Fue diputado en el Congreso y secretario general del PSOE en Bizkaia durante siete años. También diputado en la Cámara vasca dos años. Pero Ricardo García Damborenea se hizo más popular tras ser condenado a siete años de prisión por su implicación en el secuestro del ciudadano francés, Segundo Marey, en diciembre de 1983 perpetrado por los GAL. Hoy el ex dirigente socialista tiene 82 años y está completamente apartado de la vida pública y política pero cada mes percibe un complemento a su pensión a cargo de los fondos públicos de 2.063 euros en concepto de "complemento" a sus ingresos.

Una aportación económica que hoy han sacado a la luz los diputados vascos de Unidas Podemos para exigir que inmediata suspensión. Los diputados Pilar Garrido, Roberto Uriarte y Juantxo López de Uralde han registrado un escrito ante las presidencias del Congreso y del Senado para solicitar que convoquen las mesas de ambas Cámaras para acordar la suspensión de este complemento mensual que recibe García Damborenea. Una petición que justifican en la necesidad de proteger a las víctimas del "ataque contra su memoria y dignidad" que supone este tipo de beneficios por parte de condenados por delitos tan graves como el terrorismo del Estado.

García Damborenea fue diputado en la Cámara Baja entre 1982 y 1989. Entre 1980 y 1982 fue diputado en el Parlamento Vasco. Estuvo implicado en alguna de las acciones imputadas a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) como fue el secuestro por error del ciudadano de Hendaya, Segundo Marey, por el que posteriormente fue indultado por el gobierno de José María Aznar. Un caso por el que también fue condenado el exministro del Interior, José Barrionuevo, y su Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, así como el comisario José Amedo, entre otros.

Los diputados de Unidas Podemos denuncian la "impunidad" que aún persiste en torno a los crímenes de Estado. Recuerdan las recientes declaraciones de Barrionuevo "reconociendo y amparando la existencia del terrorismo de Estado y que son intolerables e injustificables porque provocan inseguridad jurídica y denigran a las víctimas". En su petición reclaman un compromiso democrático por parte de los poderes públicos e instan para ello a una modificación de la Ley de Secretos Oficiales "para conocer lo que pasó de acuerdo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición".