Después de dos jornadas de silencio externo, Ciudadanos (Cs) se ha posicionado sobre la Ley Integral de Garantía Sexual que apoyó en el Congreso de los Diputados el 26 de mayo. Lo ha hecho de manera institucional desde la sede nacional de Ventas, en una rueda de prensa posterior a un encuentro con mantenido con Ilhan Kyuchyuk y Timmy Dooley, copresidentes de ALDE, la alianza de partidos liberales europeos. Con ellos, el equipo para la refundación del partido ha mantenido reuniones en Madrid durante la semana en Madrid. Inés Arrimadas, la líder naranja, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a modificar "lo más rápido posible" la ley, uniéndose así a la posición del resto de socios de investidura del Gobierno que la apoyaron en la cámara baja y a Junts, cuyo respaldo no suele ser habitual.

Arrimadas ha respaldado las palabras de la diputada y portavoz de Igualdad, Sara Giménez, que apuesta por ser "responsables y autocríticos con lo votado". Y admite que la situación requiere "una modificación legal". Porque "no ha salido bien". No obstante, como si han hecho otros dos miembros de la formación con anterioridad, el portavoz en el Parlament de Cataluña Nacho Martín o el eurodiputado Adrián Vázquez, ha cargado con dureza a las críticas hechas desde el Ministerio de Igualdad y por parte de la ministra Irene Montero a los jueces. "Es absolutamente inútil" la actitud de Moncloa, de "negar la realidad". Se debe corregir rápidamente "un error evidente" para evitar la rebaja de penas y excarcelaciones de condenados por delitos sexuales, que son "consecuencias terribles".

La denominada coloquialmente como 'Ley del 'solo sí es sí', que ha sido impulsada por la parte morada del Gobierno de coalición y el ministerio de Igualdad que dirige Montero, ha provocado una reducción de penas en aquellos reclusos condenados por abuso sexual que han pedido la revisión de sus casos. De ello, advirtió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras una revisión parcial de la ley. Y es que la legislación, aprobada en las Cortes el 26 de mayo y en vigor desde el 7 de octubre, ha suprimido el delito de abuso sexual del Código Penal sustituyéndolo por el de agresión. Todo comportamiento sin consentimiento, será considerado como tal. Incluso, incorpora como agravante la sumisión química, que antes también se concebía como abuso.

Arrimadas ve absolutamente inútil que el Congreso niegue la realidad sobre los errores de la ley Montero

El partido de Arrimadas fue uno de los grupos que votó a favor de la ley de libertad sexual en mayo. Únicamente no la apoyaron los diputados del PP, Vox, el portavoz de Foro Asturias y los dos expulsados de Navarra Suma. Y se abstuvieron los dos representantes de la CUP y el del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). En la jornada previa a la votación, fuentes de Cs trasladaban el sentido de voto esgrimiendo los motivos que llevaban al grupo a ello: "Hemos conseguido que se elimine de la norma el modelo de consentimiento sexual que proponía Podemos y al que se había opuesto el CGPJ". Asimismo, "no criminalizar a los locales en los que se ejerce la prostitución de manera libre y voluntaria", la lucha contra la trata y "la retirada de la tercería locativa de la ley", algo que proponía el PSOE. En ello, insistía Giménez durante el debate de la ley previo a la convalidación. Y añadía: "La legislación ha sido mejorada en el ámbito del consentimiento (...), era necesario unir la tipificación de los abusos y las agresiones sexuales".

Aunque se introducen agravantes con la unificación de abuso y agresión sexual, como el uso de drogas para anular a la víctima, el cambio también amplía el rango de la pena. La horquilla va desde los cuatro a los doce años, en lugar de los seis a los doce para agresión atenuada y de siete a quince para agresión con penetración, violencia e intimidación en lugar de doce a quince. Eso ha motivado que, ante peticiones de presos bajo el principio general de retroactividad -que favorece que las condenas puedan revisarse y rebajarse-, entre otros tribunales, la Audiencia Provincial de Madrid o el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y Murcia estén fomentando estas reducciones de pena.

Ante este hecho, en las filas naranjas solo se habían producido un par de reacciones públicas, y a través de Twitter. Una se ha producido desde el Parlament, por parte de Martín y otra la ha protagonizado Vázquez quien además coordina las relaciones de los liberales con el resto del partido. Estas, sin embargo, no ha estado centrada en estas reducciones de penas, sino enfocada en las críticas de Montero y otros miembros de Igualdad a los magistrados y al CGPJ por "falta de formación" para huir del "machismo". Por un lado, Martín expresaba que no es posible "normalizar estos ataque del Gobierno a los jueces, porque así mueren las democracias" y ha pedido el cese de Montero. A ello, Vázquez, mencionaba que "el Ejecutivo no puede cargar contra los jueces por interpretar las chapuzas legislativas".

Ante esta contradicción, de definir como "chapuza" un texto legal que el propio partido refrendó en Madrid y sobre el que se mostraba "satisfecho" en la jornada previa a su convalidación en las Cortes, Cs no se ha posicionado. A Martín y Vázquez, se unía la propia Arrimadas durante una entrevista concedida a COPE el miércoles, siguiendo en la línea de reproches a Montero y su enfrentamiento con la Justicia. Pero marcaba la línea hoy manifestada y advertía: "Si de su aplicación se ven circunstancias como estas, hay que llevarla al taller y corregirla". Desde entonces hasta este viernes, Cs no había expresado de manera formal estas diferencias y tampoco presentado ninguna propuesta en el Congreso para tal finalidad. La última propuesta parlamentaria del grupo ha sido la presentación de un recurso de reconsideración a la Mesa para que no admita la tramitación de urgencia de la derogación de la sedición.

