Ya pocas dudas caben. Pedro Sánchez abre la puerta definitivamente, y de par en par, a una reforma quirúrgica del delito de malversación, tal y como quería ERC. Será una modificación limitada, acotada, en la que sí garantiza que no habrá "retrocesos" en la lucha contra la corrupción y que no será, explican en el Gobierno, un "coladero" para otros casos. Servirá para cerrar el círculo del procés, convencido como está el presidente de que la distensión en Cataluña será un "activo" del PSOE y del Ejecutivo en las contiendas electorales del próximo año.

El jefe del Ejecutivo ya lanzó el mes pasado la supresión de la sedición en una entrevista en televisión y este martes dejó ver a las claras que también está dispuesto a tocar la malversación en una conversación informal con periodistas en la recepción por el Día de la Constitución en el Salón de Pasos Perdidos en el Congreso. Esa era una posibilidad que él mismo no había descartado en las últimas semanas, pese al patente recelo que genera no solo en la oposición sino también en buena parte del PSOE. Sánchez, en su charla con los informadores, también se abrió a introducir ajustes técnicos en la ley del solo sí es sí, opción que parecía alejarse hasta ahora.

No va a haber ningún retroceso en materia de lucha contra la corrupción política, ni de penas", asegura el presidente en respuesta a las dudas de su partido

Los tiempos ya le apretaban a desvelar sus cartas, porque el viernes concluye el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas parciales a la proposición de ley de derogación de la sedición. El PSOE presentará las suyas propias, anticipó —sin querer adelantar en qué sentido se han redactado, pero sí aseguró no serán relativas a la malversación o a la modificación de la ley del solo sí es sí—, y ERC registrará las suyas. Los republicanos venían diciendo en las últimas semanas que negociaban con el Ejecutivo la formulación, conscientes de que un cambio no bien pulido en la figura penal de la malversación podía abrir la puerta a rebajas de penas o excarcelaciones de reos por corrupción, algo con lo que no estaban de acuerdo los socios habituales del Ejecutivo.

También en el PSOE se había sentido en las últimas semanas un claro rechazo a una modificación de la malversación, por la dificultad de "explicación" a la ciudadanía a las puertas de unas elecciones y también por cómo ha operado la ley del sí es sí, que ha permitido revisiones de pena y salidas de prisión a agresores sexuales, cuando no era eso lo previsto por el Ejecutivo. "Estoy siendo claro —sostuvo ante los informadores, y en respuesta a esos recelos en su partido—. No va a haber ningún retroceso en materia de lucha contra la corrupción política, ni de penas", "no habrá ningún retroceso en materia de regeneración democrática". El jefe del Ejecutivo se mostró en todo momento seguro, confiado en que su mensaje nítido de "normalización" en Cataluña calará en el electorado.

"¿Un alcalde que destine fondos europeos a nóminas es igual a Bárcenas?"

Para explicar el alcance de la medida, fuentes del Gobierno se remitían a lo escrito en otros códigos penales europeos, en concreto los de "Francia, Alemania, Italia y Portugal". "No vamos a movernos del Derecho comparado", indicaban, apuntando a que el título de la proposición de ley que tramita el Congreso habla de "la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea". Es decir, que el Ejecutivo ya muestra uno de los argumentos que va a usar para explicar la rebaja de la malversación: que lo hace para "homologar" la legislación española a la de otros países de nuestro entorno.

En la Moncloa apuntan que se adaptará la legislación al entorno europeo: "No vamos a movernos del Derecho comparado"

Y ponían un ejemplo de la línea que seguirá la enmienda que registrará ERC (y que obviamente ha sido tutelada por la Moncloa, aunque Sánchez negó en todo momento una "negociación" con los independentistas): "Imaginemos un alcalde que recibe fondos europeos para digitalizar su ayuntamiento y destina esos recursos a pagar nóminas porque su consistorio no tiene dinero. Eso no sería corrupción. ¿Tiene sentido penar a Luis Bárcenas [el extesorero del PP] igual que a ese alcalde que destina fondos europeos para nóminas?". La diferencia respecto al procés, no obstante, no es tan lineal, ya que en 2017 hubo fondos que se desviaron para un fin ilícito, como la convocatoria de un referéndum declarado ilegal.

En el equipo del presidente señalan que la reforma del Código Penal que impulsó el PP en 2015 hizo que precisamente no hubiera diferenciación entre el lucro personal y la mala gestión de fondos públicos. Por eso la redacción final de la enmienda que están trabajando Gobierno y ERC camina sobre un terreno muy pantanoso jurídicamente, por el riesgo de que se puedan beneficiar políticos corruptos sin que medie enriquecimiento personal o de terceros.

Desde el Ejecutivo garantizan que la reforma "no va a ser un coladero". Y remarcan que no servirá para beneficiar al expresidente de la Junta y del PSOE José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el Supremo por malversación en el caso ERE. Este es "un caso diferente", precisaban las mismas fuentes de la Moncloa, y no le afectaría por tanto este retoque del Código Penal. Otro miembro del Ejecutivo, informa EFE, apuntaba que sería muy complejo ajustar el delito de malversación sin que afecte a los casos de corrupción, pero destacaba a su vez que el primer paso sería hablar con expertos.

Sánchez enhebró ante los informadores una defensa sobre todo política del cambio en Cataluña. ¿Tocando entonces malversación se cierra un ciclo?, se le preguntó. "Heredamos una situación muy compleja en Cataluña. Dimos pasos muy importantes con las medidas de gracia [con los indultos del procés] y con esto vamos definitivamente ya a abrir una nueva etapa en Cataluña, más política". El presidente insistió en que su propósito siempre ha sido "estabilizar Cataluña", "superar un conflicto", abrir un escenario nítidamente "político, y no judicial y político". Es decir, que el Gobierno busca pasar página definitivamente a la convulsión que supuso el otoño de 2017 y la posterior sentencia del Supremo de 2019.

Se trata, dice, de "superar un conflicto", abrir un escenario nítidamente "político, y no judicial y político"

Y eso, la "normalización y estabilización de Cataluña", será, cree, un "activo de este Gobierno". "Hoy no hay nadie que incumpla la Constitución y la legalidad allí, precisamente se incumplió con estas penas de sedición estando el PP en el Gobierno", alegó.

A su juicio, los ciudadanos reconocerán al PSOE (y, por tanto, al Ejecutivo) como "un partido que ha contribuido a estabilizar una de las mayores crisis que ha tenido la democracia", porque lo que ocurrió en 2017 —las leyes de desconexión, el referéndum del 1 de octubre, la declaración unilateral de independencia— "fue muy grave". De modo que volver al camino del conflicto "sería un error". Sánchez entiende que la derecha "no ha aprendido de lo que sucedió" hace cinco años, porque la inflamación solo "beneficia a la ultraderecha", que podrá interpelar siempre al PP para preguntarle qué hizo para frenar al independentismo. El líder socialista llamó a recordar lo que pasó en 2019, tras la sentencia del TS, cuando las calles de Cataluña se incendiaron en plena precampaña de las generales del 10 de noviembre, y a quien le resultó rentable "fue a la ultraderecha".

El siguiente paso será ver la letra pequeña de la enmienda de ERC y las que presenten los socialistas. Los republicanos siempre han demandado una rebaja de la malversación para aliviar las penas de los condenados por el procés, a los que se conmutaron todas las penas de cárcel pendientes, pero no las inhabilitaciones, y de la treintena de dirigentes medios que siguen encausados por lo ocurrido hace cinco años.