Vía libre para comenzar el trámite parlamentario que busca suprimir el delito de sedición del Código Penal, uno de los motivos por el cual fueron condenados los líderes del procés tras el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Ya en la madrugada del viernes, tras una jornada de sesiones extensa, el Congreso de los Diputados ha votado a favor de la toma en consideración para tramitar con urgencia la proposición de ley hecha por el Grupo Socialista y por el Confederal de Unidas Podemos a principios de mes. Esta plantea "remplazar" la sedición por un delito de desorden público agravado, lo que rebajará las penas máximas de los quince a los cinco años. Así lo indica el título propuesto de la norma: Ley Orgánica de reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

La votación, que ha sido por llamamiento a petición del Partido Popular (PP) y con el apoyo de Vox, ha logrado el respaldo de 187 diputados, manteniéndose así, al unísono, el respaldo de todos los representantes del PSOE pese a las presiones populares. Estos han 'coreografiado' a la vez su posición en el primer pronunciamiento de una de sus diputadas, levantándose a la vez. "Aquí estamos todos juntos, sin fisuras", ha dicho. Y es que Génova ha buscado que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha o Aragón, tras las distancias marcadas con Sánchez por los barones Emiliano García-Page o Javier Lambán, se retraten públicamente. Para ello, han hecho uso del artículo 85 del reglamento del Congreso. A favor de la propuesta de socialistas y morados -que han sumado 152 escaños por la baja de última hora de la diputada morada Mar García Puig- han votado los grupos ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), así como Más País (2) y Compromís (1), BNG (1), la diputada Meri Pita del Grupo Mixto. Junts (4) y la CUP (2) se han abstenido.

En contra, junto a PP (88) y Vox (52), han fijado posiciones Ciudadanos (9), Coalición Canaria (2), los diputados expulsados de la UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero; Pablo Cambronero -ex de Cs-, Foro (1), Teruel Existe (1) y PRC (1). Por parte de CC, Ana Oramas ha hecho un llamamiento a replantearse "por qué el PSOE decide derogar la sedición" con la mayor parte de sus miembros y los españoles en contra. Por su parte, Mireia Vehí, como ya ha planteado días atrás el BNG, ha puesto sobre la mesa que el delito de desordenes públicos agravados puede dar lugar a que una mera protesta sea un delito: "Con esta reforma un 15-M hoy podría ser un delito", ha asegurado. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, alineada a las con el PP, ha resaltado las "mentiras" del presidente Sánchez y las "contradicciones" evidenciadas desde las elecciones hasta el momento. Y ha hecho un llamamiento al PSOE: "Si tan orgullosos y convencidos están de que esto es lo que hay que hacer, por qué se callaron cuando pidieron el voto a los españoles". "Están aquí para defender a la sociedad de los delincuentes, no al revés", ha matizado Arrimadas.

El Gobierno viene reiterando que la voluntad de suprimir el delito de sedición es uno de los puntos establecidos en su agenda legislativa desde el inicio del mandato. "Es una apuesta de futuro para Cataluña", ha señalado el diputado socialista Paco Arana durante el debate previo por sedición. En ello han incidido el resto de socios, caso de EH Bildu, que aboga que esta "desjudialización de un conflicto político" como es el catalán será "positivo". "Con el tiempo lo verán", ha dicho Jon Iñarritu al PP. El PNV, ha hecho mella en esa positividad, pero enfocándose en la homologación de delitos con el entorno europeo. Esto lo ha negado Arrimadas también en su discurso: "Ojalá armonizarse de verdad como en Alemania o Francia, con penas de diez años a cadena perpetua. O doce años, como en Italia".

Durante el pleno que rechazó las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales de Estado (PGE), que hoy han sido aprobados y enviados a Senado, la propia ministra de Hacienda María Jesús Montero dio constancia de este objetivo desde la tribuna de oradores, algo que agitó al PP. En plenas conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los populares suspendieron la negociación hasta despejar la duda de si "mientras pactaban el gobierno de los jueces" se "entregaba" el Código Penal a los independentistas. Tras ello, el Gobierno ha acelerado el proceso. Algo que hoy ha llegado a la cámara para iniciar su tramitación urgente. Se pretende que esté validado antes de fin de año.

Ante ello, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a revertir este proceso si consigue ganar las elecciones y acceder a la Moncloa. Es más, aboga por endurecer el Código Penal y tipificar como ilegal cualquier referéndum ilegal. La reacción del tercer partido de la oposición va más allá. Este lunes la formación registraba en las Cortes una iniciativa para establecer como delito cualquier acción que vaya en contra de la unidad nacional. Destinada, especialmente, a miembros del Gobierno y funcionarios públicos.

Impuesto a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas

Asimismo, el Ejecutivo ha sacado adelante con 186 'síes' la aplicación de los impuestos a las entidades bancarias y a las grandes corporaciones energéticas. También el denominado como 'impuesto de solidaridad' a los altos patrimonios. Todo en el mismo bloque. La han respaldado, igualmente por llamamiento a petición de Más País (2) y Compromís (1), ambos junto a los partidos del Gobierno (152), ERC (13), EH Bildu (5), Junts (4), la CUP (2), Teruel Existe (1), PCR (1) y Meri Pita, sin adscripción. El PNV (6) y el PDeCAT (4), se han abstenido. En contra se ha situado PP (88), Vox (52), Cs (9), Foro (1), los dos díscolos de la UPN y Cambronero.

A ello se añade la nueva Ley Orgánica de Cooperación impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que supone una modificación profunda del sistema de cooperación internacional: en objetivos, instrumentos de ejecución y fiscalización. Ha salido adelante con 201 apoyos, la abstención del PP y el Grupo Plural, y el 'no' de Vox.