De la sedición a la malversación. El Gobierno ha cambiado de pantalla rápidamente, en apenas tres días. Pero haciendo aflorar un panorama más explosivo y "complejo" de gestionar para sus intereses. Porque igual que la derogación del delito de sedición y su sustitución por el desórdenes públicos agravados fue digerido con cierta quietud por parte del PSOE —con las excepciones, notables, de los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha—, y la defensa del cambio fue nítida, y a la ofensiva, la posibilidad de tocar la tipificación de la malversación ha girado el debate de manera adversa para el Ejecutivo, creando una palpable incomodidad en él y en algunos de los dirigentes del partido. Los ministros se sitúan a la defensiva, esquivan las preguntas. Y entre los responsables socialistas circula una reflexión: "Esto es muy complicado de explicar a la ciudadanía". Y es que revisar a la baja las penas por malversación para atender la demanda de ERC supone modificar uno de los delitos nucleares de la corrupción.

La siguiente pantalla la marca el propio presidente del Gobierno. Pedro Sánchez comparece este miércoles desde Bali, al término de la Cumbre del G20, y allí se espera —y esperan en el PSOE— que, a preguntas de los periodistas, fije posición de nuevo respecto a un tema que quema en las manos de algunos dirigentes.

El Ejecutivo no cita límites ni condiciones para ERC. Se ciñe a repetir que estudiará las enmiendas. Rufián dice que ya se negocia

El jefe del Ejecutivo fue quien abrió la espita el pasado domingo. En una entrevista en La Vanguardia, no descartó que los socialistas acepten cambiar la tipificación de la malversación, algo que no había comprometido él mismo antes en ningún caso. "Ahora viene la tramitación parlamentaria [de la proposición de ley de reforma de la sedición]. Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación". De inmediato, desplazó el foco a otro delito, cuya revisión a la baja impactaría en las condenas y encausamientos de los líderes y los dirigentes intermedios del procés, pero que también podría afectar a otros casos de corrupción, como el de los ERE, Gürtel, Nóos o Kitchen.

El lunes, varios ministros —Margarita Robles, Félix Bolaños, María Jesús Montero, Pilar Alegría— no cerraron la puerta al cambio de la malversación y alegaron que no puede castigarse del mismo modo a quien se lucra que a quien gestiona mal fondos públicos. Y es que el PP impulsó en 2015 una reforma en profundidad del tipo penal, para castigar no solo la sustracción de caudales públicos, por parte de una autoridad o funcionario, para sí o para terceros, sino para perseguir a quien administre de manera desleal o indebida las arcas públicas. Una concepción del delito "mucho más amplia", como señalaba el Tribunal Supremo en la sentencia del procés, en 2019.

El Gobierno se anduvo con pies de plomo este martes. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, apuntaba primero que el Gobierno no está "valorando ninguna otra iniciativa", para luego advertir de que el hecho de que considere "cumplido" su compromiso de reformar la sedición y homologarla a la legislación de países de nuestro entorno "no es incompatible" con estudiar las propuestas de los grupos parlamentarios.

Defensa de la lucha contra la corrupción

La titular de Política Territorial no mentó límites ni líneas rojas en la negociación con ERC, y se le inquirió por ello. Consciente de que uno de los ejes medulares del discurso de Sánchez desde la moción de censura que destronó a Mariano Rajoy, la lucha contra la corrupción del PP, podía debilitarse, se afanó en recalcar que el Ejecutivo se siente "muy orgulloso" de que sea una "seña de identidad y bandera" su combate a favor de la limpieza y ejemplaridad públicas. Se le preguntó insistentemente cuál es la opinión del Gabinete sobre el planteamiento de los republicanos, y ella rehusó pronunciarse sobre "futuribles".

Podemos y socios como Compromís ven dificultades, "aristas" a la hora de legislar por el riesgo de dejar impunes prácticas corruptas

ERC desmentía radicalmente esa versión porque su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, sí reveló que su partido ya está negociando con el Ejecutivo una modificación "quirúrgica" de la malversación para que vaya ligada al nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Es decir, para que afecte solo a los políticos del procés. Una especie de cambio ad hoc. A la carta.

Fuentes gubernamentales indicaban a este diario que Rodríguez, a quien se la vio bregar con incomodidad las preguntas acerca de este tema en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, no tenía margen para contestar otra cosa. Tenía que ceñirse, por tanto, a la versión oficial de que se estudiarán las enmiendas, "como se hace con cualquier ley". Pero el problema es que la malversación es dinamita, dado su conexión obvia con la corrupción.

