El Gobierno vasco ha recordado hoy ante las revocaciones de concesión de terceros grados a presos de ETA, que estas se basan en informes elaborados por funcionarios de prisiones, un colectivo "que fue amenazado y asesinado por ETA". La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal ha asegurado en el Parlamento Vasco que en el primer año de asunción de la competencia de gestión penitenciaria las autoridades vascas han concedido 503 progresiones de grado de las que en 32 casos se referían a presos de la banda terrorista ETA.

Esta progresiones han sido cuestionadas en algunos casos por la Audiencia Nacional. Hasta el momento han sido anuladas cinco concesiones, que han supuesto el reingreso en prisión de los presos, y en otros 16 casos la Fiscalía los ha denunciado y está a la espera de su resolución. Pese a ser cuestionada en varias ocasiones por la oposición, Artolazabal no ha detallado si también han sido revocadas revocaciones de terceros grados concedidos a otro tipo de presos.

Unas revocaciones que en la mayoría de los casos se basan en una insuficiente reconocimiento del daño causado y petición de perdón por parte del preso o el insuficiente compromiso de asunción y cumplimiento de su responsabilidad civil. Artolazabal ha asegurado que entre las condiciones que la ley establece para conceder la progresión de grado en ningún caso se habla de "delación ni arrepentimiento" y ha puntualizado después que si bien sí es necesario un "desestimiento de la violencia y una petición de perdón, "colaboración y delación no es lo mismo": "La constitución dice que las persona no tienen la obligación de autoinculparse. Ojalá estos presos facilitaran la resolución de muchos casos aún por resolver".

Un colectivo "estigmatizado"

Ha defendido la cualificación y profesionalidad de los funcionarios de las Juntas de Tratamiento que elaboran los informes sobre cada interno y en los que se sustenta la concesión de la progresión de grado que después autorizan las autoridades penitenciarias vascas. Ha subrayado que se trata de profesionales que padecieron en primera persona la amenaza y acción criminal de ETA, "un colectivo estigmatizado al que se debe reconocer la labor realizada".

Ha añadido que los informes que se revocan en ningún caso cuestionan lo que en ellos se refleja sino que en base a su "valoración subjetiva" se reclaman aspectos "complementarios" a tener en cuenta: "Pero no existe ningún trato de favor o alfombra roja, eso es falso e injusto", ha apuntado. Artolazabal ha lamentado las "reiteradas manipulaciones" en las que se ha intentado identificar la concesión de regimenes de semilibertad con "la excarcelación".

Respecto al traslado de presos de la banda, la titular de Justicia ha señalado que representan sólo el 6% de los 437 aprobados en el último año. Unos acercamientos en los que los criterios de arraigo y de años de condena cumplidos han sido el criterio empleado. La llegada de un mayor número de internos, en relación a la salida de reos, ha elevado la población reclusa en las tres cárceles vascas a 1.562, de las que 181 están en régimen preventivo y 441 en distintas modalidades de tercer grado.

Ampliación del personal

Una fase de semilibertad que permite regresar a dormir a las prisiones o bien hacerlo en alguno de los 12 pisos habilitados este año para afrontar la última etapa de cumplimiento de la condena antes de la libertad.

Un incremento de población interna que requiere de mayores recursos humanos. La responsable del departamento de Justicia ha reconocido que la insuficiente plantilla heredada por parte de la Administración del Estado cuando se formalizó el traspaso el 1 de octubre de 2021 está siendo ampliada. En una primera fase se realizará a través de una bolsa de trabajo a la que se han apuntado 803 personas y de las que han sido seleccionadas alrededor de 600. Candidatos que recibirán una breve formación y comenzará a reforzar las labores, bajo tutela, del personal de las tres cárceles vascas. La Administración vasca confía en poder disponer de una relación de puestos de trabajo elaborada y una OPE convocada para finales de esta legislatura en 2024.

En su intervención en la Cámara vasca ha recordado que el objetivo de resocialización y reintegración de los presos es la seña de identidad del modelo vasco. Ha apuntado que en este primer año 331 internos han participado en los distintos talleres laborales puestos en marcha.