Las reglas de juego empiezan a cambiar. Quizá sea un mero aviso temporal, o se consolide como estrategia más a medio y largo plazo, pero por lo pronto el PSOE sí tiene claro que ahora mismo no va a ceder tan fácilmente ante Unidas Podemos. Sobre todo en la negociación de ciertas normas impulsadas por los morados, de enorme calado simbólico, como la Ley Trans. Los socialistas ya están lanzando mensajes nítidos: mantendrán vivas sus enmiendas y las defenderán hasta el final, para cuidar a su nicho electoral y también por razones de "seguridad jurídica".

"Igual que el debate del estado de la nación marcó un punto de inflexión en el discurso, también lo supone la aprobación de los terceros Presupuestos de la legislatura", destacan a este diario en Ferraz. Y es así, continúan, porque con las cuentas del Estado ya aseguradas —solo queda el trámite en el Senado—, el último año hasta las legislativas está despejado. Es decir, que una vez salvada la ley más importante del año, ahora el socio mayoritario quiere concentrarse en la doble carrera electoral de 2023: las autonómicas y municipales de mayo, en las que se juega su poder territorial, y las generales de finales de año, tras las que Pedro Sánchez aspira a seguir en la Moncloa.

Tenemos que marcar perfil, igual que durante estos tres años lo ha hecho Podemos. No tenemos por qué comernos cuestiones polémicas y que no compartimos", alegan en la cúpula socialista

El presidente quiere acelerar este diciembre todo lo que pueda en la agenda legislativa, abordar las leyes más conflictivas y sensibles, para arrancar enero con la vista puesta en las urnas y vender gestión y despliegue de los fondos europeos. Y llegados a este punto, "en fase electoral", "cada uno tiene que marcar su perfil". "Nosotros tenemos que marcar perfil, igual que durante estos tres años lo ha hecho Podemos. No tenemos por qué comernos cuestiones polémicas y que no compartimos", justifican en la cúpula socialista. La otra razón sobre la mesa es la ley del solo sí es sí, cuya aplicación, en menos de dos meses de vida, ha traído ya revisión a la baja de una cuarentena de condenas y, de ellas, 13 excarcelaciones. El Gobierno no ha tomado la decisión de si rectificará el texto —se opone Igualdad, pero dirigentes como Ximo Puig o el expresidente Felipe González han urgido al cambio legal—, a la espera de conocer en detalle la sentencia del Supremo sobre el caso Arandina. Este sábado volvía a entreabrir esa puerta la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El PSOE, pues, quiere hacer valer su mayor peso parlamentario, sus 120 escaños frente a los 33 que controla Unidas Podemos, y poner pie en pared a algunas de las demandas de los morados. En la última semana, ya lanzó varias señales elocuentes. El pasado lunes, cuando Irene Montero, a primera hora de la mañana, denunció que los socialistas no querían el "acuerdo" en la Ley Trans al mantener sus enmiendas, Ferraz reaccionó enseguida: la número dos, María Jesús Montero, advirtió de que el partido considera "imprescindible" y "fundamental" que se refuerce la "seguridad jurídica de los menores" en la norma, y por eso no desistirá de su enmienda, para que también los menores de 14 a 16 años —y no solo aquellos entre 12 y 14— necesiten de autorización judicial, a través de un expediente de jurisdicción voluntaria, para cambiar la mención al sexo en el registro. Y enseguida el PSOE convocó la ponencia de la Ley Trans para el miércoles, y en la que decidió mantener vivas sus propuestas de modificación hasta el trámite en comisión, que se sustanciará el 12 de diciembre.

Podemos no quiere "retrocesos"

El pulso, por tanto, continúa, con la incógnita de si los dos socios acercarán posturas o irán al choque. Podemos y el Ministerio de Igualdad ya han reiterado que no admitirán "retrocesos" respecto al texto que salió del Consejo de Ministros. Si no hay pacto de última hora, uno de los dos socios perderá. Si los morados logran tumbar, con los aliados parlamentarios, las enmiendas socialistas —especialmente la más controvertida, la citada sobre los menores—, Ferraz deberá decidir si frena la ley o acepta una redacción con la que no se siente cómoda. Pero si el PSOE se impone, y para eso necesitaría el apoyo del PP (y este se queja de que no ha sido llamado y repite que está en contra de la ley), se generaría otra nueva crisis con sus compañeros de Gabinete. Esta semana, a medio gas por el macropuente de la Constitución, debería servir para que se abriese una nueva "fase negociadora", como afirmó la secretaria de Igualdad socialista, Andrea Fernández, tras la reunión de la ponencia.

La más conflictiva es la Ley Trans: el PSOE quiere que los menores de 16 años tengan que recurrir al juez para cambiar la mención al sexo en el registro

La Ley Trans, foco permanente de conflicto en el seno de la coalición, dará la medida de cómo se replantean las relaciones entre los socios. Por su simbolismo y el peso específico de igualdad, bandera electoral para ambos. Por ahora, los socialistas se guardan sus cartas y no revelan hasta dónde llevarán su pulso. Porque eso sería pasar de pantalla: "Nuestra actitud no es la de imponer, como quieren ellos, sino negociar, y el PSOE va a seguir sentándose para hablar con ellos. Una cosa es que hagamos valer nuestros 120 diputados y otra imponer. Vamos a utilizar esta semana para aclarar cosas, acercar posturas... Y antes de llevar las cosas a un extremo, antes que descarrilar, mejor un pacto", explican en la dirección parlamentaria.

La ley de bienestar animal pasa por ponencia y comisión en el Congreso el 12 y 13 de diciembre. De nuevo, sin acuerdo entre socialistas y morados en un punto clave. En este caso, por el ámbito de aplicación de la norma. El PSOE registró una enmienda para que la regulación se ciña solo a los animales de compañía y excluir del texto, primero, a "los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza, que contarán con una legislación propia, según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética". Y también sugiere sacar de la ley a los animales utilizados en actividades específicas (las deportivas, las aves de cetrería, perros pastores y de guarda del ganado) y en actividades profesionales (como los perros de rescate o aquellos que ayudan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas Armadas). Enmienda mollar, por tanto, que Unidas Podemos pide retirar y que los socialistas mantendrán. Contarían para ello con el apoyo de la derecha y de otros grupos como el PNV.

En la Ley Trans, la posición del PSOE es más débil, pero no en la de bienestar animal: la derecha apoya que la caza quede fuera del ámbito de la norma

No es una cuestión menor, porque España cuenta con unas 800.000 licencias de caza, la mayor parte de ellas en Andalucía (30%), seguida de Castilla y León (12%) y Castilla-La Mancha (11%). Se trata, pues, de un deporte popular y con gran penetración en muchos pueblos. Militantes y simpatizantes socialistas de ciertos territorios son cazadores. Ferraz ha recibido mucha presión de algunas de sus federaciones y del mundo rural y promete no echarse atrás. "Bienestar animal, sí, y protección y garantías, también, pero por supuesto también sensibilidad de todos los territorios. La actividad cinegética, sostenible, no es incompatible con el medio ambiente. El medio rural debe estar representado. Si Podemos pacta con el sector una enmienda distinta, aceptaremos. Si la pregunta es si vamos a retirar la enmienda, la respuesta es no, porque es una propuesta transversal y muy trabajada, y la hacemos desde el diálogo y el debate sereno", defienden en la cúpula federal.

"Lagunas jurídicas"

La ley de bienestar animal está impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Ione Belarra, la secretaria general de Podemos. Su departamento también es el proponente de la ley de familias. Estaba previsto que la semana pasada pasara en primera vuelta por el Consejo de Ministros. No fue así por las "observaciones" planteadas por distintos ministerios, según advertían en la Moncloa. Y para este 5 de diciembre —la reunión del Gabinete se traslada del martes al lunes por el festivo del Día de la Constitución—, tampoco está agendada, según confirmaban a este diario fuentes de la Moncloa este domingo por la noche. La razón esgrimida por los socialistas son las "lagunas jurídicas" de las que aún adolece el texto. "Tiene menos coste no sacar esta ley que hacerlo como quieren ellos", alerta un miembro del Gabinete.

La ley de familias estaba prevista para la semana pasada, pero se frenó y tampoco pasará por el Consejo de Ministros este lunes, día 5

El anteproyecto de ley de familias ya juega con el tiempo en contra. Porque cuando la apruebe el Consejo de Ministros en primera vuelta, deberá recibir el informe preceptivo, aunque no vinculante, de los órganos consultivos, que suelen demorarse meses. El Gobierno entonces ve el texto en segunda lectura y lo envía como proyecto de ley al Congreso. Teniendo en cuenta que enero, julio y agosto son inhábiles en el Parlamento —salvo que se convoquen sesiones extraordinarias— y que a mediados de octubre, como tarde, se disolverán las Cortes para la convocatoria de las generales, el margen se estrecha mucho para Belarra. El departamento ya se quejó la semana pasada de los "constantes retrasos" decididos por el ala socialista.

Varadas siguen otras leyes fundamentales para los morados, como la de vivienda o la derogación de la ley mordaza que aprobó el PP en 2015. En ambas se va avanzando, pero los puntos de discordia sobre puntos concretos se mantiene. En la primera, por la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas, la definición de los grandes tenedores o la fijación del alquiler social obligatorio. De nuevo, los socialistas alegan razones de seguridad jurídica. En la segunda, el disenso orbita en torno al uso de las pelotas de goma como material antidisturbios, las sanciones por las faltas de respeto a los agentes y las devoluciones en caliente de los migrantes.