En el Ejecutivo señalaban como prueba de que el debate no es fácil las prevenciones de algunos de los socios de investidura. Joan Baldoví (Compromís) pedía ir "con mucha cautela" y advertía de que la reforma puede traer "muchos problemas", ya que a fin de cuentas se está hablando de caudales públicos. Ferran Bel (PDeCAT) comparte que pueda beneficiar a los condenados por procés, pero cree que no pueden aprovecharse del cambio los sentenciados por casos de corrupción. Pero es que el propio Podemos tiene reservas: Pablo Echenique, portavoz oficial del grupo confederal, advirtió de que es un tema "delicado", con muchas "aristas", por el riesgo de dejar impunes prácticas corruptas. Una posición que choca con la del presidente de su grupo, Jaume Asens, de los comunes, y de IU.

"Que yo sepa, no se está negociando"

Por la tarde, en los pasillos del Senado, los ministros que acudían a la sesión de control fueron abordados por los periodistas e incluso en privado, sin los micrófonos y las cámaras delante, rehuían las respuestas. "Paciencia, paciencia", "de momento no hay novedad", "lo que hemos dicho es que se estudiará todo", indicaban, sin dar mayor precisión. Y, sobre todo, sin explicar por qué el Ejecutivo se embarcaba en este fabuloso enredo que sí puede tener coste electoral, como temen algunos cuadros consultados.

Es un tema peliagudo. Quizá sí nos hace más daño que la sedición. Es más complejo de explicar. Estamos a la espera de que Moncloa lo explique", señala un cuadro territorial

"El Gobierno ha sido muy claro en esta cuestión —señalaba a su salida de la Cámara alta María Jesús Montero—. Registró con UP una proposición de ley que recoge lo que el presidente había anunciado en distintos momentos respecto al delito de sedición, convencidos de que apostar por la convivencia es distender la situación en Cataluña [...]. A partir de ahí, comienza la tramitación de la proposición, y como siempre ocurre, el Gobierno estudia todas las enmiendas de los grupos. Cuando se presenten, estaremos en condiciones de dar nuestra opinión".

—¿Está el Ejecutivo negociando ya con ERC? —le preguntaron los periodistas.

—Que yo sepa, no —resolvió Montero. Y huyó enseguida del Senado una vez que hubo contestado que el PSOE se abre a cambiar la ley del solo sí es sí. Otro incendio más para la coalición.

Este diario inquirió a barones, dirigentes territoriales y senadores por la reforma de la malversación. En la mayoría de los casos la respuesta fue, directamente, el silencio. En otros, la manifestación del malestar por una decisión controvertida que expone al PSOE a un riesgo mayúsculo a medio año de unas elecciones cruciales. "Es un tema peliagudo. Quizá sí nos hace más daño que la sedición. Al menos, es más complejo de explicar. Pero bueno, estamos a la espera de que el Gobierno lo explique o lo centre más", apuntaba un responsable autonómico. "No me gusta. No sé si llegará a pasar —reprochaba un barón—. No sé si es difícil de explicar o no, pero lo que no me gusta es que se reduzca nada la malversación. Cosa que con la sedición no me pasa".

Otro senador manifestaba su preocupación, también por el impacto de la medida en regiones como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura: "De momento, nadie se va a mover porque estamos a la espera. Pero mucha gente se pregunta que hasta cuándo vamos a tener que tragar, qué más. ¡Nos va a costar una puta sangría en mayo! No se entiende. Aunque ERC lo ponga como condición de los Presupuestos, que no lo ha dicho, hay que mantener un poco la dignidad a veces".

Supongo que esto no va adelante. Yo no entiendo por qué se meten ahí. Con la sedición los independentistas van que chutan", analiza un regidor socialista

Otros dos compañeros suyos de escaño también reconocían sus cautelas y una reflexión común: "Esto es difícil de explicar, más que la sedición". Porque el trazo fino, la diferenciación entre los casos en los que hay enriquecimiento personal de aquellos en los que no lo hay, apenas cabe. "Supongo que esto no va adelante —vaticinaba ya a la noche un alcalde de una capital—. Yo no entiendo por qué se meten ahí. Con la sedición los independentistas van que chutan".

El partido contiene la respiración a la espera de que Sánchez marque el camino este miércoles desde Bali. "Vamos a ver qué se propone, de momento no me quiero pronunciar. ¿Que esto es más complejo de explicar? Sí, lo es", concedía otro líder territorial de una importante federación, más prudente.

En público, reconocieron su disconformidad el presidente de Castilla-La Mancha y el regidor de Valladolid. "Una cosa es el qué y otra el porqué, y cuando el por qué se hacen las cosas responde a intereses bastante difíciles de defender, lo que se haga, aunque tenga sentido jurídico, está ya muy trufado", señaló Emiliano García-Page a los periodistas. Al alcalde vallisoletano, Óscar Puente, le "chirría" el cambio de la malversación y dijo ser partidario de "agravar" el delito, y no de "aliviarlo". "No estamos en tiempos para que el ciudadano perciba que el dinero público no importa o que importa menos", razonó.

A última hora del día, un alto cargo de la Moncloa aseguraba a este medio que "no se va a hacer" ningún tipo de revisión de la malversación. Pero, hasta el momento, oficialmente, el Gobierno no ha cerrado el debate. Así que sigue vivo.