La malograda renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido superada en las dos últimas semanas por un rosario de decisiones, errores y escándalos sin parangón protagonizados por un Gobierno de coalición inmerso en varias crisis superpuestas. Lo que iba a ser artillería socialista contra los populares por "incumplimiento de la Constitución", ha devenido, precisamente, en una crisis que tiene de trasfondo a la Justicia y que ha dado un balón de oxígeno al primer partido de la oposición, en general y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, en particular.

En poco más de diez días las costuras del Ejecutivo están siendo sometidas a prueba y amenazan con estallar. Comenzó el día en que trascendió la decisión de Pedro Sánchez de plegarse a ERC para derogar, que no rebajar, el delito de sedición, tal y como exigían los independentistas republicanos. Aquello era controvertido, sin duda, pero el Ejecutivo se aferró al argumentario de la normalización política en Cataluña.

No obstante, de inmediato, se descorrió el velo sobre otro asunto tanto o más discutible negociado en secreto, esto es, la disposición a acometer una disminución "quirúrgica" la malversación de fondos públicos a la medida de los cabecillas condenados por el procés.

Esta vez no valió argumentario alguno. En Génova no se tuvieron que esforzar mucho para cuestionar la reforma de un delito que se endureció en 2015 para luchar más eficazmente contra la corrupción. Porque a las críticas del primer partido de la oposición -en el sentido de que la malversación es la misma se destine al enriquecimiento personal o a comprar votos- se unieron las de no pocos socialistas a los que se les caía el discurso de la ejemplaridad.

El foco se ha desplazado de Génova al Gobierno

El boquete era considerable, aunque lo peor estaba por llegar. Se confirmaban los más pesimistas augurios con la nueva ley de libertad sexual y el goteo de excarcelaciones y rebajas de penas a condenados por abusos, incluso contra menores. Posiblemente, se trate de uno de los momentos más delicados por los que atraviesa el Ejecutivo en tres años.

Con este paquete de despropósitos, el foco se ha desplazado de Génova al Gobierno y a los partidos que lo sustentan, en plena guerra interna, salvo por la crisis sanitaria madrileña, jaleada por el bloque de la izquierda en un intento de conseguir réditos electorales frente a Isabel Díaz Ayuso. "El Gobierno nos lo está poniendo en bandeja. Ahora nadie habla del CGPJ y, al lado de lo que está pasando, parece un tema menor", indican en Génova".

Es más, creen que los "líos" del Gobierno intentando "forzar" el Código Penal a su conveniencia y con el "error garrafal" de la ley de consentimiento sexual, -"que es de todo el Gobierno, no sólo de Irene Montero", subrayan- refuerzan la tesis por la que rompieron unas negociaciones en las que no sólo se hablaba de la renovación del órgano de gobierno de los jueces si no de una reforma de la ley del Poder Judicial.

Los requisitos de esa reforma pasaban por "profundizar en la independencia orgánica de los jueces y en la despolitización de la justicia y nos enteramos que en la habitación de al lado se está negociando lo contrario, esto es, dejar sin efecto la sentencia del Supremo y dar a los condenados la posibilidad de redactar el Código Penal que les interesa para dejar fuera del mismo los delitos que han cometido. No se puede jugar a dos barajas siempre", criticó este viernes Núñez Feijóo.

El PP también apunta a Pilar Llop como responsable de la ley de consentimiento sexual

Entienden los populares que la credibilidad del Ejecutivo en materia de Justicia "está más que en entredicho", por eso Núñez Feijó también apunta al Ministerio de Pilar Llop como responsable del último desaguisado. Es habitual que la ministra, ahora con Covid, se mantenga al margen de todos los conflictos que afectan a sus competencias. De hecho, también se escuda en las acusaciones de "machismo" cuando se ha subrayado su continuo silencio y bajo perfil.

Pero paradójicamente, los populares aparecen ahora como la tabla de salvación para el PSOE. Porque el líder del PP ofreció sus votos a Pedro Sánchez para revertir las consecuencias de la ley de Irene Montero, dado que lo más probable es que el presidente del Gobierno no pudiera contar con todo el apoyo del Grupo de Unidas Podemos, incluidas las dos ministras moradas. Quizá por ello Moncloa se ha encomendado al Supremo para que le solucione el desaguisado sin fracturar aún más el precario Consejo de Ministros.

Había otro tema muy controvertido para el Gobierno en el que ha contado, al menos de momento, con el respaldo de lo populares, esto es, el rechazo a la comisión de investigación parlamentaria sobre el asalto masivo a la valla de Melilla. Saldada con más de 23 fallecidos y con una versión oficial cuestionada hasta por el Defensor del Pueblo , la mesa del Congreso rechazó una petición firmada por el socio de coalición y por los aliados parlamentarios.

A la espera de las explicaciones de Marlaska

Feijóo explicó el viernes que "no vamos a cambiar nuestro compromiso con el Estado ni con los asuntos de la inmigración. Sabemos que no es fácil gestionar los problemas que a veces surgen en la valla de Melilla y de Ceuta". Y "aunque todo parece indicar que el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) no contó la verdad, hemos pedido que comparezca antes de juzgarle en una comisión".

Pero para ello Marlaska debe ser "esclarecedor" el próximo día 30 en el Congreso. Si se acredita que no ha mentido y que el presidente no ha tratado de forma injusta los hechos de la valla, nos daremos por satisfechos y no seguiremos con la comisión", pero en caso "de que se acredite la falsedad de lo pasado en territorio español, actuaremos en consecuencia", advertencia que se puede extender a muchos otros temas.