Que la verdad nunca se sepa. Es el objetivo de las autoridades españolas y marroquíes sobre la matanza de al menos 37 personas subsaharianas y la desaparición de otras 77 en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio. Así lo denuncia este martes Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno español y a la dictadura marroquí de “encubrimiento y racismo” tras el empleo de “fuerza ilegítima” y aporta nuevas evidencias de la concienzuda estrategia de no esclarecer los hechos adoptada a uno y otro lado del Estrecho.

El informe “Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto”, presentado este martes en Madrid, reúne las pesquisas de cinco meses de una investigación torpedeada por Madrid y Rabat, en la que -según Amnistía- las fuerzas de seguridad de ambos países cometieron crímenes contra el derecho internacional. La organización recuerda que España no ha iniciado de oficio ninguna investigación. No hay nadie procesado ni investigado por lo sucedido y el Gobierno español ha realizado "declaraciones falsas o inexactas" de la tragedia y "ha tratado de minimizar los hechos", que acaecieron en territorio español.

“Las comunicaciones con distintas autoridades marroquíes y españolas para tratar de obtener aclaraciones e información sobre los hechos ocurridos ese día estaban en su práctica totalidad pendientes de respuesta en el momento de publicarse este informe”, advierte el documento.

Reuniones con funcionarios canceladas

En el caso español, el informe detalla la abrupta cancelación de uno de los encuentros con las autoridades. “El 22 de julio, el día en que los investigadores de Amnistía Internacional llegaron a Melilla, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior canceló una reunión prevista para el 25 de julio entre Amnistía y el jefe de la Unidad de Fronteras de la Policía Nacional en Melilla, afirmando que, debido a que se estaba llevando a cabo una investigación sobre los sucesos del 24 de junio, no consideraban apropiado celebrar la reunión. A pesar de las peticiones de Amnistía, no se facilitaron fechas alternativas para el encuentro”, subraya el documento.

Amnistía le recuerda a Marlaska que no ha hecho público todo el material fílmico oficial solicitado por la fiscal para su examen

Hasta la fecha, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska -que se enfrenta de nuevo a un intento de reprobación en el Congreso por la tragedia de Melilla- ha defendido la actuación de la policía, sin proporcionar toda la información solicitada.

Amnistía recuerda que no ha hecho público todo el material fílmico oficial solicitado por la fiscal para su examen. El material compartido hasta ahora contiene lagunas cronológicas que impiden conocer con claridad la secuencia de acontecimientos en su integridad, recalca la organización. “Ninguno de los dos gobiernos ha hecho público todo el material grabado por ninguna de las muchas cámaras de vigilancia a lo largo de la frontera, y las autoridades españolas se han negado a abrir una indagación independiente”, recuerdan.

Ayer, en un ejercicio de cinismo, Grande-Marlaska aseguró que la formación en derechos humanos es un “eje nuclear de la educación policial”, en el marco de las III Jornadas sobre Derechos Humanos de la Policía Nacional. “Ese conocimiento proporciona a los efectivos policiales las herramientas adecuadas para resolver cualquiera de las contingencias que se les presentan en su actividad diaria”, manifestó. “Así es como la policía se gana su legitimidad, así es como consigue que la sociedad reconozca y apoye su autoridad y acepte su intervención cuando se produce un conflicto”.

Así fue la tragedia de Melilla

Graves y múltiples violaciones de derechos humanos

Unas declaraciones que contrastan con la realidad de lo que ha sucedido durante este medio año. “Cuando se cumplen seis desalentadores meses, las autoridades españolas y marroquíes siguen negando cualquier responsabilidad en la masacre de Melilla. Cada día es mayor la montaña de pruebas de graves y múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas la muerte ilegítima y los malos tratos infligidos a personas refugiadas y migrantes y, hasta la fecha, la falta de información sobre la identidad de las personas fallecidas y la suerte de las que están en paradero desconocido”, denuncia Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía. “Esto denota encubrimiento y racismo, y añade sal a heridas ya dolorosas. Es esencial que ambos gobiernos garanticen la verdad y la justicia por lo que ocurrió ese día para impedir que vuelva a suceder”.

