La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado este miércoles el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio en la que fallecieron al menos 23 migrantes, unos 70 según la versión de las ONG, y después de que se conocieran nuevas revelaciones de medios de comunicación que apuntan a que si hubo muertos en territorio español.

En un comunicado, la asociación ha lamentado que el Ministerio del Interior repita "las mismas formas de respuesta" que se dieron en la tragedia de la playa del Tarajal en Ceuta "ante las acciones de violación de los derechos humanos de la población migrante en frontera".

Para los fiscales progresistas, Marlaska ha emulado al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del PP, replegándose "en la negación de la evidencia, en discusiones imposibles acerca de la extensión del territorio español y su frontera o sobre el alcance del desempeño de la soberanía española sobre las mismas", hasta el punto de "desplazar toda la responsabilidad" del Gobierno español "en las autoridades marroquíes.

En este contexto, la UPF ha recordado que la disposición final primera de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana establece que en el régimen de especial de Ceuta y Melilla se señala que se respetará la "normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte" ante las popularmente denominadas "devoluciones en caliente" de las personas migrantes. Además, ha criticado que, "en la actualidad", el Ministerio del Interior "sigue imposibilitando las solicitudes de protección internacional" en las zonas de Ceuta y Melilla.

Por ello, la Unión Progresista de Fiscales ha considerado que los hechos producidos en la frontera sur de España en Melilla "no son compatibles con los estándares de respeto a los derechos fundamentales que obligan a nuestro país".

En este punto, la asociación ha reclamado el cese de Marlaska y, de paso, que eso sirva como "punto de inflexión" para que el Gobierno "implemente ya nuevas dinámicas de actuación en la frontera sur que sean respetuosas y compatibles" con las obligaciones de España, "con el ejercicio de la soberanía española en todo nuestro territorio de frontera y que, además, suponga la implantación de vías que posibiliten la petición de protección internacional".