Pedro Sánchez ha asumido esta semana buena parte de los argumentos de Esquerra para reformar el delito de malversación. Sacar de ese tipo penal aquellos supuestos en los que no hay lucro personal ni corrupción. Una definición difícil traducción jurídica, que los independentistas ven como la vía para eximir del delito asociado al mal uso de fondos públicos a Oriol Junqueras y el resto de los condenados por el 1-O. También a los ex altos cargos de la Generalitat pendientes de juicio, con los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó en primera fila.

Pero esa descripción se adapta también como un guante a otro político catalán, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El ex dirigente popular está siendo investigado por el caso Kitchen por el que la acusación particular ejercida por el PSOE le imputa, entre otros, el delito de malversación.

Fernández Díaz habría utilizado fondos públicos para crear un dispositivo parapolicial con el que espió al ex tesorero de su partido, Luis Bárcenas. Pero también montó falsas acusaciones contra dirigentes independentistas para desmantelar el movimiento gracias a las actuaciones de la llamada "policía patriótica".

El precedente de Mas

Desde Esquerra se argumenta que la reforma del delito de malversación aprobada por el Gobierno del PP en 2015 tenía como único objetivo perseguir al independentismo, tras comprobar que no se había podido perseguir penalmente a Artur Mas y su gobierno en los gastos de la consulta del 9N. Mas tuvo que responder ante el Tribunal de Cuentas por el uso ilícito de ese dinero, pero el Tribunal Supremo lo condenó solo por desobediencia.

Pero lo cierto es que la revisión del delito no solo se ha aplicado a los líderes del procés. También sirvió para condenar por malversación a José Antonio Griñán, en el caso de los ERE. La reforma propuesta por Esquerra podría ofrecer una salida al ex presidente de la Junta de Andalucía.

Otro tanto podría suceder en el Caso Triacom, de presunta financiación irregular de Convergència a través de la productora audiovisual del mismo nombre. Se trata de un caso derivado del 3% que investiga el juez Santiago Pedraz y en el que Pere Aragonès ordenó personar a la Generalitat por malversación de fondos públicos para favorecer a CDC.

El caso Triacom

Triacom recibió más de 33 millones y medio de euros y efectuó pagos por 24,7 millones entre 2010 y 2019, según los informes de Mossos y Guardia Civil a la Audiencia Nacional, como avanzó El Mundo. En ese periodo, que coincide con la presidencia de Artur Mas en la Generalitat, el 83,7% provendrían de la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona.

De hecho, su principal cliente era la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) financiada con los presupuestos de la Generalitat gracias a un contrato programa de 240 millones de euros anuales. Ese fue el argumento esgrimido por Aragonès, en persona, para que los servicios jurídicos de la Generalitat se personaran como parte perjudicada en la causa. Es uno de los argumentos que esgrime cuando defiende el firme compromiso de su partido contra la corrupción.