Los barones se acogen a la prudencia a la espera del texto final sobre la malversación

No están siendo semanas, días, fáciles para el PSOE. Porque igual que la derogación de la sedición, objeto de durísimos ataques por parte de la derecha, fue asumida con naturalidad por los estamentos del partido —salvo en Castilla-La Mancha y Aragón—, la reforma de la malversación sí ha generado más y más amplias distorsiones internas. Visibles. Pero, en este punto, los barones prefieren aferrarse a una cierta prudencia hasta saber cómo quedará finalmente el texto, ya que queda un paso último y relevante: la enmienda transaccional que este lunes ofrezcan los socialistas a los republicanos y que servirá para pulir la redacción. Sí tranquiliza en los territorios, no obstante, que el Gobierno haya compensado la rebaja del delito en los casos en los que no hay lucro con la creación de un nueva figura penal, la del enriquecimiento ilícito.

Después de que Pedro Sánchez avanzara, el pasado martes, en la recepción por el Día de la Constitución en el Congreso, que estaba dispuesto a la revisión de la malversación para la "superación" del conflicto en Cataluña pero sin "retrocesos" en la lucha contra la corrupción, el partido se puso en guardia, máxime porque queda medio año para las elecciones autonómicas y municipales. Como informaba este diario, la respuesta fue la cautela, un cierto miedo y también incluso el abierto rechazo. Un no diáfano que visibilizaron primero dos barones enteramente alineados con Ferraz, Juan Lobato (Madrid) y Luis Tudanca (Castilla y León), y después dos presidentes muy distantes de la órbita federal, Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón). Este viernes, tras conocerse el tenor literal de la enmienda de ERC y la respuesta de PSOE y Unidas Podemos, con la tipificación del enriquecimiento ilícito, una figura penal que la Fiscalía Anticorrupción (y la ONU) lleva pidiendo años, la réplica mayoritaria fue el silencio. Y no era casualidad. "Hay contención en el partido y ganas de que se aquilate la reforma", resume un cuadro territorial.

Barbón señala, como reflexión general, que estará de acuerdo con castigar más la corrupción, y en el Gobierno de Page piden tumbar el texto de ERC

De las pocas declaraciones públicas que regaron la jornada, unas fueron las del presidente asturiano, Adrián Barbón. "Yo estaré de acuerdo con perseguir aún más la corrupción y castigarla con más dureza, pero lo que sea levantar la mano con respecto a corruptos nunca voy a estar de acuerdo", sostuvo, para añadir que no conocía el texto y no podía opinar sobre el mismo, solo trazar una reflexión general. "Sobre este tipo de debates me duele mucho cuando se hacen con las tripas y sin reflexionarlo. En un tema jurídico como este es necesario analizar el texto, cuando lo conozca lo analizaré y recurriré a expertos penalistas para conocer su opinión", indicó el jefe del Principado. Tampoco en su entorno querían dar más precisiones.

Explícita fue sin embargo la portavoz del Gobierno castellanomanchego, Blanca Fernández. La dirigente rechazó de plano la propuesta de ERC de rebajar la pena por malversación cuando no hay lucro y confió en que el PSOE la tumbe en el Congreso. Y aunque el Ejecutivo de Page comparte que se persiga a partir de ahora el enriquecimiento ilícito, se pregunta si no es una maniobra para "tapar" que se quiere aliviar las penas a los condenados del procés y los pendientes de juicio del procés. Fernández recordó que la malversación en la que incurrieron los cabecillas independentistas catalanes se basó en "financiar con dinero público un referéndum ilegal con el que se pretendía legitimar un golpe constitucional", algo que "es corrupción, y de la grave". "Es gravísimo aunque no haya habido enriquecimiento ilícito", mantuvo la portavoz del Ejecutivo regional.

Y es que la reforma no es pacífica. ERC plantea [aquí en PDF] deshacer la modificación del Código Penal que impulsó el PP en solitario en 2015, para distinguir, como ocurría antes, entre la apropiación indebida de fondos públicos —el tipo básico, con las penas más altas, de dos a ocho años de cárcel y hasta 12 si el perjuicio supera los 250.000 euros—, y la administración desleal (cuando una autoridad o funcionario público, "sin ánimo de apropiárselo", destine dinero público "a usos particulares y ajenos a la función pública"), castigado con condenas más leves, de seis meses a tres años de prisión y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años.