Lo que está claro seis meses después es que la transparencia y la rendición de cuentas son profundamente inexistentes

Ni Rabat ni Madrid han precisado el estado de sus supuestas investigaciones ni han respondido al informe, remitido por Amnistía el mes pasado. El silencio que ambos gobiernos tratan de imponer es, a juicio de la organización, “profundamente preocupante y causa daño y sufrimiento persistentes a las familias de las personas a las que no se ha vuelto a ver desde ese día, y vulnera su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”. “Lo que está claro seis meses después es que la transparencia y la rendición de cuentas son profundamente inexistentes y que ningún funcionario, marroquí o español, ha comparecido ante la justicia por las violaciones que provocaron la muerte, las lesiones y la desaparición de tantas personas”.

Sin esclarecimiento de los hechos ni rendición de cuentas, los testimonios de las víctimas y sus familiares recogidos por Amnistía así como las imágenes captadas aquel día arrojan luz sobre el infierno que padecieron unas 2.000 migrantes que trataron de acceder a Melilla a través del paso fronterizo de “Barrio Chino”. Días antes las fuerzas de seguridad marroquíes habían arrasado el campamento en el que vivían, dejándoles sin alimentos. Cuando el 24 de junio se acercaron a la valla, la policía les arrojó piedras y gas lacrimógeno en espacios cercados. Muchos de los heridos siguieron recibiendo golpes y patadas cuando ya estaban en el suelo, semi inconscientes, sin poder responder, o respirando con dificultad.

“La policía española nos rociaba en los ojos mientras la policía marroquí nos lanzaba piedras a la cabeza”

Ensañamiento a ambos lados de la frontera

Acorralados durante dos horas, los agentes de ambos lados se ensañaron con las víctimas. “La policía española nos rociaba en los ojos mientras la policía marroquí nos lanzaba piedras a la cabeza”, recuerda Salih, un sudanés de 27 años. Según uno de los testigos, la policía española obligó a algunos heridos a cruzar de nuevo la frontera a Marruecos aunque estaban sangrando o con heridas abiertas”. Muchas de las personas devueltas sumariamente a Marruecos fueron encarceladas y sometidas a nuevos abusos y violencia. “Todas las personas capturadas fueron llevadas a prisión por la policía marroquí, y después en la prisión las golpeaban con martillos en la cabeza hasta que morían. Otras cuando las golpearon también fallecieron”, relata uno de los supervivientes.

España y Marruecos coincidieron en su decisión de no prestar asistencia médica rápida a los heridos

Aquella jornada España y Marruecos coincidieron, además, en su decisión de no prestar asistencia médica rápida a los heridos. Negaron el acceso a la zona al equipo de una ambulancia de Cruz Roja, mientras decenas de personas quedaban desatendidas a pleno sol durante al menos ocho horas, denuncia Amnistía. Tras la tragedia, hasta 500 personas fueron trasladadas a zonas remotas de Marruecos y arrojadas en la carretera, lejos de los núcleos urbanos.

“La fuerza ilegítima empleada en Melilla ha dejado una mancha indeleble no sólo en las manos de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, sino también en las manos de todas las personas que impulsan políticas migratorias racistas, basadas en la probabilidad de infligir daños y violencia a quienes intentan cruzar fronteras. En vez de fortificar las fronteras, las autoridades deben abrir vías seguras y legales para las personas que buscan seguridad en Europa”, reclama Callamard. Tras  una visita a Melilla a fines de noviembre, la comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa censuró el hecho de que los solicitantes de asilo en Marruecos no tengan ningún acceso “genuino y efectivo” al asilo en el puesto fronterizo. A los migrantes apenas les queda otra opción que intentar cruzar la frontera ilegalmente.