No habrá excepción en este aniversario de la Constitución Española, su número 44. Como ya es tradicional, los partidos independentistas y nacionalistas no acudirán al acto de homenaje que celebra el Congreso de los Diputados hoy. Un evento cotidiano al que tampoco acudirá ningún representante de Vox. Los grupos nacionalistas o secesionistas, véase ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), Junts (4), PDeCAT (4), la CUP (2), Compromís (1) y el BNG (1), deniegan de la Carta Magna por no permitir, entre otros, la independencia de Cataluña, País Vasco o Galicia. El año pasado, dieron cuenta de ese rechazo a través de un comunicado conjunto en el que señalaron que la no contemplación de un mecanismo de autodeterminación "violenta los derechos humanos". Lo firmaron todos menos Compromís y el PNV, que abogan por una línea más sosegada, y en añadido Més per Mallorca y Més per Menorca. "Somos naciones y queremos decidir nuestro futuro". El texto impide "dar cauce al desarrollo de la voluntad democrática", afirmaron todos estos grupos. Por su parte, Vox, fiel comprometido con la Constitución, no participará en el acto por desavenencias con el Gobierno y sus pactos políticos: "Deroga la sedición, indulta a golpistas, favorece a los terroristas y violenta del derecho de los niños a conocer el español".

De una manera u otra, todos los grupos políticos anhelan o han solicitado modificar aspectos concretos de la Constitución, pero es en torno al un quinto de la cámara baja quien exige una reforma profunda de la misma. Se trata de los grupos independentistas ya mencionados junto a Unidas Podemos y Más País, quienes suman 71 diputados. Por un lado, la demanda estrella de republicanos, exconvergentes, los nacionalistas vascos y gallegos, la izquierda abertzale y el anticapitalismo catalán insisten en que persiguen que se cambie el modelo del Estado. El objetivo es avanzar hacia una fórmula que reconozca la plurinacionalidad, primero; y que, después, permita el derecho a la autodeterminación. Eso, toca directamente a la Corona, la cual sería sustituida por un sistema republicano federal. Tanto morados como Izquierda Unida, convalidan esa propuesta, al menos en lo que respecta al modelo de Estado o a la inviolabilidad del Rey.

La autodeterminación es la máxima de al menos ERC, EH Bildu, Junts, la CUP y el BNG. Aunque la izquierda independentista vasca y catalana es quien mejor está aprovechando la falta de alternativas del Gobierno para sostenerse en lo que resta de candidatura. Un ejemplo es la reforma del delito de sedición y el estudio que el Gobierno está haciendo de la posibilidad de sumar a ello el delito de malversación. Acciones que, en definitiva, mejorar su espacio de actuación para cumplir sus objetivos territoriales. De hecho, el portavoz republicano Gabriel Rufián ha reconocido haber aprovechado la negociación de Presupuestos para forzar la derogación de este delito. Recientemente, la asociación Consenso y Regeneración ha denunciado que estas cesiones van a contracorriente del resto de democracias del entorno. Y ha entregado a los grupos del Congreso un comunicado: "Advertimos que disponen de tipos penales que tutelan su orden constitucional y la integridad del propio Estado. La reforma que se pretende aprobar supondrá una desprotección de nuestra Constitución como marco democrático de convivencia".

Unidas Podemos respalda la capacidad de autodeterminación de las naciones mediante referéndums, aunque siempre ha defendido que, dentro de un espacio de convivencia plurinacional, prefiere que catalanes y vascos sigan integrando el Estado. El año pasado abogó en el Congreso -mediante una enmienda a una moción registrada por la CUP- por que el pleno avalase que la mesa de diálogo sobre Cataluña pudiera abordar estas cuestiones como "solución" al conflicto. También debatirlo en el hemiciclo. No prosperó, pese a todo. El PNV, por su parte, intentó posteriormente que las Cortes sacaran adelante una reforma legal para facilitar los referéndums eliminando el control previo del Tribunal Constitucional. Una forma de impedir recursos previos de inconstitucionalidad por proyectos de Estatutos de Autonomía aún sin ratificar. Ello, tras introducirlo el último Gobierno del PP, facilitó la condena de los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña por desobediencia durante el procés.

Demandas concretas del resto

Los partidos constitucionalistas, no obstante, también demandan reformas del documento. Aunque, en este caso, bajo la perspectiva social o para modificar puntos concretos que chocan con su visión de lo que debe ser España o su funcionamiento. Sobre éste último caso, la contemplación de un Estado centralizado y ajeno a la distribución autonómica es una de las máximas de Vox, que, sin embargo se opone a cualquier otra modificación de la Constitución. Porque iría enfocada a "destruir" más que a construir. Asimismo, el partido de Abascal también ha reivindicado en varias ocasiones hacer cambios concretos en el sistema electoral, algo a lo que se adhieren otras formaciones. Entre las propuestas que ha defendido hasta hace poco Vox está la de establecer que parte de los diputados sean elegidos por distrito único nacional para contrarrestar a los partidos periféricos. Unidas Podemos y Ciudadanos (Cs) vienen reclamando durante su corta existencia cambios profundos en esta legislación, especialmente en lo que se refiere a la proporcionalidad y el reparto de escaños. PSOE y PP, que se ven beneficiados por la Ley D'Hondt, respaldaban eliminar el voto rogado, algo que ya ha realizado en septiembre el actual Ejecutivo con múltiple apoyo.

El PP demanda una reforma específica del artículo 49 de la Constitución, pero teme que abra la senda a modificaciones profundas del Gobierno y sus socios

Con perspectiva social, los populares de Alberto Núñez Feijóo quieren modificar el artículo 49 de la Constitución. Concretamente, en la alusión que hace a las personas discapacitadas. El deseo de los conservadores es el de sustituir el término "disminuido" por el de "discapacitado". Consideran que es algo que está "justificado y debe hacerse de inmediato". No obstante, hay temor de que ello abra la senda a otras reformas constitucionales de gran calado que propongan los socios o el propio Gobierno. El propio PSOE lleva reclamando desde 2013 algo más profundo: una reforma de la estructura territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo. Ello, no obstante, manteniendo la monarquía.

La línea ya adoptada internamente por el PSOE busca dotar al Estado de mayor transparencia y avanzar en la rendición de cuentas de todas las instituciones. También de la Corona. Se quiere fortalecer el Estado de Bienestar, profundizar en derechos y libertades, virar las autonomías en un sentido federal, tener más presente a Europa en el texto o limitar los aforamientos y las situaciones de bloqueo político con varias candidaturas a investidura al unísono. Esto último, llevaría a la reforma del artículo 99 de la Carta Magna.

Unidas Podemos demanda también la derogación del artículo 135, que desde 2011 prioriza la estabilidad presupuestaria y el pago de la deuda pública; o el cumplimiento íntegro del artículo 128, que engloba el derecho a la vivienda o la subordinación de la riqueza del país al interés general. Su principal preferencia, además, es que las generaciones más jóvenes puedan refrendar una Constitución actualizada.

La institución con más respaldo

El último barómetro del CIS de noviembre -sin incluir la Monarquía, el Ejército o las FyCSE- indica que la Constitución es la institución con mayor respaldo entre la población española. Del 0 al 10, cuenta con una media de apoyo del 6,36. Aunque se aprecia una ligera diferencia entre rangos de edades. De los 18 a los 44 años, el balance de apoyo es de los 5,7 a los 5,8 puntos. De los 45 en adelante, el rango de apoyo medio es de 6,74, siendo de 7,19 en los mayores de 75 años.