por el que fueron condenados nueve líderes independentistas catalanes, ERC ha confirmado ya que presentará enmiendas para que se rebajen las penas para los autores de malversación de caudales públicos, delito también cometido por cuatro dirigentes secesionistas. A la espera de que se conozca con detalle la propuesta, que haya enriquecimiento personal sería la frontera que previsiblemente marcaría la severidad del castigo.

Todos los condenados tienen derecho a pedir su indulto y, como establece la ley, todo hay que estudiarlo conforme al procedimiento"

MARÍA JESÚS MONTERO

Que Griñán no se lucrara con las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta de Andalucía al margen del procedimiento legalmente establecido y eludiendo la fiscalización de la Intervención durante más de una década es la idea central del argumentario socialista y la razón que justificaría un hipotético indulto.

«Me gustaría recordar algo bien evidente. Ambos [en alusión también a Manuel Chaves, condenado sólo a inhabilitación como autor de un delito de prevaricación] dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. Es más, ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado, ni haberse llevado un céntimo, ni haber financiado irregularmente organizaciones políticas. Por tanto, no hubo enriquecimiento personal, lo que sí que hubo fueron dimisiones», destacó Pedro Sánchez cuando el Tribunal Supremo ratificó a finales de julio la sentencia condenatoria en la pieza política de la macrocausa de los ERE. "Todos los condenados tienen derecho a pedir su indulto y, como establece la ley, todo hay que estudiarlo conforme al procedimiento", apuntó este mismo martes la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en los pasillos del Senado.

La tramitación parlamentaria de la reforma de la sedición, que podría contener un cambio en la malversación, si es que el Gobierno accede finalmente a la petición de ERC, será muy rápida, pero no tanto como para estar culminada antes de que Griñán ponga un pie en prisión. La iniciativa conjunta de PSOE y Unidas Podemos ya fue calificada por la Mesa del Congreso el pasado lunes y, este martes, fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. También este 15 de noviembre recibió la conformidad del Gobierno —la dio a las 24 horas, cuando tiene de plazo 30 días— y este viernes la Junta de Portavoces incluirá su debate de toma en consideración para la semana que viene, para el próximo jueves 24 de noviembre, justo al término del pleno monográfico de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

El 24 de noviembre el Congreso debatirá la toma en consideración de la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos

A partir de entonces se abrirá el plazo para la presentación de las enmiendas de totalidad y parciales. Lo previsible es que la derecha pida la devolución del texto. Esas enmiendas de totalidad serán tumbadas por la mayoría de la investidura. El siguiente paso será la discusión de las enmiendas. Pero como PSOE y Unidas Podemos han pedido el procedimiento de urgencia, los plazos se reducen a la mitad. La intención de ambas formaciones es que el trámite en el Congreso y en el Senado acabe antes de que concluya 2022, y entre así en vigor en enero, casi seis meses antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Lo que está en duda es el alcance que puede tener una eventual reforma de la malversación. Por la incomodidad palpable en el propio PSOE y las reservas existentes en Podemos y en socios como Compromís o PDeCAT. ERC, de hecho, quiere una reforma "quirúrgica" y que afecte únicamente a los condenados y encausados del procés. No a Griñán, pero todo dependerá de cómo se hile de fino en las negociaciones.