El Gobierno intenta desatascar las leyes más conflictivas para despejar el camino de las elecciones del 28-M

Apenas queda un año de legislatura teórica, pero desde el punto de vista parlamentario resta menos. Por las vacaciones en las Cámaras y por el periodo de 54 días que media entre la disolución de Congreso y Senado y las generales. Pero el Gobierno entra en tiempo de descuento porque cuando ya asome 2023 toda España, todos los partidos, también el PSOE, se sumergirán en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y, según sube la temperatura ambiental, las alianzas se harán más cuesta arriba en las Cámaras y el Ejecutivo lo sabe. Por eso Pedro Sánchez quiere esprintar antes de final de año para desbloquear las leyes más señeras y, al tiempo, de complejísima negociación, para arrancar el nuevo año con tono electoral e intentando dejar atrás, en la medida de lo posible, los choques con Unidas Podemos y sus socios habituales.

Ahora es el momento porque los Presupuestos Generales del Estado ya superaron su fase crítica. El jueves pasado, el proyecto de ley fue aprobado por el Congreso por una mayoría de 187 votos —20 más que los que sirvieron para investir a Sánchez como presidente el 7 de enero de 2020—, y ahora pasa al Senado, donde no se esperan sobresaltos. Ahora, a partir de esta semana y sobre todo en diciembre, el Gobierno puede concentrarse en las negociaciones pendientes de otras leyes, reseñan en el Ejecutivo y en el grupo parlamentario. Y es que la tramitación de los PGE ha absorbido toda la energía en las últimas semanas y los socialistas preferían no tener varios frentes de calado abiertos.

El presidente se aferra a su gestión frente al "ruido" de la derecha y Vox y pone el acento en sus medidas dirigidas a la "mayoría social"

Desde el equipo del presidente remarcan a este diario que la idea es apurar al máximo todo lo que queda hasta final de año, con la esperanza de que "en diciembre o algo después" pueda encarrilar definitivamente las conversaciones sobre la Ley Trans, la ley de vivienda o la de protección animal y la derogación de la ley mordaza. Ese es el propósito, al menos, que esgrimen los socialistas, aunque las negociaciones con los grupos no serán fáciles ni nada garantiza, a priori, su éxito. "Ojalá podamos despachar todo lo complicado cuanto antes para centrarnos en la campaña y campaña sin temas espinosos sobre la mesa", señalan en el núcleo duro del jefe del Ejecutivo.

Es decir, que Sánchez quiere empezar 2023 con el camino lo más despejado posible para poder vender en precampaña y campaña la gestión del Ejecutivo y el despliegue de los fondos europeos, concentrarse en la explicación de sus medidas de "justicia fiscal y social", enfocadas para una "mayoría social". Este mismo domingo él mismo lo reivindicaba en la clausura del XXVI Congreso de la Internacional Socialista, que lo proclamó a él mismo como presidente de la organización: España "avanza" pese al "ruido" de la oposición de la derecha y la ultraderecha. La aprobación de los PGE, defendió el jueves, apuntala esa vía: protegerán a la mayoría de los ciudadanos, permitirán canalizar los recursos europeos y dotarán al país de la "estabilidad" política necesaria.

Todavía sin concreciones

El propósito, por tanto, es diáfano. Pero todavía, añaden las mismas fuentes, "no hay ninguna concreción" sobre ninguna ley. La orden es "seguir avanzando" e ir rematando las negociaciones. Lo confirman los interlocutores que están al frente de algunas de estas leyes. "No tenemos nada, hasta ahora hemos estado con los Presupuestos. A partir de mañana [por este lunes, 28 de noviembre], nos ponemos a trabajar a fondo sobre la Ley Trans", indican en el Grupo Socialista. Palabras que casi calcadas salen del Ministerio de Transportes acerca de la ley de vivienda, bandera de Unidas Podemos desde el arranque de legislatura y que está atascada desde principios de año en el Congreso. Más tiempo aún lleva esperando la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —el fin de la ley mordaza—.

