La reforma del delito de malversación propuesta por ERC tendrá un reverso en el Código Penal introducido por el PSOE. Una cara b para "seguir avanzando en la lucha contra la corrupción", según defiende el partido mayoritario del Gobierno. Se crea un nuevo tipo para castigar el enriquecimiento ilícito de cargos públicos. A partir de que entre en vigor el nuevo delito, aquellos cargos que no justifiquen su incremento de patrimonio o cancelación de deudas por encima de 250.000 euros en un periodo de hasta cinco años después de abandonar su puesto, se enfrentarán a penas de entre seis meses y tres años de prisión, penas de entre dos y siete años de inhabilitación y multas de hasta tres veces el beneficio obtenido.

Esta es la manera con la que los socialistas intentan contrarrestar la rebaja de la malversación pactada con ERC para los casos en los que ha habido un uso indebido del dinero público pero sin ánimo de lucro. Para el PSOE esta es una reforma muy pesada de digerir y lo demuestra el amplio rechazo que suscita y las declaraciones contundentes que en las últimas horas se han sucedido, desde que el pasado martes el presidente, Pedro Sánchez, abrió de par en par las puertas a esta modificación que beneficiará a los condenados y encausados por el procés. El jefe del Ejecutivo ya subrayó entonces que no habría "retrocesos" en la lucha contra la corrupción, y la justificación la encarna esta enmienda. Enmienda firmada por PSOE y Unidas Podemos que se suma a la que anoche trascendió para forzar la renovación del Tribunal Constitucional y que, juntas, fueron registradas este viernes en el Congreso para que se integren en la proposición de ley de supresión del delito de sedición. Todo el controvertido paquete de reforma del Código Penal será tramitado de manera exprés y aprobado por las Cámaras antes de que concluya 2022.

La enmienda, que se suma a la de desbloqueo del TC, tendrá una tramitación exprés: quedará finiquitada antes de que acabe 2022

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, presentó este viernes a primera hora las enmiendas de su grupo y adelantó que el partido analizaría con detenimiento las registradas por ERC (y probablemente las limará), aunque es evidente que las conversaciones se han sucedido entre las dos partes entre bambalinas en las últimas semanas. López pidió que no se buscaran "tres pies al gato", porque la creación de un nuevo tipo —que se introduce a través del artículo 438 bis del Código Penal— no es una compensación a la rebaja de la malversación de ERC, sino una respuesta a un vacío legal, ya que hasta ahora no se castigaban los incrementos patrimoniales no justificados, como en el caso de la alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz, desde 1994 en política y que ha declarado más de 12 millones de euros. Es cierto que la Fiscalía ha reclamado insistentemente la creación de esta nueva figura penal.

Es más, cuando un cargo público tiene un "enriquecimiento patrimonial desproporcionado" una vez finalizado su mandato, hoy "no pasa nada", pero cuando entre en vigor la enmienda, aquellos que vean aumentado su patrimonio o cancelen deudas por encima de 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de cesar en él, tendrán la obligación de justificarlo. De lo contrario, afrontarán las penas citadas (de seis meses a tres años de cárcel, de dos a siete años de inhabilitación y multas de hasta tres veces lo enriquecido ilícitamente). España se situará así, dijo el portavoz socialista, "entre los países más avanzados en esta materia, como Francia, Portugal o Luxemburgo".

Asens: quien "negocia" con ERC es el PSOE

Respecto a la reforma de la malversación, López intentó hacer ver que no había habido contactos previos con ERC y que ni siquiera había leído la propuesta —minutos después, Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos, subrayó que era el PSOE el que había estado "negociando" con los republicanos—, y recalcó que analizarían sus enmiendas "con detenimiento".

ERC plantea una rebaja de penas cuando no hay lucro, y el PSOE y UP distinguen corrupción de uso indebido de fondos públicos

"Pero hay dos principios claros innegociables para el PSOE —incidió López—. No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción y que todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal. Es decir, el PSOE no va a apoyar ningún retroceso en la lucha contra la corrupción, estamos haciendo lo contrario, y cualquier uso indebido de los fondos públicos tiene que estar penalizado y por lo tanto nunca apoyaremos la despenalización, que permita vías indirectas de enriquecimiento a través de terceros o partidos políticos".