En el PSOE niegan que quieran forzar la ruptura de la coalición. "Sería ridículo", recuerdan, porque tras las generales habría que reeditar Gobierno, si dieran los números en las urnas

En Ferraz remarcan que no se forzará "ninguna ruptura con Unidas Podemos". "Sería ridículo, porque si los resultados dan tras las generales, necesitaremos de su apoyo. Pero eso no quiere decir que tengamos que tragar todo", indican en la cúpula, en la que señalan cómo distintos portavoces autorizados y muy cercanos a Sánchez —María Jesús Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría y Patxi López— sí han ido marcando el terreno frente a los morados en distintos temas. El último elemento de fricción, la acusación que lanzó Irene Montero al PP el miércoles en el Congreso: promueve, le dijo, "la cultura de la violación". Y aunque es una expresión académica y que de hecho patrocina la ONU, la ministra de Igualdad no la explicó en el pleno y calentó la bancada popular. Pendiente sigue el análisis de si es necesaria una reforma de la ley del sí es sí. El Gobierno ha alejado esa posibilidad, pero al tiempo pide esperar a que se conozca la sentencia del caso Arandina, en los próximos días.

En esta estrategia de marcar perfil también encaja, apunta una ministra, el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez para el Tribunal Constitucional. En este caso, frente al PP y la derecha judicial. "Es una forma de decir '¿No queríais caldo? Pues tres tazas' —señala la citada integrante del Gabinete—. En condiciones normales, elegir a Campo sería un error, porque además se tendrá que abstener en diversos asuntos, pero es que el PP tiene bloqueado durante cuatro años el CGPJ y los vocales del Poder Judicial están prevaricando, al no cumplir el plazo legal que daba la ley [que venció el 13 de septiembre]" para designar a sus dos magistrados para el TC. Un alto mando de Ferraz comparte esa visión de defensa de Sánchez frente al "golpe de la judicatura contra el Ejecutivo".

Rechazo en el PSOE a tocar la malversación

Pero esta semana el presidente también deberá decidir respecto a otra cuestión muy trascendental: la reforma del delito de malversación. El viernes, 9 de diciembre, concluye el plazo para los grupos para presentar sus enmiendas a la proposición de ley de supresión de la sedición. Fuentes de ERC siguen manifestando que están trabajando en el texto de esa enmienda dirigida a los condenados y encausados por el procés.

Este viernes acaba el plazo para presentar enmiendas parciales a la sedición, y ERC sigue diciendo que trabaja en la propuesta para rebajar la malversación

En el PSOE cuesta mucho encontrar un dirigente que defienda cambiar la tipificación de la malversación, al ser un delito de corrupción. En la dirección interpretan que, si Sánchez finalmente lanza la reforma, será para cerrar definitivamente la página del procés y dar por clausurada la mesa de diálogo. O sea, acabar con todos los flecos pendientes desde 2017. Pero en el partido se teme esa modificación por el enorme coste electoral que podría suponer, a diferencia de la derogación de la sedición, que se da por amortizada. El viernes pasado, el president valenciano, Ximo Puig, en una entrevista en la SER, incidía en que visto lo ocurrido con la ley del sí es sí, "es mejor dejar la malversación como está". "No veo conveniente que se alteren las normas actuales, aquí [en Valencia] no se vería razonable que a mitad de partido se cambiara la norma. No creo que sea el camino adecuado".

Sánchez no ha descartado cambiar el delito en ningún momento. Tampoco lo hizo el pasado martes Bolaños en la radio de Prisa. "El criterio que tenemos es tolerancia ninguna con la corrupción". ¿Quiere decir que no cree el Gobierno que haya que tocar el delito?, le repreguntaron. "No", respondió el ministro, y tras recalcar que la corrupción ya no es un problema que preocupe a los españoles, como sí ocurría cuando el PP gobernaba, subrayó que "esa bandera de la decencia y la integridad la va a seguir manteniendo el Ejecutivo, sin ninguna duda".

En el PSOE inquieta la guerra entre Podemos y Díaz: si acabara en ruptura, las opciones de la izquierda merman

Al PSOE, en Ferraz y en los territorios, le preocupa otra derivada de cara a las inminentes contiendas electorales: la guerra abierta entre Podemos y Yolanda Díaz, que podría acabar en una ruptura que dejaría sin opciones a la izquierda de reeditar sus gobiernos. De ahí que algunos diputados vieran en el choque de Montero con el PP del miércoles un indicio claro de que la ministra está buscando ganar más peso político por si tuviera que liderar una candidatura. Nadie parece querer esa división, pero quizá, llegado el momento, nadie pueda parar el caminar de los trenes hacia el abismo. La recomposición del espacio a la izquierda del PSOE será un elemento decisivo de cara a las urnas. Y, ahora mismo, no hay escenarios seguros.