El PSOE quiere apurar al máximo diciembre y querría convocar ponencia, comisión y pleno para ir rápido una vez ate los acuerdos

Pese a las intenciones del Ejecutivo, los tiempos apremian y son cortos. Quedan solo tres semanas de pleno en el Congreso hasta finales de año: esta que arranca este lunes, y las del 12 y 19 de diciembre. Una vez que se alcanza el acuerdo con los grupos, el trámite es rápido: se convoca ponencia y comisión para aprobar el dictamen, y luego pleno en la Cámara baja, y de ahí al Senado. Por eso el PSOE quiere aprovechar el puente de la Constitución para convocar reuniones de ponencia y comisión y dictaminar leyes pendientes, para que puedan llegar al hemiciclo del Congreso antes de las vacaciones parlamentarias. En el Senado están programadas dos semanas de pleno en diciembre: la del 12 y la del 20, consagradas básicamente a la tramitación de los PGE, pero no se descarta citar a sus señorías en la última semana del mes. Es probable, como ha ocurrido en años anteriores, que se convoquen sesiones extraordinarias en enero, mes inhábil en las Cortes.

Acabamos de aprobar unos nuevos presupuestos sociales y nuevos impuestos a las grandes corporaciones. Justicia social y justicia fiscal.

Avanzamos porque protegemos a la gente.

Es el momento de #ElSocialismoQueViene. pic.twitter.com/wWfrLGzant

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 27, 2022

En la Ley Trans, la tensión es interna, dentro del PSOE, y con el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, y los socios parlamentarios habituales. La dirección de Sánchez, intentando el equilibrio interno, enmendó el proyecto de ley en varios puntos, pero uno de ellos es el más conflictivo: la revisión de la autodeterminación de género en menores. El texto enviado por el Consejo de Ministros [aquí en PDF] permite la libre determinación de género a partir de los 16 años a través de una doble comparecencia en el registro. Señala que para los mayores de 14 y menores de 16 bastaría con el consentimiento paterno o de los tutores y, en caso de desacuerdo, con el aval de un defensor judicial. Para los que están entre los 12 y los 14, impone la autorización del juez.

El PSOE quiere que para los que tengan entre 12 y 16 años sea necesario el visto bueno judicial. Esa enmienda socialista tiene difícil viabilidad por la alianza de Unidas Podemos y los socios, así que en la cúpula del Grupo Socialista se baraja ceder en este punto para que sí salgan adelante otras dos cuestiones sensibles: la reversibilidad en la rectificación registral —esto es, que si se quiere dar marcha atrás en la mención al sexo, se necesitará aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria— y la eliminación de las referencias a la violencia intragénero (la que se da en el seno de las parejas LGTBI). "Sacaremos la ley, pero no renunciaremos a nada sustancial", sostienen desde la Moncloa. Sánchez, a lo largo de su última entrevista en La Sexta, defendió que el PSOE haría valer su peso parlamentario para "reforzar las garantías en los menores".

ERC puso el acento en el desbloqueo en vivienda para pactar las cuentas del Estado, pero la ley sigue en stand by, y sin embargo el dictamen de Presupuestos salió adelante con el voto de los republicanos. Para ellos, era capital la reforma del delito de sedición, y cerró el acuerdo con el Gobierno para derogar la figura penal y sustituirla por la de desórdenes públicos agravados. Queda la duda de si se tocará el delito de malversación. ERC no renuncia a ello y en el Gobierno, aunque se siente la frialdad —rechazo directamente en el partido—, no se ha cerrado esa puerta. Sánchez, desde luego, no lo ha hecho en ninguna de las ocasiones en las que se le ha preguntado, el pasado jueves.

