El Gobierno mueve ficha y lo hace no de forma pacífica. En absoluto, porque camina en la línea contraria a despolitizar la Justicia. Opta por nombrar ya, sin más demoras, en el Consejo de Ministros de este 29 de noviembre, a los dos magistrados que le corresponde designar para renovar el Tribunal Constitucional, y elige dos perfiles de marcadísimo perfil político: al exministro de Justicia y juez Juan Carlos Campo —autor de los indultos del procés— y a la ex directora general del Ministerio de la Presidencia y catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez Bueso, tal y como adelantó este martes El País y confirmaron a este diario fuentes gubernamentales. Ambos asumirán el cargo para un periodo de nueve años, como mandata la Carta Magna.

No podía haber sorpresa respecto al momento de la decisión, dado que el propio presidente, Pedro Sánchez, había ido avanzando en las últimas semanas que el Gobierno cumpliría "con la Constitución", con su obligación de promover a dos candidatos para el TC. De hecho, el viernes pasado, en una conversación informal con los periodistas en el arranque del XXVI Congreso de la Internacional Socialista, señaló que "pronto" el Consejo de Ministros procedería al nombramiento, de modo que se esperaba la postulación bien para este martes, bien para el lunes 5 de diciembre, la víspera del Día de la Constitución. Finalmente el Gobierno se decantó por la primera fecha.

Gobierno y PP habían pactado limitar las puertas giratorias de la Justicia a la política, pero el acuerdo saltó por los aires

La Moncloa ha preferido no esperar más al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pasado 12 de junio venció el mandato de cuatro de los 12 magistrados del TC, dos de los cuales, en virtud del artículo 159.1 de la Carta Magna, han de ser nombrados por el Gobierno y los otros dos por el órgano de gobierno de los jueces. El Ejecutivo procedió a un cambio de la ley orgánica para permitir de nuevo al CGPJ elegir dos candidatos, y les dio de plazo el 13 de septiembre. No lo cumplieron por la obstrucción de los vocales conservadores. Luego sobrevino el paréntesis de las negociaciones del Gobierno y el PP para la renovación del Poder Judicial. Los interlocutores de las dos partes consensuaron, precisamente, una limitación de las puertas giratorias entre la Justicia y la política. Para el PP era clave "despolitizar" los órganos judiciales.

Pero las conversaciones saltaron por los aires el 27 de octubre. Sánchez optó por aguardar primero, porque el sector conservador del CGPJ lanzaba señales de que podía aceptar la renovación: pactar con el ala progresista dos nombres. No ha sido así. Ha pasado más de un mes y no hay candidatos sobre la mesa y el siguiente pleno de la institución está señalado para el 22 de diciembre. Pero que el Gobierno nombre a sus dos magistrados, que volcarán el signo del TC —pasará de mayoría conservadora a mayoría progresista—, no quiere decir que se puedan incorporar de inmediato, porque antes el pleno del tribunal de garantías ha de dar el visto bueno y sancionar que se cumplen los requisitos, y el problema es que no se ha completado la renovación por el tercio que corresponde, ya que faltan los dos candidatos del CGPJ. La situación es absolutamente inédita.

Una trayectoria vinculada al PSOE

La elección de los dos perfiles, sobre todo el de Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961), lanza el mensaje de que Sánchez no quiere ya medias tintas ni disimulos tras romperse los puentes con el PP. El presidente promociona a un juez de carrera —ahora es magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional— que integró en su Consejo de Ministros en enero de 2020, tras apartar a Dolores Delgado, a quien aupó a la Fiscalía General del Estado. Salió del bipartito en julio de 2021, en la profunda remodelación ministerial que acometió Sánchez. Antes Campo había sido diputado por Cádiz por el PSOE (2016-2020), vocal del CGPJ, secretario de Estado de Justicia y director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía. Es decir, que a su perfil de juez se une una larga trayectoria política vinculada al PSOE. El principal hito de su mandato como ministro fueron los indultos de los condenados por el procés, ya que los expedientes salieron formalmente de su departamento. Pese a su ligazón con los socialistas, siempre ha sido un jurista muy respetado incluso por los conservadores por su talante templado y dialogante y su profundo conocimiento de la judicatura.

Díez salió del Ejecutivo el pasado abril para incorporarse al Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat

Laura Díez Bueso (Barcelona, 1969), catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona desde enero de 2020, tiene un perfil bastante menos conocido. En abril cesó como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, en el organigrama del Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños. Pero ya antes estuvo en el departamento, desde 2018, cuando era Carmen Calvo su titular y vicepresidenta del Ejecutivo. Si hace seis meses abandonó el Gobierno fue para incorporarse al Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña —nombrada por el Parlament—, del que es actualmente su vicepresidenta.

Laura Díez Bueso, durante su toma de posesión como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, el 17 de febrero de 2020, con Carmen Calvo como vicepresidenta primera del Ejecutivo. POOL MONCLOA

No es la primera vez, no obstante, que se eligen perfiles muy políticos para el TC. El Gobierno de Mariano Rajoy designó en 2013 a Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. En 2012 el PP colocó al exdiputado Andrés Ollero, y a 2010 aupó a Francisco José Hernando, que había sido presidente del CGPJ y cabeza del sector conservador frente al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. También el PP situó en el tribunal de garantías a un militante suyo declarado, Francisco Pérez de los Cobos, que dirigió la institución entre 2013 y 2017.

En el último relevo, hace un año, los conservadores promocionaron asimismo para el TC a dos candidatos de clara adscripción conservadora y que de hecho provocaron urticaria en la izquierda: Enrique Arnaldo y Concha Espejel. El expresidente Zapatero, a su vez, designó para el TC, en 2004, a Manuel Aragón Reyes y Pablo Pérez Tremps. El primero, de perfil más tibio, se alineó con el sector conservador cuando tocó decidir sobre el Estatut de Cataluña.

Aunque hay precedentes, por tanto, de designaciones de magistrados de carácter político, nunca un exministro había accedido al TC. El movimiento del Gobierno ahora se puede leer como un desafío inequívoco a los conservadores. Había acuerdo en limitar los saltos automáticos de la Justicia al mundo de la política, y viceversa, pero la respuesta de la Moncloa, aupando al TC a dos exmiembros del Ejecutivo, pone en evidencia que ya no hay diálogo posible con el principal partido de la oposición. De hecho, Génova rechazó de inmediato el ascenso de Campo y Díez: el extitular de Justicia será "el sheriff" del tribunal y la UE, pronosticó, "va a reaccionar".