"Fin de semana intenso"

Al Ejecutivo le espera un "fin de semana intenso", indicaban desde la Moncloa, para acabar de limar la redacción y presentar una transaccional el lunes a ERC. Será entonces cuando se reúna la ponencia de la ley de derogación de la sedición, norma que pasará esta misma semana por comisión y pleno y, de ahí, al Senado para que quede lista antes de que concluya el año. El portavoz socialista, Patxi López, garantizó que su partido no se saltará dos líneas rojas: no apoyará ninguna propuesta que beneficie a procesados o condenados por corrupción y que "todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal". Ni en el Gobierno ni en la dirección del grupo quieren dar pistas de por dónde caminará la transaccional socialista para blindar mejor jurídicamente una enmienda presentada por ERC pero que obviamente habían negociado en las últimas semanas las dos partes. En el PSC, dirigido por el exministro Salvador Illa, hacen hincapié en que "no se puede despenalizar el mal uso del dinero público", lo que hace pensar que se reforzará por esa vía el texto.

Confío en que el Gobierno ate muy bien cada paso que dé, para evitar lo que ocurrió con la 'ley del solo sí es sí'", indica una presidenta

López remarcó (como después hicieron el presidente y el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens y Pablo Echenique) que se buscará asegurar que no se escapan políticos acusados o condenados por delitos de corrupción por esta rendija: ni los del PP ni los del caso ERE en Andalucía y, singularmente, el expresidente de la Junta José Antonio Griñán.

En esa premisa quieren confiar los dirigentes del partido. De ahí precisamente la prudencia de los barones. "Queremos que quede claro que hay un discurso nítido contra la corrupción", manifiestan a El Independiente desde el entorno del president valenciano, Ximo Puig, uno de los líderes territoriales de mayor peso que más explícitamente se había pronunciado en contra de la reforma. Por ponerse a cubierto también optó Luis Tudanca, el secretario de Castilla y León, otro de los más contundentes en los últimos días: prefiere continuar "reflexionando" y lejos de las declaraciones públicas, indican fuentes muy próximas.

"Hemos decidido no contribuir al ruido y apoyar al Ejecutivo", sintetizan desde el PSOE andaluz. "Me satisface y confío plenamente en que el Gobierno ate muy bien cada paso que dé en este asunto, y que lo haga con seguridad, para evitar lo que ocurrió con la ley, necesaria por otra parte, del solo sí es sí. Confío en el Gobierno en que lo hará bien", destaca una jefa de un Ejecutivo regional. "No conoceremos el texto final hasta el lunes, y entonces te podré decir —expresa otro presidente autonómico—. Pero las enmiendas que han presentado el PSOE y Unidas Podemos son un acierto".

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Los partidos reaccionan a la enmienda de ERC de rebajar la pena de malversación https://t.co/puXnCfyWSZ pic.twitter.com/Y0A8R9A6Vg

— Europa Press TV (@europapress_tv) December 9, 2022

El razonamiento de este último barón se escuchaba mucho este viernes por boca de distintos dirigentes: la Moncloa intentó emplear como un bálsamo preventivo interno su enmienda, firmada con los morados, por la que crea el delito del enriquecimiento ilícito: la autoridad que en el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en él obtenga un incremento patrimonial o una cancelación de deudas por un valor superior a los 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados, y se negara abiertamente a justificarlo, será castigada con penas de prisión de seis meses a tres años, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por dos a siete años y multa del triple del beneficio obtenido. Esta figura, la del incremento patrimonial no justificado, sigue las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de 2003, y la estela de países como Francia, Luxemburgo, Portugal y Lituania, tal y como argumentan los dos grupos.

"El PSOE ha sido claro"

La enmienda fue celebrada internamente en el PSOE. La reforma resulta "equilibrada", en palabras de otra presidenta autonómica. Otro cuadro territorial admite que el lanzamiento del nuevo tipo penal ha "apaciguado" el partido. "No damos un paso atrás en la lucha contra la corrupción —comparte otro líder de una federación importante—. Ya veremos la negociación y las interpretaciones del texto de los juristas varios del país pero la idea es esa. El PSOE ha sido claro".

La reforma se ve "equilibrada", aunque hay quien pide no rebajar las penas o no tanto como para permitir a Junqueras ir a las urnas en 2025

"Me gusta que se vea que apretamos con la corrupción", sentencia un barón regional que en los últimos días se confesaba muy receloso del cambio legal de la malversación. "También veo lógico separar cuando hay lucro y cuando no lo hay, y lo aceptaría —continúa este máximo responsable territorial—. Yo no reduciría las penas de ninguno de los dos delitos, pero por llegar a un equilibrio fino yo endurecería los supuestos en los que hay enriquecimiento aunque se bajara algo cuando no lo hay. O bien yo no lo bajaría más de lo que permitiera presentarse en 2025 a nadie. Que se vea que no se hace por eso", para que Oriol Junqueras pueda competir en las siguientes autonómicas catalanas, previstas, si no hay adelanto, hasta dentro de algo más de dos años.

