Tras dos semanas con la ley del solo es sí en el centro de la polémica, es difícil descifrar qué salida es la que finalmente explorará el Gobierno. Por el momento, se acoge a la prudencia: necesita analizar "detenidamente" la sentencia del Supremo del caso Arandina —y por ahora solo se conoce el fallo—, que aunque eleva a nueve años la condena a dos exjugadores del club de fútbol, impone una pena un año inferior en aplicación de la nueva legislación. Después, ya se verá, sin cerrarse ninguna puerta. Pero, por si acaso, el Ejecutivo va virando el discurso, haciendo hincapié en que la norma cambia el modelo criminal y eso obliga a un "reajuste de las penas", y haciendo pedagogía del contenido de la ley, porque una mayor protección a las víctimas no se traduce solo en penas más severas, que ocurre en algunos casos, sino en la articulación de nuevos mecanismos de seguridad y ayuda para quienes sufren la violencia sexual.

La titular de Justicia, Pilar Llop, hiló este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un discurso que sonaba distinto al sostenido en las últimas semanas por otros compañeros de Gabinete y, en particular, por Igualdad. Porque si hasta ahora se hablaba de efectos no deseados de la ley, de una aplicación "defectuosa" por parte de los jueces, Llop reconoció que sí cabe la rebaja de penas. La ministra puso "en valor" una ley "que cambia todo un modelo de política criminal sobre delitos contra la libertad sexual". Esto es así porque las antiguas figuras de abuso y violación —que se diferenciaban por la concurrencia o no de violencia o intimidación— desaparecen y se tipifica una sola, la de agresión sexual, y hace pivotar todo sobre el consentimiento de la víctima.

La opción de un modelo centrado en el consentimiento de la víctima obliga a "reajustar las penas", defiende Llop

"Esto ha llevado a incluir lo que ya no es violento o intimidatorio dentro de agresiones sexuales y a estirar el arco penológico [esto es, la horquilla de penas], y ha obligado a que se tenga que hacer una redistribución de las penas", explicó. Lo dijo más tarde en respuesta a otra pregunta de los informadores: la opción por un modelo centrado en el consentimiento, que se sigue en países "como Suecia o Inglaterra", obliga a "reajustar las penas". O sea, a rebajar algunas mínimas o algunas máximas, que es lo que ha ocurrido. Fuentes de Justicia indicaban que Llop "siempre" ha defendido esta posición y "siempre" la ha explicado así.

También ahora se imponen, recordó, "penas que antes no se contemplaban", como la privación de la patria potestad o la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos sobre la patria potestad de los hijos aunque estos no sean las víctimas, o la inclusión de subtipos agravados que antes no se recogían. O se castigan con más severidad delitos contra la libertad sexual de personas privadas de sentido: antes, incluso cuando había acceso carnal o introducción de objetos, se concebían esos delitos como abusos, y hoy son agresiones sexuales, siguió la ministra. También se introduce expresamente como forma de comisión de la agresión sexual, agregaban en Justicia, la "sumisión química" o mediante el uso de sustancias y psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima.

Ley "no punitiva, sino protectora"

Pero Llop fue más allá al insistir en que la del sí es sí no es una "ley punitiva, sino protectora de las víctimas". Y subrayó que se contemplan indemnizaciones para ellas, y para el cálculo de la ayuda se evaluará el daño físico y mental, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y la pérdida de ingresos, el daño social o el tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva elegido por la víctima. Se prevé asimismo la creación de un fondo de bienes decomisados por delitos contra la libertad sexual destinado a financiar las medidas de reparación a las víctimas.

La ministra se detiene en las penas que se agravan y las que se introducen, pero también en las medidas de ayuda a las víctimas que se prevén

La decisión de hacer más pedagogía de la norma no solo era de Llop. Por la noche, en la SER, en Hora 25, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hacía hincapié en eso mismo, en que hay que poner "en valor" la ley por las novedades que incorpora. Las citadas por la titular de Justicia y otras como el derecho a la atención médica especializada de las víctimas en centros 24 horas. El cambio de la norma, defendió, es "muy profundo y sustancial".

La pregunta es obvia: entonces, ¿se cambiará el texto para tapar las posibles vías de agua? Tanto Llop como Bolaños fueron cautos. La consigna es que se analizará "muy detenidamente" la sentencia del Supremo del caso Arandina. Este martes el tribunal adelantó el fallo [aquí el comunicado oficial], pero la resolución se conocerá en los próximos días. "Déjenos que estudiemos en detalle y nos pronunciaremos. No tardará", aseguró el titular de la Presidencia en la radio, donde insistió que "nadie puede poner en duda" el compromiso del PSOE con las mujeres. "Sería imprudente aventurar cualquier tipo de actuación sin haber analizado pormenorizadamente qué dice el alto tribunal", manifestaba Llop horas antes.

Por la tarde, en el Congreso se debatió una proposición no de ley del PP —que se votará el jueves— que reclamaba reformar de urgencia la ley del sí es sí y volver a la tipificación anterior. Los populares, sin Vox en la Cámara en protesta porque a una de sus diputadas se le hubiera retirado la palabra en un punto anterior, se quedaron prácticamente solos, con el único apoyo del exparlamentario de UPN Sergio Sayas. El resto de partidos rechazaron la moción, informa EFE. PSOE y PNV no se cerraron por completo a los cambios, aunque pidieron esperar al Supremo, y Ciudadanos defendió que la norma "necesita una revisión", pero no se puede volver a los tipos anteriores, porque sería un "paso atrás".

Las tensiones internas se agolpan

La ley del sí es sí ha creado fricciones internas en la coalición gubernamental desde el principio. También hace dos semanas, cuando se conocieron las primeras rebajas de penas y excarcelaciones. Una vez limadas las fisuras por este tema, las tensiones han reaparecido y se han ido agolpando en las últimas horas a cuenta de varias materias: la Ley Trans, la ley integral contra la trata —que este martes precisamente Llop llevó al Consejo de Ministros en primera lectura—, la ley de familias —que se retiró del orden del día de la reunión de este 29 de noviembre horas antes— o el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo y de la catedrática y ex directora general en la Moncloa Laura Díez— o la fórmula de José Luis Escrivá para reformar las pensiones. Las quejas de los morados han sido públicas.

El PSOE intenta desviar el foco de las fricciones internas y se centra en la "acción" del Ejecutivo. Lo demás es "pura hojarasca"

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, intentó salir al paso como pudo cuando los periodistas le preguntaron. "Lo que reivindica el Gobierno es su propia acción, no los debates previos", dijo. Es decir, que al Ejecutivo hay que medirlo por lo que hace, no por las palabras de unos y otros. Y repasó cómo la reducción de cuatro puntos del IPC, o la subida de las pensiones, o la aprobación de unos Presupuestos que confieren "estabilidad" al país no son hechos "fortuitos", sino fruto de la acción del Ejecutivo. La "política útil" que tanto reivindica Pedro Sánchez. Bolaños apuntaló esa argumentación, presumió de las 174 iniciativas legislativas aprobadas y calificó las diferencias de "pura hojarasca".

La portavoz aseguró que ni siquiera hace falta convocar la comisión de seguimiento del pacto de coalición para evaluar la situación porque los dirigentes de PSOE y Unidas Podemos, alegó, ya se ven continuamente en el Consejo de Ministros, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEyS) y en otro tipo de actos. Es decir, que el estado de salud de la coalición, a juicio del ala socialista, es buena. "Óptima", decían incluso fuentes de la Moncloa. Las diferencias saltan, señalaban, no en cuestiones ideológicas, sino técnicas, en leyes que son complicadas. Y añadían que si la ley de familias, proyecto impulsado por la líder de Podemos, Ione Belarra, no se incluyó en el orden del día del Consejo de Ministros de este martes se debió a que algunos ministerios presentaron "observaciones", razón por la cual se decidió esperar unos días más, para madurarla.

El ministro de la Presidencia sí admitió que la división interna entre Podemos y Yolanda Díaz es motivo de "preocupación" no solo "para el PSOE, sino para todas las personas progresistas que quieren que este Gobierno continúe y el país avance", y por eso es importante que el proyecto que se presente a la izquierda de los socialistas en las elecciones sea "único, claro, de colaboración en la gobernabilidad". Eso sí, el PSOE espera que "no ocurra" que los morados y la plataforma de la vicepresidenta acudan por separado en las urnas. Su deseo es una única lista que dé un buen resultado electoral.