La Fiscalía ha mantenido su acusación contra el PSOE e IU por supuestamente lucrarse de una trama consistente en la adjudicación de obras a la empresa Fitonovo investigada en el caso Madeja, si bien ha reducido de casi 160.000 a cerca de 10.000 euros la cantidad reclamada al PSOE en concepto de responsabilidad civil.

Lo ha hecho el fiscal Vicente González Mota al elevar a definitivas sus conclusiones tras dos meses de juicio en la Audiencia Nacional y después de anunciar una serie de modificaciones de las que se han beneficiado dos de los acusados: Antonio Rodrigo Torrijos (exteniente del alcalde de Sevilla) y José Manuel García (concejal del Ayuntamiento de Sevilla), ambos de IU, a quienes les ha retirado la acusación.

A juicio de González Mota, "no consta" que ninguno de los dos conocieran de las entregas de dinero realizadas por los responsables de Fitonovo al acusado Antonio Miguel Carmona para IU, ni que participaran o consintieran esos pagos como retribución a su intervención en las actividades de las que eran responsables en el Ayuntamiento de Sevilla o en los procedimientos que se tramitaran en esta corporación municipal.

Aunque en un principio el fiscal sostenía que el PSOE podría haberse beneficiado de 159.839,36 euros a través de esta trama, al modificar sus conclusiones reduce su eventual responsabilidad a 9.998 euros que Fitonovo habría pagado por las obras de reforma de la agrupación socialista la Macarena.

A Izquierda Unida (IU) sin embargo sigue reclamándole 155.000 euros como partícipe a título lucrativo al considerar acreditado que Fitonovo abonó esa cantidad a Antonio Miguel Ruiz Carmona, militante de esta formación y empleado municipal en el Ayuntamiento de Sevilla.

A quien no ha retirado la acusación es al exacalde de Algeciras Diego Sánchez Rull, del PSOE, para el que pide dos años de prisión por cohecho en relación a los 148.000 euros que la Fiscalía le atribuye haber recibido de la trama, si bien ha renunciado a acusarle por prevaricación, que no conlleva pena de prisión.

El fiscal ha tenido no obstante en cuenta a la hora de modificar sus conclusiones el tiempo transcurrido desde que se dictó la apertura de juicio oral, tres años y siete meses, para proponer al tribunal la aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas a todos los acusados.

Muchos de ellos, en torno a una decena, alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía antes del juicio y en la vista oral admitieron haber favorecido a Fitonovo en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones.