"Es muy fácil de decir y casi imposible de hacer". En la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Meritxell Batet, trazan esa conclusión después de que Unidas Podemos sondeara a los grupos para empujar a la Cámara baja a que adoptara medidas. A que procurase que en adelante no se repitan broncas como las de la semana pasada, cuando una diputada de Vox, Carla Toscano, insultó a la ministra de Igualdad, Irene Montero. En el órgano de gobierno del Congreso recuerdan que ningún grupo ha registrado un escrito para plantear soluciones y explican que, en realidad, caben pocas, porque no se puede elaborar un "listado de agravios, insultos o improperios" ni tampoco el reglamento recoge la posibilidad de sanciones económicas a sus señorías. Aparte de que los diputados y senadores, añaden, gozan de inviolabilidad parlamentaria. Es decir, que no pueden ser perseguidos judicialmente por sus palabras ni por los votos emitidos en la Cámara de la que forman parte.

La escena del miércoles pasado ha seguido coleando en los últimos días. Toscano, durante el debate en pleno del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, llamó a Irene Montero, sentada en su escaño, "libertadora de violadores". Y luego la atacó personalmente: "Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales [los jueces] que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

Gómez de Celis retiró la expresión hiriente de la diputada de Vox del 'Diario de Sesiones' y la llamó al orden una vez

La última frase desató la furia en el hemiciclo. La tangana fue mayúscula. El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ocupaba la presidencia, llamó al orden a la diputada de Vox y adelantó que sus últimas palabras serían retiradas del Diario de Sesiones. Montero le pidió que no lo hiciera, quería que constasen en él: "Quiero solicitar que se incorpore al Diario de Sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna [...] y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas, con más derechos".

La bronca continuó en el salón de sesiones pero su onda expansiva creció. Llegó hasta tal punto que todos los partidos, incluido el PP, se solidarizaron con la titular de Igualdad. Unidas Podemos sondeó a los grupos al día siguiente para intentar consensuar un escrito para acordar un escrito que reprobase los insultos de Vox a Montero. La visualización de la repulsa fue una foto de diputadas de todos los grupos —salvo el PP y, naturalmente, la ultraderecha— en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.

Extracto del Diario de Sesiones del Congreso del pasado 23 de noviembre de 2022 que recoge la bronca provocada por la diputada de Vox Carla Toscano.

Fuentes de la Mesa de la Cámara indicaban este lunes a El Independiente que no ha llegado ninguna propuesta en estos días. Sí se ha recibido un escrito de queja de Vox por el comportamiento de los diputados de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna y Gerardo Pisarello, ya que increparon a los de Santiago Abascal desde la Mesa, de la que forman parte ambos.

Ahora también en manos del TC

En el entorno de Batet defienden que la reacción de Gómez de Celis la semana pasada fue la correcta y ajustada a reglamento: llamó al orden a Toscano, conforme al artículo 103, y retiró sus insultos del Diario de Sesiones. En el fondo, esto último no es más que un gesto de carácter político, ya que esas palabras no se eliminan de la publicación oficial: simplemente se escriben entre corchetes y el sentido es poner el énfasis en que esas expresiones no son propias del decoro parlamentario.

El reglamento del Congreso tampoco contempla sanciones económicas. Sí la expulsión de la sesión a quien haya sido llamado al orden tres veces

Esa es una potestad de quien preside la Cámara, y que se practica con asiduidad. Pero precisamente está ahora siendo analizada por el Tribunal Constitucional: la parlamentaria y exportavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo recurrió a él en amparo porque Batet, avalada por la Mesa, decidió eliminar del Diario de Sesiones la expresión "hijo de terrorista" que dedicó a Pablo Iglesias, entonces aún vicepresidente segundo del Gobierno, en un pleno de la Cámara en plena pandemia.

El artículo 104 del reglamento del Congreso prescribe que cuando un diputado u orador es llamado al orden tres veces en una misma sesión, "advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada", el presidente le podrá retirar la palabra y, sin debate, "le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión". Con Toscano no se llegó a ese extremo. Solo fue reconvenida una vez por Gómez de Celis. Y aunque las reglas de la Cámara permitirían una expulsión directa, con arreglo al artículo 101, "siempre se advierte a su señoría tres veces" antes de echarlo de una sesión, señalan fuentes del órgano rector del Congreso. Echar a un parlamentario tampoco es una medida frecuente porque en el fondo, explican en la Mesa, "estás alterando la voluntad popular". "Imaginemos que hubiera ocurrido con la reforma laboral", aducen, que salió adelante por un solo voto, y por error de un diputado del PP. Por tanto, "no es tan sencillo" encontrar una salida.

Mayoría absoluta para cambiar las normas internas

¿Cabría modificar el reglamento para evitar más situaciones de "violencia política" o verbal? En el equipo de Batet creen que sería muy complicado abordar este asunto. "¿Hacemos un listado de agravios, insultos e improperios? ¿Qué metes y qué queda fuera? ¿Y qué medidas adoptas? Las sanciones económicas a los diputados no están reguladas en el reglamento. Lo que cabe es una llamada al orden, como se hizo, y expulsar a la tercera, nada más. Que nos digan qué se puede hacer, que lo propongan", observan. Fuentes parlamentarias también añaden que los insultos también van en ocasiones en el sentido contrario, "porque [los parlamentarios de Unidas Podemos] llaman fascistas a sus oponentes de la ultraderecha, y para ellos también eso es un insulto. Aquí solo se ve la viga en el ojo ajeno". La modificación de la normativa interna de la Cámara baja requiere de una mayoría absoluta de sus miembros, como si se tratara de una ley orgánica, como preceptúa la disposición final segunda.

Batet reconvino a sus señorías el pasado miércoles y les pidió que no se repitieran escenas así por respeto a la institución y a los ciudadanos

La presidenta del Congreso amonestó a sus señorías antes de las votaciones del pasado miércoles. Les rogó que no se repitieran "incidentes" como los vividos esa tarde y les recordó la importancia de "mantener el respeto en la Cámara", por respeto mutuo, por el respeto a la propia institución y el respeto a los ciudadanos: "Les pido encarecidamente una vez más, por favor, que reflexionen sobre la imagen que trasladamos fuera de esta Cámara individual y colectivamente. Somos el Parlamento de España, somos los representantes de todos los ciudadanos de este país, señorías, y si queremos una sociedad que se respete, debemos respetarnos entre nosotros". No es la primera vez que Batet pedía a los diputados bajar el tono y respetar el decoro parlamentario. Es más, es una constante de sus discursos.

En definitiva, en la Mesa no atisban alternativas. "El reglamento del Congreso llega hasta donde llega y los diputados gozan de inviolabilidad parlamentaria", recalcan las mismas fuentes. Erradicar o prevenir la "violencia política" no parece, por tanto, una cuestión de normas, sino de actitud de los grupos y de sus parlamentarios.