Desde Josep Maria Jové a Artur Mas, de Oriol Junqueras a José Antonio Griñán. Las derivadas prácticas de la reforma del delito de malversación que propone ERC afectan a buena parte del arco político independentista, y mucho más allá. Aunque desde el Govern insistan en que "no queremos hablar de nombres concretos", menos aún del caso Carles Puigdemont, la reforma que reclaman los republicanos tiene nombres y apellidos dentro y fuera de sus filas.

Tanto es así, que mientras desde Esquerra y los Comunes defienden que se trata de una reforma pensada exclusivamente para revertir la aprobada por el PP en 2015 -tras el juicio del 9N- en la CUP no dudan en hablar de "gol por toda la escuadra" de los socialistas, con la vista puesta en el ex presidente de la Junta de Andalucía.

Especialmente si la reforma se acuerda en los términos avanzados por la ministra de Defensa, y ex magistrada, Margarita Robles. "Ahora hay regulación desigual" argumentó este lunes. "No sé qué regulación va a haber; pero sí digo como jurista que todo el mundo sabe que no es igual el corrupto que se lucra personalmente que el que no se lucra personalmente".

Un criterio que podría amparar también a Laura Borràs. La presidenta de JxCat, investigada por presunto fraccionamiento de contratos para beneficiar a un amigo en la Institución de las Letras Catalanas nunca se embolsó el dinero presuntamente malversado.

Los beneficiados del procés

Los beneficiarios más directos de una eventual reforma de la malversación serían los ex consejeros condenados por el Tribunal Supremo por este delito en el juicio del 1-O. Se trata de Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, y Dolors Bassa. Todos ellos indultados parcialmente por el Gobierno, siguen cumpliendo penas de inhabilitación que se verán reducidas con la derogación de la sedición. Y podrían serlo más si se reforma la malversación.

También afrontan imputaciones de malversación los fugados Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Por contra, Clara Ponsatí y Marta Rovira, acusadas inicialmente de rebelión, no verían modificada su situación por la reforma del Código Penal.

Más allá del proceso seguido en el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) está a las puertas de abrir juicio contra el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep María Jové, la consejera de Cultura, Natalia Garriga y el diputado Lluís Salvadó.

Los tres formaban parte de la macro causa abierta por el Juzgado 13 de Barcelona, pero su condición de aforados los ha llevado ante el TSJC, acelerando su proceso. Están pendientes de la calificación de la Fiscalía, que se espera en breve, pero la instrucción imputa malversación tanto a Jové como a Salvadó, miembros del núcleo duro del Departamento de Economía con Junqueras.

La macro causa del 13 de Barcelona

Mención aparte merece la macro causa del procés que instruye el Juzgado 13 de Barcelona, en la que una treintena de altos cargos y empresarios afrontan diversas acusaciones por su participación en los preparativos del referéndum del 1-O. La instrucción está lejos de completarse, pero varios de los investigados afrontan posibles acusaciones de malversación.

Se trata del Delegado de la Generalitat ante la Unión Europea en 2017, Amadeu Altafaj, el entonces director del Diplocat, Albert Royo, y la ex interventora de la Generalitat, Rosa Vidal. También seis altos cargos que constituían la segunda línea política del Govern de Puigdemont: los secretarios generales de Presidencia Joaquim Nin, Exteriores, Aleix Villatoro, y Gobernación, Meritxell Massó; y los directores generales de Patrimonio, Francesc Sutrias, y Comunicación, Jaume Clotet. La mayoría son procesados por delito de malversación.

A esta causa podría sumarse la que instruye el Juzgado 18 de Barcelona, que investiga la promoción internacional del 1-O. Las defensas han solicitado la fusión de ambas causas, en las que convergen algunos de los investigados, como Albert Royo. Tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por Vox secundan la petición.

En la causa del 18 vuelve a figurar como investigado por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental el ex consejero Romeva y el ex secretario del Govern, Víctor Cullell, además de Royo.

Los procesos del Tribunal de Cuentas

Por último, los independentistas confían en que la reforma del delito de malversación sirva para poner coto a las actuaciones del Tribunal de Cuentas, al que acusan de convertirse en tribunal paralelo contra el independentismo. Señalan, en este sentido, la condena al ex presidente Artur Mas, y los ex consejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs por la organización de la consulta del 9N.

En el juicio ante el Supremo, la Fiscalía barajó inicialmente la posibilidad de acusarles por un delito de malversación de fondos públicos. No lo hizo, lo que les evitó una pena que habría supuesto su ingreso en prisión. Pero fue el motivo esgrimido por el PP para reformar el delito en 2015.

Tras la sentencia, Sociedad Civil Catalana presentó demanda por el daño causado a las arcas de la Generalitat en la preparación de una consulta que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. El resultado fue la condena al pago de unas multas por valor de 5,27 millones de euros.

El proceso se ha repetido en el caso del referéndum del 1-O. El Tribunal de Cuentas reclama ahora 5,4 millones de euros a los ex presidentes Mas y Puigdemont, Junqueras y otros 36 altos cargos y funcionarios de la Administración autonómica. Es el dinero gastado de forma indebida, según el tribunal, en difundir sus proyectos de ruptura con España durante el período comprendido entre 2011 y 2017.