Hasta ahora han sido seis pero la lista podría crecer en las próximas semanas. Sobre la mesa de los jueces de la Audiencia Nacional esperan una docena de recursos presentados por la Fiscalía contra la concesión de progresiones a tercer grado a presos de ETA. Las probabilidades de que esas nuevas progresiones concedidas por el Gobierno vasco sean revocadas son elevadas si se repiten los criterios que están siendo cuestionados por su ausencia en los expedientes o por su insuficiente aplicación. Por ello, el propio Ejecutivo de Urkullu se ha comprometido a endurecer la aplicación de los criterios necesarios para acceder a un tercer grado y mejorar los niveles de exigencia en los expedientes para evitar que puedan seguir siendo recurridos.

El compromiso lo trasladó ayer el asesor jurídico en materia penitenciaria del Gobierno vasco, Jaime Tapia, al fiscal coordinador de vigilancia penitenciaria, Carlos Bautista. Ambos juristas se conocieron ayer en Vitoria donde mantuvieron un encuentro en el que intercambiaron opiniones sobre esta cuestión. Mientras Bautista reiteró los argumentos por los que viene solicitando la revocación de los terceros grados que ya han obligado a reingresar a prisión a seis presos de ETA, Tapia le aseguró que “toma nota” de sus requerimientos de mayor exigencia en la acreditación de requisitos como la petición de perdón o el compromiso de cumplimiento de las penas de responsabilidad civil, así como la documentación incluida en los expedientes de progresión de grado.

“Nosotros aplicamos la ley sin trampa ni cartón. Recogemos tus sugerencias e intentaremos hacerlo mejor, hacer mejor nuestros expedientes para que no los recurras”, trasladó Tapia al Fiscal de la Audiencia Nacional durante un encuentro de la AVT celebrado en Vitoria.

Hasta el momento las revocaciones de los terceros grados a presos de ETA concedidos por el Ejecutivo vasco se han basado, fundamentalmente, en una insuficiente petición y acreditación de perdón y reconocimiento del daño causado por parte de los internos. Entre los argumentos apuntados por la Audiencia Nacional también se ha cuestionado un insuficiente compromiso por parte de los presos para cumplir su condena de responsabilidad civil con las víctimas. En los autos que revocan las progresiones se han puesto en duda algunos expedientes en los que no se ha tenido en cuenta el historial de permisos carcelarios anteriores exigibles y necesarios para acceder a un régimen de semilibertad.

Cumplir el ordenamiento jurídico

Todos estos criterios se van a reforzar, avanzó Tapia, “queremos cumplir los requerimientos reflejados en las resoluciones de la Audiencia Nacional”. De cara a los próximos expedientes que se tramiten, “nuestro propósito es cumplir el ordenamiento jurídico tal y como está siendo interpretado”, apunta el asesor penitenciario del Ejecutivo vasco. Actualmente en las tres prisiones vascas cumplen condena alrededor de 120 presos de ETA y el número de terceros grados tramitados apenas superan la treintena.

Tapia subrayó que se “afinarán” los informes para despejar dudas en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Para ello, se revisarán aspectos como los requerimientos técnicos que se aplican en cuestiones como la responsabilidad civil. En este sentido, más allá de un compromiso genérico en su cumplimiento, desde el ministerio Fiscal se reclama al Gobierno vasco que -en aras a evitar el recurso- se establezca una mayor concreción del mismo por parte del interno que desea acceder al tercer grado. Compromiso que debería plasmarse en un documento firmado en el que se detalle cuáles es la circunstancia que acredita su insolvencia, en caso de esgrimirla, y cuál sería el grado de responsabilidad, cuantificada, que asumiría el interno en el futuro en caso de que su situación económica mejorase.

Las carencias que se detectan también pasan por demostrar de manera más eficiente en los expedientes el proceso por el que el interno se ha desvinculado de la organización terrorista y del uso de la violencia. En este sentido, se solicita incluir informes más detallados al respecto en los expedientes. El Gobierno vasco insiste en que su modelo se ajustará en todo momento no sólo a la ley vigente sino también a los apuntes jurídicos y técnicos que se le trasladan desde la Audiencia Nacional: “Estamos intentando avanzar en el tratamiento individualizado. Aquí nosotros no hablamos ni de grupo ni de colectivo. Este es en definitiva un debate jurídico y constructivo”.

Un "pesar genuino", no "utilitarista"

La petición de perdón y desvinculación de la violencia por parte del preso es uno de los ámbitos donde mayores lagunas se han planteado por parte de los jueces en las concesiones de grado otorgadas por las autoridades vascas. La Fiscalía considera que se insiste por ahora en solicitudes basadas en peticiones de perdón genéricas y “descafeinadas”.

Desde el Gobierno vasco se apunta, en cambio, que en los últimos casos los presos que han solicitado el acceso al tercer grado lo han hecho a través de escritos "manuscritos" en los que manifiestan su petición de perdón o reconocimiento del daño causado y que lo hacen sin que se perciba un patrón o un patrón unificado. En este sentido, Tapia afirma que la idea pasa por reforzar otras vías de prueba que permitan comprobar mejor, con otros elementos, ese distanciamiento de la violencia y rechazo a su pasado a través de evaluaciones sobre el desarrollo en el tiempo de cada preso que constate “un pesar genuino” y no un mero perdón “con un fin meramente utilitarista, que se manifiesta pero quizá no se siente”.

Respecto a la petición de colaboración con la Justicia, Tapia apunta que es complicado plantear procedimientos suficientes para facilitarlo. En este sentido, considera que sería necesario detallar vías o fórmulas suficientes para facilitarlo. Recuerda que han existido casos de presos dispuestos a colaborar con la Justicia pero sólo si se les facilitaban “garantías” para ello. Incluso, insta a acordar caminos para que esa colaboración no colisione con derechos que asisten a los presos, como el de no autoinculparse.