El portavoz apuntaba, en consecuencia, a una transaccional que el PSOE podría presentar a la enmienda de ERC, para blindarla más jurídicamente e impedir que se convierta en un coladero para políticos corruptos, el principal temor que corre en el partido, en Unidas Podemos y entre los socios de investidura.

ERC propone modificar [aquí en PDF] el delito de malversación que afecta a autoridades y funcionarios públicos para distinguir si hay lucro o no, de tal manera que habrá penas más bajas que las actuales para quienes no se enriquezcan personalmente. Los republicanos retocan así el artículo 432 del Código Penal. Primero, para fijar penas de seis a ocho años de prisión para los casos en los que la malversación implica "ánimo de lucro" —la condena puede extenderse hasta los 12 años si el valor del perjuicio causado excede los 250.000 euros—. Son las mismas penas que existen hoy mismo.

El segundo punto es la creación de un artículo 432 bis para los casos en los que no hay lucro, pero sí un desvío de dinero público, "sin ánimo de apropiárselo", "a usos particulares y ajenos a la función pública". Aquí sí hay rebaja de condenas: se pasa a un castigo de seis meses a tres años de cárcel y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años. La actual redacción del 432 del Código Penal, impulsada por el PP en 2015 con el rechazo de la oposición, no diferencia la apropiación indebida de la administración desleal de dinero público, e impone las mismas penas (de dos a seis años para los casos menos graves, de cuatro a ocho años los más severos, y hasta 12 cuando el perjuicio causado supera los 250.000 euros).

No se contrarresta "nada" ni se beneficiarán políticos como Griñán

Las propias palabras de López daban a entender que, lógicamente, el PSOE respaldará la propuesta de ERC, aunque la matice: "Nosotros distinguimos corrupción de malversación. Ya hablaremos [sobre las enmiendas de ERC ]", agregó.

PSOE y UP analizarán la enmienda de ERC, aunque apuntan a una transaccional que la lime

Es decir, que no entiende que el uso indebido de fondos públicos, sin ánimo de lucro, se pueda catalogar como corrupción, y además los republicanos no despenalizan estos casos, ya que lo que plantean es bajar las penas cuando el dinero público se desvía "a usos particulares y ajenos a la función pública". Este es el inciso al que se aferra ERC para asegurar que no se les podría aplicar el nuevo tipo a los condenados y encausados del procés porque el montaje de un referéndum ilegal no encaja en ese uso de fondos públicos para "usos particulares y ajenos a función pública".

Asens reconoció que un mal uso de dinero de todos "se puede entender como corrupción" en la conciencia colectiva, pero es en puridad un delito de administración desleal de fondos públicos, y por tanto "no es lo mismo que la corrupción de un político que mete la mano en la caja". Lo primero es "un fenómeno diferente y se tiene que abordar de forma diferente".

"Hemos presentado esto, ¿para contrarrestar qué? Nada —se defendió el portavoz socialista—. Para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción, para poner un nuevo tipo de delito que no existía en nuestro ordenamiento jurídico y que ha hecho que demasiados cargos públicos que se han enriquecido ilícitamente no hayan tenido ninguna consecuencia por ese enriquecimiento ilícito".

López aseguró que la reforma del Código Penal en ningún caso afectará a los condenados por el caso ERE, como el expresidente del PSOE y de la Junta José Antonio Griñán, condenado por seis años de cárcel por malversación. La razón es que en la redacción del artículo 432 propuesta por ERC se habla de castigar a "la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público". Griñán, según precisaban fuentes del Ejecutivo a este diario, no podría beneficiarse porque según la sentencia del TS consintió que se malversara dinero de la Junta.

Asens subrayó que su grupo será "escrupuloso" y estará "vigilante" para evitar que la reforma sirva como "carta blanca para los corruptos", que se utilice para que "por la puerta de atrás se libren de sus condenas o las vean atenuadas". La misma posición reflejó Pablo Echenique, portavoz del grupo confederal: "Si la nueva formulación que propone ERC provoca beneficio a imputados o condenados por corrupción, no podríamos aceptarlo, como el caso Kitchen o bien otros. Si hay políticos corruptos en Lezo, Gürtel, Kitchen o en cualquier trama de corrupción que se vean beneficiados por esta reforma, no podemos apoyarlo". Los partidos tienen hasta el lunes, cuando se constituye la ponencia, para estudiar la enmienda, pero las transaccionales se pueden registrar hasta el mismo día del pleno en el Congreso, previsiblemente el próximo jueves, 15 de diciembre.