Los escollos en vivienda, mordaza y bienestar animal

Respecto a la ley de vivienda, las diferencias se producen entre los socios del Ejecutivo y con los aliados parlamentarios. Desde Transportes se muestran ahora "moderadamente optimistas" y creen que podría haber acuerdo "en las próximas semanas", sin mayores concreciones. Insisten en que las negociaciones no están paradas: nunca han estado detenidas, indican desde el departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez, como lo prueba que se han transaccionado ya unas 400 enmiendas de las 866 que se registraron al proyecto de ley. Son varios los puntos de fricción que enfrentan al PSOE con Unidas Podemos, alineada con ERC y Bildu. En primer lugar, la definición de grandes tenedores de vivienda —la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial—, que la izquierda de los socialistas quiere flexibilizar. Transportes está dispuesto a examinar otra redacción, sin que penalice a los ciudadanos que tienen invertidos sus ahorros en inmuebles.

En la Ley Trans, el obstáculo son los menores. En vivienda, el tope a los alquileres. Y en 'mordaza', las pelotas de goma y la autoridad de los agentes

Dos, la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas. Los socialistas insisten en que es "más eficaz" limitar los precios a través de incentivos, no con topes, porque también se trata de que más comunidades —las competentes en vivienda— se sumen y lo apliquen, porque las del PP ya han anticipado que no fijarán límites de renta. Tres, que se regule el alquiler social obligatorio. Transportes cree que esa fórmula no garantiza la seguridad jurídica ante un previsible recurso de la derecha, por lo que se pondría "en riesgo la misma ley". ERC busca una cobertura legal para la propia ley catalana, que fue recurrida por el Gobierno de Sánchez en junio de 2021 por invasión de competencias, aunque no pidió su suspensión. El TC sí resolvió en marzo pasado anular parcialmente la ley catalana tras la impugnación del PP, razón por la que el Ejecutivo quiere ir con pies de plomo.

"Los objetivos del Gobierno y de sus socios son comunes, así que caben soluciones intermedias y por eso creemos que se producirán avances en las próximas semanas y que se puede llegar a un acuerdo. A lo mejor no llegamos a final de año, pero esto se puede desbloquear de un día para otro si hay voluntad", señalan desde el equipo de la ministra Sánchez.

El principal escollo que paraliza la derogación de la ley mordaza es la eliminación del uso de las pelotas de goma como material antidisturbios, que reclaman los aliados de izquierdas, así como las faltas de respeto a los policías, ya que los grupos entienden que se prestan a la arbitrariedad de los agentes.

En la ley de bienestar animal, iniciativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra, los socialistas registraron ya su enmienda para excluir a los perros de caza, rehalas y auxiliares de caza del texto. También para sacar del mismo a los animales que se utilizan para labores específicas (actividades deportivas, de pastoreo, tareas de rescate o de seguridad con las Fuerzas Armadas). Los morados exigieron la retirada de esa enmienda, a lo que el PSOE se niega. Esa fue una petición de los territorios, que temían que por esa grieta se fugara un buen puñado de votos.

Podemos se niega a excluir los perros de caza de su ley de bienestar animal. Tampoco quiere tocar el 'sí es sí'

Queda la duda de qué sucederá con la ley del sí es sí en caso de que el Supremo converja con el criterio manifestado por algunas audiencias provinciales —por el momento, las de Alicante, Madrid, Málaga, Bizkaia, Granada, Córdoba, Valladolid y Zaragoza— y entienda que, con arreglo a la nueva regulación, cabe la revisión a la baja de las penas de los reos por delitos sexuales. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero se niega a tocar el texto, posibilidad no descartada sin embargo por los socialistas.

En febrero, con la cita del 28 de mayo más cerca, los acuerdos se harán más costosos porque todos los partidos tendrán el ojo puesto en las urnas y todos se juegan mucho ya que las municipales son comicios de carácter estatal. Eso explica, de hecho, la urgencia de PSOE y ERC por dejar rematada la cuestión de la sedición cuanto antes, conscientes de que atravesar la frontera de 2023 complicaría todo. Claro que si finalmente hay revisión de la malversación, un cambio muchísimo más delicado, sobre todo por su impacto en el electorado progresista, el terreno cambia.