El Congreso de los Diputados dará luz verde este jueves al último proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno en esta recta final de la legislatura, que pasarán al Senado como último paso para su aprobación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez parte con una base de 175 diputados, que podrá verse implementada a 188 si Esquerra Republicana decide sumarse. Los republicanos aún juegan a la incógnita, y transitan entre el 'sí' y la abstención en una negociación aún abierta con los socialistas. Esta votación, ya atada por Moncloa, contará con una peculiaridad: socios de investidura y apoyos cotidianos en las labores legislativas como Teruel Existe renuncian a alinearse a favor, mientras que críticos como el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) o Coalición Canaria (CC) optarán por la abstención.

El portavoz y único representante turolense en la cámara baja, Tomás Guitarte, votará en contra de los PGE al no haber podido alcanzar un pacto con los socialistas en lo que respecta a las ayudas al funcionamiento de empresas en las zonas despobladas del ámbito rural. Lo confirmaba el propio Guitarte en los pasillos del hemiciclo, un día después de que su plataforma de electores haya virado a partido político con él como coordinador general. El diputado ha explicado que el compromiso del Gobierno desde que se aprobaron las anteriores cuentas era alcanzar los máximos autorizados por Bruselas para estas ayudas, que es de un 20%. Sin embargo, Moncloa solo apunta a una subida del uno porciento. "Nuestra propuesta es acercarnos a un término medio", ha asegurado Guitarte, incidiendo en la incapacidad de acuerdo. No obstante, Teruel Existe confía en que el Gobierno rectifique próximamente, algo que buscará mediante una enmienda en el Senado.

En contraste a esta ocasión, Guitarte ha respaldado al Gobierno en las principales votaciones de la legislatura. Dio su 'sí' a la reforma laboral en febrero, a los dos decretos anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra, a la ley del 'solo sí es sí' -ahora objeto de polémica por la rebaja de las penas de prisión al ampliar las horquillas de las penas-, a la Ley de Memoria Democrática o al decreto energético para asumir el ahorro solicitado por la UE, entre otros. Quién no dio su apoyo a reformas tan relevantes como la del trabajo, medida estrella de la vicepresidenta y ministra de Trabajo y paisana Yolanda Díaz, fue el BNG. Tampoco a la ley audiovisual que acabó destaponando el Partido Popular. Los nacionalistas gallegos han virado de posición en multitud de ocasiones a lo largo de esta legislatura, y en el último año. Únicamente se abstuvieron con la memoria democrática y el decreto de sostenibilidad económica de agosto.

Su portavoz, Néstor Rego, ha pasado de ser uno de los socios de investidura a el más volátil de entre los que puede recurrir el Gobierno. Solo ha respaldado los dos decretos anticrisis de abril y julio por las circunstancias socioeconómicas y la Ley Montero, que ahora pide revisar junto al resto de grupos que sumaron 201 apoyos en mayo y la certificaron en agosto tras pasar por el Senado. Por su parte, el nacionalismo canario, muy crítico con Sánchez y ubicado en el 'no' en su investidura, pasará al 'sí'. Ana Oramas se abstuvo en el primer paquete anticrisis y ha votado a favor del último, de la reforma laboral y la ley de libertad sexual. Pero rechazó el decreto energético y de sostenibilidad económica por no incluir rebajas en el transporte para Canarias. Para conseguir este apoyo junto al de la coportavoz María Fernández, ha sido crucial dar un vuelco a esto, con una partida de 81 millones de euros para sufragar el transporte canario.

Concesiones a los socios

Para garantizarse el respaldo de EH Bildu, el Gobierno ha acordado con los abertzales diez puntos de consenso [aquí el documento completo], entre los que se encuentra la polémica transferencia de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a Navarra, algo que rechazan PP, Vox, Cs o los diputados navarros sin adscripción del Grupo Mixto. Antes del 31 de marzo, la Guardia Civil dejará de tener presencia en las carreteras de la comunidad, una tarea que desempeñará la policía foral. A ello se añade el mantenimiento al alza de las pensiones no contributivas al 15% durante un año más, o el límite de dos puntos para la actualización al alza de los alquileres en el mismo periodo.

EH Bildu garantiza la transferencia de las competencias de Tráfico a Navarra y el PDeCAT la bonificación total de los abonos de autobús para larga distancia

El PDeCAT, que se ha desligado en esta legislatura de Junts y ha acercado posiciones con Moncloa, también anunciaba un acuerdo presupuestario al unísono que EH Bildu este martes en el Congreso. El Gobierno ha acordado con los exconvergentes la bonificación total de los viajes en autobús de titularidad estatal. Actualmente su bonificación era de la mitad para los abonos de trayectos de larga distancia. Asimismo, para Cataluña se añaden 40 millones de euros adicionales en investigación, deporte o el ámbito social.

El PNV también votará a favor después de la renovación del Cupo vasco y las negociaciones en marcha para la transferencia de las competencias de ferrocarriles. A otros aliados fieles del Ejecutivo a la izquierda, como Más País, se le ha concedido la exigencia de crear un Observatorio de Trastornos Alimentarios, así como un Plan de Salud Bucodental. Y a su socio de candidatura en la Comunidad Valenciana, Compromís, inversiones de más de 60 millones de euros. Unas partidas que estarán, principalmente, focalizadas a mejorar las infraestructuras ferroviarias, las carreteras y el transporte metropolitano valenciano.

ERC, persiste en la incógnita

La incógnita de la votación la tiene ERC, que aguantará hasta horas antes de la votación. Pese a haber llegado a acuerdos de hasta 2.000 millones de euros con el Ejecutivo, los republicanos aún no han desvelado su sentido del voto. Este martes, el portavoz del partido, Gabriel Rufián, aseguraba que las conversaciones están siendo cordiales, pero que aún quedaban "flecos" sueltos a tener en cuenta. Entre lo pactado, ERC se garantiza 900 millones de euros transferidos para gestionar obras en aquellas infraestructuras cruciales.

El independentismo catalán se asegura, además, una inversión de 40 millones a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona para financiar el transporte de los barceloneses. 60 millones para el Catalunya Media City, 43 para transición energética en los edificios de los Mossos d'Esquadra así como para renovación de equipamiento, y otros siete millones para la investigación científica. A raíz de la concesión bucodental estatal a Más País, Cataluña también ve garantizados 24 millones de euros, que también será destinado al resto de comunidades.