A que en el PSOE no hayan sonado por ahora muchas voces discordantes ha contribuido la labor de pedagogía desplegada por Ferraz. Como relataban varios líderes y mandos regionales y admitían desde la cúpula federal, la vicesecretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el responsable de Organización, Santos Cerdán —o sea, los números dos y tres de la cúpula—, se pusieron en contacto con los presidentes y barones autonómicos para informarles de la enmienda sobre enriquecimiento ilícito de los socios de coalición y la propuesta republicana sobre malversación.

También ayudaron las palabras de Patxi López en la rueda de prensa en el Congreso, por su rotundidad. "Su comparecencia me tranquilizó —confiesa un barón que lo conoce bien—. No veo riesgos. Veo al partido en la buena línea".

"Cuanto más ruido, más cierre de filas"

"La situación es compleja y la gente está por la prudencia, aunque haya calmado el nuevo delito", sostiene un cuadro territorial. "Seguir dividiendo al independentismo, ganar espacio en Cataluña y no generar grandes problemas en el resto de autonomías es lo que pretende la Moncloa, aunque conseguirlo es otro cantar —observa otro mando regional—. Pero más riesgo o más duro fueron los indultos. Es cierto que no es lo mismo que tú robes pasta que el hecho de que se usen inadecuadamente fondos públicos, aunque tiene difícil venta. Son muchas letras y no hay tanta gente para leer tantas letras. Dicho esto, han medido bien el momento", por la cercanía con las fiestas navideñas que pueden ayudar a enterrar una polémica que la derecha, que lo concibe como "un asalto al Estado de derecho", sí va a continuar denunciando.

Sí se aplaude en el PSOE que se fuerce el relevo en el TC para acabar con el "escándalo" del bloqueo, el "secuestro" frente a un PP "antisistema": la UE lo va a "aplaudir"

PP, Vox y Ciudadanos también cargaron durísimamente contra el desbloqueo exprés del Tribunal Constitucional que el Gobierno ha pergeñado a través de sendas enmiendas a las leyes del Poder Judicial y del TC. Con ellas conseguirá que se integren en el alto tribunal sus dos candidatos, el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez, y también que el CGPJ designe sí o sí a los otros dos magistrados que faltan para renovar el tercio cuyo mandato venció en junio. López lo justificó como una vía para salir del "secuestro" de las instituciones perpetrado por un PP "antisistema, sin ningún sentido de Estado". Europa, a quien los populares apuntan para frenar la reforma, "no va a tener nada que decir de esto más que aplaudir, en todo caso", pronosticó el portavoz.

La maniobra sí ha sido aprobada internamente. "La reforma en el fondo es un espanto. Pero dado el panorama con el bloqueo del PP, todo el mundo entiende que hay que hacerlo", expresa un barón. "Absoluto acierto", lo define un presidente autonómico. "El legislador tiene que actuar porque para eso tiene la capacidad que le da la Constitución —coincide otro líder territorial—. Es un escándalo el bloqueo [del sector conservador] del CGPJ. Eso sí que es una traición y no las de Cuca Gamarra, que son de telenovela barata". "Han sido inteligentes al meter más temas y no solo sedición y malversación, sino esto del desbloqueo del TC o la elevación de condenas para los empresarios incumplidores con sus trabajadores", respalda un cargo autonómico que da otra clave que explica la prudencia en el partido: "Cuanto más ruido hay del PP, de Vox [que anunció una segunda moción de censura] y de una Inés Arrimadas diciendo barbaridades y que poco menos que Sánchez es un dictador, más cierre de filas habrá".

En la cúpula federal respiran algo más tranquilos porque el PSOE se ha frenado en un momento muy delicado, cuando apenas quedan seis meses para las decisivas urnas del 28-M. "El partido está muy pendiente de la letra definitiva de la malversación. Hay bastante confianza en una redacción que deje claro nuestro compromiso contra la corrupción, en la línea que ha transmitió Patxi". Todos, en fin, cruzan los dedos para que la operación de altísimo riesgo emprendida por Sánchez no tenga impacto electoral. O sea el mínimo posible.