La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la comisión rogatoria que emitió Andorra a raíz de la querella sobre la 'Operación Cataluña' en la que figura como investigado. Así, se ha corregido a sí misma y ha anulado la decisión anterior en la que avaló la petición del Principado.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda han estimado el recurso de queja de Rajoy y han dispuesto que se le tenga por personado en la comisión rogatoria del Principado que tramita el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid.

Al hilo, la Audiencia Provincial ha considerado pertinente que dicho juzgado admita el recurso de reforma que había presentado el exlíder del PP en el que solicitaba la no tramitación de la comisión rogatoria.

Previamente, la misma Sección había fallado en sentido contrario al considerar que la pretensión de Rajoy había perdido fundamento al partirse del presupuesto fáctico de que la comisión rogatoria ya había sido devuelta a Andorra, algo que cuando se firmó la anterior resolución --el 5 de octubre-- no se había hecho.

En aquella ocasión, los magistrados explicaron que aunque creían que el juzgado debía haber admitido el escrito de Rajoy, no podían estimar su recurso porque creían que la juez ya había enviado la respuesta al Principado. Ahora, la Audiencia de Madrid -en defensa de la tutela judicial efectiva- ha declarado la nulidad de su primer auto.

El caso en Andorra

Cabe recordar que la Justicia del Principado investiga a Rajoy y a los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.

En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana" de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.

Las defensas de Rajoy, de Fernández Díaz y de Montoro alegaron que vieron vulnerados sus derechos porque el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el "previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional".