La ministra de Igualdad, Irene Montero ha sido llamada al orden por la presidenta de las Cortes en el pleno de este miércoles. La miembro del Ejecutivo ha acusado al Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados de promover "la cultura de la violación". Así ha contestado la número 'dos' de Unidas Podemos durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el hemiciclo, en respuesta a la pregunta de la diputada popular Belén Hoyo, que le ha instado a reconocer el "error" que ha supuesto la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, coloquialmente llamada del 'solo sí es sí'. Una legislación que ha provocado la revisión a la baja de las condenas, al haberse ampliado la horquilla de penas por la fusión del delito de abuso y agresión sexual. "¿De verdad piensa que van a ser más libres, que la ley funciona?", ha cuestionado Hoyo. "Su soberbia les impide reconocer el error. ¿Cuántas reducciones de pena se tienen que dar para que se den cuenta de lo mal que lo han hecho?, ha añadido la representante del PP.

A la pregunta, Montero ha señalado que las víctimas son la "principal preocupación" del Ministerio de Igualdad, reprochando a la bancada popular el uso del "dolor de las víctimas" para rencillas políticas. Queremos "proteger a todas", ha insistido en un segundo turno de contestación la también dirigente de Unidas Podemos. Entre otras, ha aludido "a las víctimas de trata, de violencia machistas o sexual".

Hoyo ha defendido posiciones y ha recalcado que "la violencia no tiene género". Por ello, ha fijado la mirada sobre las últimas campañas publicitarias divulgadas por Igualdad. Campañas que han costado "un millón de euros" cada una, ha apuntado la popular en el turno de repregunta. Frente a esa crítica a la publicidad institucional, Montero ha puesto el foco en las divulgadas por gobiernos populares regionales, caso de Galicia o la Comunidad de Madrid. Esas campañas utilizan eslóganes como "vigila tu copa" o piden precaución a las mujeres cuando practiquen actividades deportivas al aire libre: "No debería pasar, pero pasa", ha destacado Montero.

Ello se ha ganado el reproche de Meritxell Batet, que le ha pedido no utilizar esos términos desde el escaño para "contribuir a la convivencia" en las Cortes y entre la ciudadanía. Así ha respondido Batet tras casi minuto y medio pedir silencio a los diputados del PP, en una semana semana copada por la polémica y la dureza de las acusaciones parlamentarias. Desde el caso Toscano, pasando por la denuncia de Vox por insultos y gritos desde la Mesa, hasta el abandono del hemiciclo de ayer por la tarde durante el pleno del Grupo, después de que se retirara la palabra a la diputada de Vox Patricia Rueda. Pero, especialmente, Montero se ha ganado el abucheo de la bancada popular, situada a su espalda, y los gritos de "dimisión" por parte del PP.

El tono duro empleado por Montero ha sorprendido incluso a la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant, que posteriormente no ha aplaudido la intervención de Montero, que también ha radicado en los logros conseguidos por la ley del 'solo sí es sí', caso de mejoras en la atención de las víctimas.

Como respuesta al hecho, la portavoz parlamentaria popular y secretaria general a nivel nacional, Cuca Gamarra, ha instado al Gobierno a asumir responsabilidades en un breve turno de réplica acogiéndose al reglamento y a la alusión a su partido: "Es altamente ofensivo que una ministra que tiene las responsabilidades de Igualdad descalifique así a un partido que ha luchado y va a seguir luchando contra la violencia. Tiene que asumir responsabilidades, por lo menos con las víctimas de delitos sexuales". Batet ha indicado, a su vez a Gamarra, que la alusión descalificativa será retirada del diario de sesiones para que no conste.

Montero reconoce "dificultades" en la norma

La titular de Igualdad, por primera vez, ha admitido "dificultades de aplicación" de la Ley, algo que ha venido negando desde mediados de noviembre. Señalando, incluso, a los jueces y magistrados de "machismo". En la sesión de control, y de manera previa a la polémica, Montero ha comparado esas "dificultades" a las que tuvo el primer Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en la primera legislación orgánica contra la violencia de género de 2004.

El último caso de rebaja ha sido el de la Arandina, de 10 a 9 años. De hecho, el Tribunal Supremo ha indicado que sin la ley, las penas serían mayores para los exjugadores del Arandina CF que agredieron sexualmente a una menor. Todo, pese a quitarse el atenuante por cercanía de edad.