Cs se escuda en las enmiendas hechas en el Senado: refuerzo de las penas y requerimiento de cursos de educación sexual para beneficiarse de una rebaja

Preguntado por ello previamente, fuentes parlamentarias de Cs sugerían que el partido ya buscó reforzar en el texto las garantías sobre las penas por estos delitos. Apuntaban a que en el Senado, cuando llegó la ley para ser ratificada, el partido, junto al Grupo Parlamentario Democrático que integra con Teruel Existe y PRC, ya introdujo tres enmiendas a los artículos 178, 179 y 180 para reforzar las penas de cárcel. Pero no prosperaron. Sí lo hizo una de Junts para corregir una parte de la redacción de la norma, que recibió el apoyo de Cs, PP, ERC, Más Madrid o Coalición Canaria para retornar el escrito a la cámara baja. De ahí su aprobación definitiva el 25 de agosto.

En concreto, el grupo abogó por aumentar la pena mínima por agresión agravada "con acceso carnal", intimidación o de manera grupal, a los ocho años, frente a los siete actuales. Con quince años de máximo. En el caso de las agresiones que atenten contra la libertad sexual y sin consentimiento, pero sin penetración, se propone pasar de uno a cuatro años a de tres a siete. Además, los naranjas, en conjunto con los turolenses y los cántabros, añadieron como condicionante para reducción de penas la aceptación de realizar cursos de educación sexual y en igualdad durante el tiempo que estimase el órgano sentenciador.

Reproches del PP y rectificación de los grupos

Este jueves, el PP ha acusado abiertamente a Cs, así como al resto de socios de Sánchez, caso del ERC, EH Bildu o Teruel Existe, de ser "los culpables" de estas rebajas de penas a convictos. Ha olvidado, no obstante, a otras formaciones como el PNV, Más País, Junts, Coalición Canaria o el BNG. Como ahora Cs, los nacionalistas vascos, la izquierda abertzale y Esquerra, también Junts, consideran necesario reformar la ley de manera rápida para solventar el margen de interpretaciones jurídicas en relación con la reducción de las condenas. ERC, por ejemplo, ya viene advirtiendo en la comisión de Igualdad o en la de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En este último espacio, este miércoles, los republicanos volvieron alertar de que era necesaria una revisión. El PNV, por su parte, instó a reformar "con sosiego" la ley en base a criterios veraces. "Las leyes tienen que ser dinámicas. Si han de ser revisadas, se revisan", expresó el diputado Joseba Agirretxea. En esa línea coincidió Junts, que abogó por "concretar", "limitar" e "imposibilitar" las circunstancias en las que se pueden mermar las penas.

Focalizados en la moción de censura a Sánchez

En todo caso, y pese a romper el silencio sobre la ley de libertad sexual, Arrimadas ha enfocado igualmente su intervención desde Ventas a criticar la bajada de "la pena del delito de malversación para que sus condenados por corrupción puedan salir antes a la calle", hilando las dos cuestiones. "Toda esa prisa que se está dando para rebajar las penas de sedición o de malversación es la que tendría que tener para corregir un fallo que es evidente, que hay que reconocerlo y hay que corregirlo lo más rápido posible", ha dicho. Arrimadas considera que se está atacando a la división de poderes, algo determinante, ha dicho, en democracia.

En plena recta final de la refundación, Cs ha encontrado en la intención del Gobierno de derogar la sedición y sustituir ese delito por otro de desorden público agravado, un marco de oportunidad para intentar despuntar frente al PP, que prefiere centrarse en las elecciones. En Génova rehúyen de ese instrumento constitucional ante la ausencia de una mayoría alternativa y se niega a dejarse condicionar por la presión de los naranjas. También de Vox. Este fin, ha hecho incluso que Arrimadas pase de no querer sentarse a negociar con Vox a llamar directamente a Santiago Abascal por teléfono para consensuar una postura común de exigencia a Alberto Núñez Feijóo.

La relación entre ambos líderes parece, por tanto, haber recuperado la normalidad, después de un periodo de vetos a cualquier negociación. Aunque siendo ambos conscientes de las diferencias ideológicas que separa a cada partido. Según fuentes de Génova, en definitiva, tanto Vox como los naranjas buscan tener protagonismo en detrimento de los populares.

Arrimadas pasará por primarias

Sobre el proceso de refundación y los meses posteriores, Arrimadas se ha comprometido ha buscar el apoyo de la militancia de cara a las próximas generales, a través de primarias. En todo caso, está previsto que por el cambio estructural que plantean los naranjas, una bicefalia con una parte orgánica y otra política, que liderará Arrimadas, ésta dejará de ser presidenta de Cs.

"El modelo de partido lo decidirá la militancia y por supuesto que el candidato a la Presidencia del Gobierno será elegido por primarias, eso supongo que nadie de los afiliados lo querrá modificar", ha afirmado la todavía presidenta, a quien agrada el cambio planteado. El objetivo del mismo, según fuentes de la formación, es alinearse con las estructuras de los partidos liberales europeos, como los belgas, por ejemplo. Asimismo proteger a Arrimadas, que es "su mayor activo político", de cualquier problema interno que se produzca, caso de las fugas internas que se están produciendo en los últimos años hacia el PP. Ella se dedicará a lo político y a ser la cara al público de la organización.