El ala socialista del Gobierno sí cree que cabe discutir una reforma de la ley del solo sí es sí después de que la Justicia haya reducido las penas por algunos delitos sexuales en aplicación de la norma. Así lo dijo taxativamente este martes la titular de Hacienda, María Jesús Montero, número dos del PSOE. Una lectura que divergía radicalmente de la trazada hasta ahora por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

"Después de algunas sentencias que se han dictado al amparo de la ley [del solo sí es sí] —aseguró la responsable de Hacienda a los periodistas en los pasillos del Senado—, se requiere estudiar esta cuestión. Estudiar las sentencias con detenimiento y el texto legal porque no era el objetivo de la ley que se pudieran rebajar las penas en los casos de abusos a menores. Todo lo contrario. Habría que estudiar tanto las sentencias, para ver las cuestiones en las que se amparan, como el propio texto legal".

Después de algunas sentencias que se han dictado al amparo de la ley, se requiere estudiar esta cuestión"

MARÍA JESÚS MONTERO, MINISTRA DE HACIENDA Y VICESECRETARIA GENERAL DEL PSOE

Cuatro resoluciones recientes de los tribunales han supuesto la revisión a la baja de sentencias de algunos condenados por delitos sexuales en virtud de la nueva tipificación que introdujo la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (10/2o22, de 6 de septiembre), la llamada ley del solo sí es sí, la primera norma señera impulsada por Igualdad que está en vigor desde el pasado 7 de octubre, a los 30 días de su publicación en el BOE. La ley situó el consentimiento de la otra persona como una figura clave en una agresión. Pero también conllevó la rebaja de algunas penas mínimas.

Así, el artículo 179 del Código Penal decía hasta ahora esto: "Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años". La nueva redacción de este mismo artículo, en cambio, dice que el reo de violación debe ser castigado "con la pena de prisión de cuatro a doce años". O sea, que la pena mínima ya no es de seis años, sino de cuatro.

Se ha reducido de seis a cuatro años la pena por una agresión cometida en 2017; de ocho a seis años a un hombre que abusó de la hija menor de su pareja (caso conocido este martes); de ocho años y nueve meses a seis años y nueve meses a un hombre que abusó de su sobrina de cuatro años, y de casi siete años a un año y medio a un profesor que abusó de cuatro alumnos menores, informa EFE. Algunos jueces exponen en sus autos que la ley del sí es sí "nada" dice en cuanto a procedimientos en trámite o aquellos ya juzgados y con sentencia firme, pero sí entienden que ha de aplicarse lo que establece el Código Penal con carácter general: el "efecto retroactivo de la norma penal más favorable".

"Riesgo de una Justicia machista"

Cuando este martes trascendió el citado caso de rebaja de la condena, de ocho a seis años, de una violación de un hombre a su hijastra de 13 años, el Ministerio de Igualdad insistió en que no es un problema de la ley, sino de la aplicación de la misma por parte de los jueces: "La Justicia machista crea impunidad", sostuvo la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell. Fuentes del ministerio alegaron que la ley del sí es sí establece, en la redacción del artículo 181.2, "las mismas penas que la ley anterior, de cinco a diez años". "Y no se puede rebajar un grado, como ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid, cuando concurre, según el artículo 181.4, prevalimiento de una situación de superioridad, convivencia o parentesco, como es el caso".

En Igualdad insisten en que "el problema no es la ley", sino la aplicación "machista" que hacen los jueces de ella porque las penas son "las mismas"

"El problema no es la Ley de Libertad Sexual", remachan en el departamento de Irene Montero. En el equipo de la ministra se apoyan en el análisis del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que advierte del "riesgo de una Justicia machista". "Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa". Entre las consecuencias, siguen, que los "perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer", manteniendo así una "cultura de impunidad".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió en febrero de 2021, en su informa preceptivo sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, que su aprobación podría provocar la revisión a las bajas de algunas condenas en las que se hubieran impuesto las penas máximas conforma a la regulación anterior, informa Europa Press. Rosell calificaba de "propaganda" aquellas acusaciones que avisaban de que penas como las impuestas a los miembros de La Manada podrían reducirse. "Con esta ley tenemos más seguridad y derechos", defendió la dirigente de Podemos.

Pero ahora es su socio en el Ejecutivo, el PSOE, el que pone en cuestión la redacción de la ley. Escasamente un mes después de que haya entrado en vigor.