En las cárceles vascas ya no caben más presos. La saturación por falta de celdas o por insuficientes funcionarios para controlarlas ha llevado a una complicada situación la gestión de las tres prisiones que han visto cómo han aumentado un 21% su población reclusa respecto a la de comienzos del año pasado. Uno de los incrementos más significativos es el de los presos de ETA, que semana en semana ha ido absorbiendo el País Vasco como resultado del desmantelamiento de la política de dispersión iniciada en 2018 y que se ha acelerado desde que el Gobierno vasco asumió la gestión penitenciaria el 1 de octubre del año pasado.

Una saturación que está limitando actualmente la capacidad de asunción de más presos hasta el punto de que el Gobierno vasco reconoce que ha denegado la petición de ingreso en las prisiones vascas a 222 presos, entre ellos ocho expedientes correspondientes a presos de ETA.

En este primer año de gestión, casi la mitad de los presos que han sido trasladados desde otra prisión a alguna de las cárceles de Euskadi eran presos de ETA. De los 178 traslados, 81 de ellos pertenecían a la banda terrorista. Actualmente son más de un centenar, 113, los internos de la organización que cumplen su condena bien en la cárcel de Martutene (27), en la de Basauri (22) o, mayoritariamente, en la prisión guipuzcoana de Martutene (64).

"Herencia recibida"

La situación de los centros se ha ido complicando de mes en mes. Hoy las cárceles tienen a su cargo a 275 presos más que en enero del año pasado. Los 1.562 internos suponen una carga de vigilancia y exigencia que es difícil de asumir por un equipo de funcionarios que no se ha visto reforzado en la misma proporción. La situación ha llevado a los responsables del Ejecutivo a estudiar el traslado de internos con arraigo en Euskadi y la salida a otras prisiones de los que no lo tengan pero estén cumpliendo su condena en alguna cárcel vasca.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, calificó ayer de complicada la “herencia recibida” en octubre de 2021 cuando se llevó a cabo el traspaso de la competencia.

Los 696 funcionarios que completan el equipo de trabajadores de prisiones que, procedente de Instituciones Penitenciarias, se integró en la Administración vasca se antojan insuficientes. A ello se añade la precariedad que se ha detectado en una parte importante de las instalaciones carcelarias, en especial en los centros penitenciarios de Martutene en San Sebastián y en la cárcel de Basauri, en Bizkaia. Una precariedad que ha obligado a llevar a cabo en este año trabajos de renovación. La mejor situación en lo que a infraestructuras se refiere se da en la prisión de Zaballa, en Álava, la más nueva y moderna.

No será hasta el año 2024 cuando se pueda inaugurar la prisión de Zubieta, en San Sebastián, que sustituirá al centro penitenciario de Martutene. Esta cárcel, inaugurada hace 75 años, se encuentra vieja y con una carga de internos muy superior a la que inicialmente estaba proyectado. La futura prisión de Zubieta doblará la capacidad, al incluir 234 celdas dobles, distribuidas en seis módulos, además de un centro con 54 celdas de inserción social para presos en régimen de semilibertad y 7 celdas para régimen disciplinario.

Falta de personal

A la saturación de la población interna y el estado de las infraestructuras se suma los problemas de personal con el que se está encontrando la Administración penitenciaria vasca. Por el momento no ha culminado la elaboración y diseño de la Relación de Puestos de Trabajo que requerirán las tres cárceles y que les permitiría posteriormente convocar una OPE. Hasta que esa fase se pueda completar, no antes de 2024, se funcionará con una bolsa de trabajo que se ha convocado y a la que se han presentado 800 personas. Próximamente se contratará a 60 candidatos para que, tras un breve periodo de formación, se incorporen antes de fin de año como complemento del equipo de funcionarios.

En el balance que ayer hizo Artolazabal en el Parlamento Vasco destacó la apuesta por las políticas de reinserción social y de apuesta por los procesos de semilibertad que se han impulsado este año. En este sentido, se han concedido medio millar de terceros grados a presos, de ellos 32 corresponden a internos de ETA. Unas progresiones de grado que se han puesto en cuestión en algunos casos por la Audiencia Nacional que hasta el momento ha revocado cinco expedientes y tiene pendientes de analizar otros 16.

Artolazabal aseguró que las progresiones se concedieron de acuerdo a los informes presentados por las Juntas de Tratamiento integradas por funcionarios penitenciarios experimentados. Subrayó que se trata de personal que fue amenazado por ETA y sufrió en primera persona su violencia. Respecto a las revocaciones de terceros grados concedidos, apuntó que en ellos no se cuestiona la decisión, sino que se reclama que ésta sea complementada con otros requerimientos.