La decisión del Gobierno de nombrar ya a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no avance en el nombramiento de los dos suyos ha puesto en evidencia la pérdida de apoyos entre los magistrados progresistas del tribunal de garantías de Cándido Conde-Pumpido, quien previsiblemente ocupará la presidencia del órgano cuando consiga culminarse su renovación.

Una vez se hizo público que los elegidos como nuevos magistrados por Pedro Sánchez y el vicepresidente Félix Bolaños son el exministro Juan Carlos Campo y la jurista Laura Díez Bueso, el presidente del Alto Tribunal, Pedro González-Trevijano, tomó la decisión de no convocar ya un pleno gubernativo en el que analizar si ambos cumplen los requisitos para convertirse en magistrados, sino esperar al próximo 22 de diciembre.

Precisamente ese día el CGPJ tiene previsto celebrar un pleno en el que abordar el nombramiento de los dos magistrados que les corresponde, aunque al finalizar la pasada semana los vocales conservadores y progresistas dejaron muy pocas esperanzas de que vayan a conseguir ponerse de acuerdo en la elección de dos perfiles de consenso.

Casi tres meses después de la fecha máxima que puso el PSOE en su reforma de la Ley del Poder Judicial para que el órgano de gobierno de los jueces elija a los magistrados del Constitucional, los vocales conservadores -que son mayoría- continúan dilatando el proceso de nombramiento. En el Gobierno interesa abordar ya la renovación del Alto Tribunal que invertirá su mayoría conservadora por una progresista y, como venía advirtiendo, ha decidido dar el paso para nombrar. Pero, puesto que la ley recoge que los magistrados del Tribunal Constitucional se renovarán por tercios cada vez, es decir, de cuatro en cuatro, los magistrados han preferido, por prudencia y para evitar un debate jurídico que sería intenso y mediático, retrasar el pleno necesario para proceder al nombramiento de Campo y Díez para darle tiempo al CGPJ.

Decisión meditada previamente

Se trató de una decisión que el presidente Trevijano venía meditando tiempo atrás, puesto que el Gobierno avisó de que procedería a nombrar si el CGPJ no hacía lo propio. Contó con el apoyo -además del ala conservadora del Alto Tribunal en la que se le encuadra- del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de la magistrada María Luisa Balaguer, ambos progresistas. La última no esconde que le gustaría presidir el órgano cuando éste sea renovado.

Mientras tanto, el magistrado Cándido Conde-Pumpido sí forzó para convocar un pleno de urgencia para poder proceder al nombramiento de los dos magistrados sin esperar al CGPJ. Para abogar por dicha decisión, que habría favorecido al Gobierno, contó con el apoyo de los magistrados progresistas Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, pero no tuvo el respaldo de todo su grupo.

Es la segunda vez que un movimiento del magistrado saca a la luz que no cuenta con el apoyo de todos los magistrados progresistas. El pasado julio, una vez se hizo pública la sentencia del primer estado de alarma en la que se consideró inconstitucional el primer confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno durante la pandemia, Conde-Pumpido redactó un borrador de voto particular contra ésta en la que llamó a la mayoría que la respaldó "legos" y "juristas de salón" y que fue filtrado a la prensa. Finalmente, y ante el malestar entre los magistrados conservadores que votaron a favor de sacarla adelante, modificó el voto particular retirando de éste las palabras ofensivas. Los magistrados progresistas que votaron en contra de declarar ilegal el estado de alarma firmaron sus propios votos particulares y tampoco vieron con buenos ojos el tono utilizado por el ex fiscal general del Estado.

Los nombramientos del CGPJ serán claves

Para que Conde-Pumpido se asegure la presidencia del Alto Tribunal una vez se proceda al nombramiento de todos los magistrados que sustituyan al presidente Pedro González-Trevijano, al vicepresidente Juan Antonio Xiol y a los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares serán claves los nombramientos que realice el CGPJ. El procedimiento está atascado. Los conservadores no quieren respaldar el nombramiento del magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés a quien consideran próximo al Gobierno y al independentismo y los progresistas se niegan a aceptar la metodología que propone el grupo mayoritario, consistente en que ambos analizan y dan el visto bueno al candidato propuesto por la otra parte y no simplemente lo aceptan. En este punto, han acordado ir a un sistema en el que ambas partes ponen sobre la mesa un número de candidatos y todos se votan, pudiendo haber más de una veintena de perfiles a estudiar.

Una vez renovado el Constitucional, serán los propios magistrados quienes tendrán que votar a su presidente. En este sentido, será decisivo que los magistrados que entren decidan apoyar a Conde-Pumpido o a Balaguer.

En caso de que no haya nombramiento por parte del CGPJ tampoco después del 22 de diciembre y se nombre únicamente a dos magistrados, saliendo el presidente y el magistrado Antonio Narváez, el vicepresidente Xiol asumiría la presidencia de manera interina hasta que se culmine el proceso de renovación del Alto Tribunal. En este sentido, el grupo mayoritario del órgano de gobierno de los jueces también tiene en su mano la posibilidad de retrasar el cambio de presidencia y la llegada a ésta de Conde-Pumpido.