Pablo Iglesias ha rechazado este miércoles la conciliación en los Juzgados y será demandado por la Unión de la Policía Municipal de Madrid.

Así, el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos se ha negado a llegar a un acuerdo con la Unión de la Policía Municipal de Madrid (UPM) durante el acto de conciliación celebrado en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de la capital, por lo que el sindicato ha avanzado que demandará al antiguo dirigente morado por sus declaraciones sobre el cuerpo de seguridad.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el acto de conciliación, fijado para las 12.00 horas de este 30 de noviembre, ha sido infructuoso por cuanto los representantes legales de Iglesias han comunicado que no estaban dispuestos a pactar.

Las citadas fuentes habían anticipado que, con esta conciliación, el sindicato policial pretendía que el ex vicepresidente del Gobierno se retractara de sus declaraciones y pidiera disculpas.

La juez Cristina Fernández Gil había llamado a conciliar como requisito previo para que la UPM pueda presentar una demanda por injurias graves al cuerpo local, que finalmente formalizará, de acuerdo con dichas fuentes.

Defender la dignidad de los policías

Fue el pasado 19 de octubre cuando la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, anunció en la comisión del ramo que la Policía Municipal de Madrid, a través de la Unidad de Coordinación Judicial, había acudido a los tribunales para "defender la dignidad" de los agentes frente al ex líder de Podemos.

El sindicato emprendió acciones legales contra Iglesias por las declaraciones que realizó en su 'podcast' el pasado 28 de septiembre. "Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde", afirmó.

Cabe recordar que por sus declaraciones Iglesias fue reprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox.