Subirán más de lo que lo harán las pensiones. La mayoría de ellos en realidad apenas  no notarán, son perceptores de las pensiones más bajas o ni siquiera eso. Las ayudas sociales que recibirán a partir del próximo año al menos sí mejorarán en mayor medida: hasta un 17%. En el País Vasco son más de 15.000 quienes reciben la llamada Renta de Garantía de Ingresos cuya reforma de la ley superó ayer el trámite de aprobación de la Comisión de Trabajo de la Cámara vasca. La nueva ley incorpora cambios significativos, como la posibilidad de acceder a estas ayudas desde los 18 años y la flexibilización de los requisitos de empadronamientos que se exigían hasta ahora.

Hasta ahora un pensionista que reuniera los requisitos percibía una ayuda mensual de 835 euros, que a partir de ahora se ampliará hasta los 934 euros, lo que supone un 11,8% de incremento. En el caso de tratarse de una pareja en la que uno de ellos tiene la condición de pensionista, y cuyos ingresos en la unidad convivencial les convierten en beneficiarios de la RGI, el incremento será algo mayor, hasta el 13% con una ayuda al mes de 1.179 euros. En los casos en los que convivan tres personas adultas y una de ellas sea pensionista con bajos ingresos el incremento alcanza el máximo, un 17% hasta suponer un pago mensual de 1.327 euros. Supone un incremento considerable para este grupo de perceptores que representan casi un tercio de los 49.000 ciudadanos que reciben esta ayuda en el País Vasco.

En el caso de la mayor parte de los perceptores, todos ellos mayores de 23 años, el aumento será algo más contenido, al pasar de 727 euros a 737 euros al mes para perceptores únicos y a 983 en el caso de unidades convivenciales con al menos dos adultos. A ellos se suman importes en función del número de niños que tengan a su cargo.

Ayudas sociales a partir de los 18 años

La reforma legal que queda ya sólo a falta de su ratificación en pleno baja la edad para poder acceder a estas ayudas a los 18 años, frente a los 23 actuales. Además, flexibiliza el requisito de los años de empadronamiento, que con carácter general es de 3 años. Queda exento para determinados colectivos como los refugiados, las víctimas de violencia machista y de trata de explotación sexual.

Además, la reforma prevé la creación de una unidad de inspección y sanciones que podría conllevar la suspensión de la prestación y la imposibilidad de volver a acceder a ella en un periodo de tiempo. Los casos de fraude detectados en los últimos años han llevado al Gobierno vasco a reforzar las vías de control y seguimiento de las concesiones de la RGI.  La norma establece como novedad que se establecerá un importe base mínimo obligatorio para el próximo año equivalente al importe del IMV: 491 euros. De este modo el importe quedaría blindado ante posibles variaciones que pudiera querer aplicar el Gobierno vasco en cada momento. A partir de esta cantidad, se le van sumando complementos en función de las circunstancias personales y familiares del solicitante, con lo que en la mayoría de los casos la cuantía se eleva de modo sustancial.

La RGI es la ayuda social más antigua que se concede en toda España y el referente en el diseño del IMV. El año pasado el 56% de los perceptores eran mujeres y el 44% hombres. La cuantía total que se destinó a este fin fue de 426 millones de euros. La reforma legal saldrá adelante después de que el Gobierno PNV-PSE pactará con Elkarrekin Podemos algunas modificaciones. EH Bildu finalmente se abstendrá.