La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha atacado directamente este miércoles a los jueces que no cumplen la ley por "machismo". De este modo, Montero ha afirmado que la rebaja en las penas a algunos condenados por delitos sexuales, tras las aprobación de la ley del sólo sí es sí, se debe a que hay jueces que "no están cumpliendo con la ley" por "machismo" y ha abogado por reforzar la formación en igualdad en el sistema judicial.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a un acto sobre la Estrategia de erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, la ministra de Igualdad ha reaccionado de esta forma después de que se conociera que la nueva tipificación de los delitos sexuales que introdujo la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha supuesto que los tribunales revisen a la baja las sentencias de algunos condenados, informa Efe.

"El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley", ha asegurado Montero, que ha detallado que Naciones Unidas, a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ya alertó de esta situación y advirtió de que "los estereotipos y el machismo pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa".

La ministra ha descartado revisar la ley tras la rebaja de algunas condenas y se ha mostrado convencida de que si ésta se cumple, "todas las mujeres van a estar protegidas". También lo ha descartado la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell. Así lo ha reafirmado durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados. Una comparecencia en la que, como Montero, ha insistido en la necesidad de incrementar la formación de los magistrados de acuerdo con los estándares internacionales en esta materia. Pero, ha resaltado que es normal que haya margen de interpretación. "No podemos cargarnos ese margen en un estado de derecho", ha afirmado.

Tras la intervención, en la que ha dado cuenta del impulso y la implementación de los acuerdos convertidos ya en avances a través del ministerio, Rosell ha incidido en las declaraciones que previamente ha hecho en los pasillos del Congreso. Frente a los medios, la magistrada ha indicado que a su juicio "lo que está sucediendo es que los jueces no están cumpliendo la ley", algo que considera "bastante grave". Señala al caso de rebaja de condena a un padrastro condenado por violar a su hijastra de trece años: "que el juez no aprecie que hay superioridad o vulnerabilidad de la víctima o abuso de esa situación de superioridad por parte de un padre que intenta violar a su hija" es un ejemplo de que "no se aplica bien la ley".

"Hacemos un llamamiento a que se cumpla la ley, que no solamente es interpretar el Código Penal, sino que haya formación obligatoria para los jueces", ha reiterado. En esa línea, y con más crítica hacia el Consejo General del Poder Judicial, se ha mostrado Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado de Igualdad, que ha comparecido con anterioridad a Rosell. Ésta ha incidido en la instrucción de los magistrados, pero ha denunciado que existe una "falta de rigor en lo que se está planteando" estos últimos días, caso de la rebaja de penas a aquellos acusados de abuso sexual, delito ya eliminado del Código Penal. "Alguien pensaba que estos señores que no han sido capaces de irse cuando ha caducado su mandato en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) iban a cumplir" las legislaciones derivadas del Pacto de Estado.

El respaldo de Naciones Unidas

Para ello, Montero apuesta por reforzar la formación a todos los operadores judiciales "para que esos estereotipos y ese machismo no lleven a comprometer la imparcialidad del sistema judicial y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley, como la propia Naciones Unidas nos alerta de que pasa cuando hay machismo en el sistema judicial".

Se ha mostrado preocupada porque "haya jueces que no cumplan con las leyes feministas", porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores y desproteger a las mujeres y ha confiado en que ésto no ocurra y que se cumpla con lo decidido por el Ejecutivo y el Legislativo.

Montero ha secundado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que confía en que se unifiquen los criterios para garantizar la protección de las mujeres tal y como establece la ley de garantía integral de libertad sexual "y que no queden impunes los agresores".

El PP inicia la primera ofensiva parlamentaria

Los populares en el Senado han registrado una moción en la Cámara Alta -que se votará en el pleno del próximo miércoles- para que el Ejecutivo de Sánchez de marcha atrás y "rectifique" el "irreparable error" de la ley impulsada por el ministerio que dirige Montero. Como finalidad, esta moción no tendrá más impacto que el de retratar, indica el GPP del Senado, al Gobierno y comprobar si quieren o no remendar los errores en la elaboración de la norma.

Si el Ejecutivo accede y, en contra de la insistencia de Montero o Rosell, inicia los trámites para la reforma, el PP no planteará nuevas ofensivas. Pero, de no hacerlo, baraja varias vías parlamentarias como una proposición de ley en el Congreso.