Pedro Sánchez, su Gobierno y la dirección del PSOE llevan años reiterando que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña porque no lo permite la Constitución y no cabe. Su propia hemeroteca está llena de afirmaciones en el mismo sentido. Pero ahora el presidente, su Ejecutivo y Ferraz chocan con sus palabras después de la reforma de la malversación, que durante semanas negó con vehemencia estar negociando con ERC, que aprobó este martes la Comisión de Justicia del Congreso y que validará el pleno de la Cámara baja el próximo jueves para que el Senado la tramite en solo una semana, justo antes de Navidad. El Gobierno rechaza tajantemente que la siguiente pantalla sea una consulta pactada, como demandan los republicanos, pero su credibilidad se halla herida.

Hurgó en esa grieta este martes el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, y también lo hizo la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, al asegurar que en otras ocasiones también el Ejecutivo de Sánchez dijo que no y luego se acabó desdiciendo y traspasando la línea que él mismo se había marcado. Sobre esa erosión de la credibilidad giraron varias preguntas de los periodistas este martes a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Y sobre la posibilidad de una consulta. "Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar porque lo prohíbe la Constitución", subrayó.

La ministra fue muy enfática a la hora de negar una consulta, pero en cambio esquivó en hasta cuatro ocasiones valorar las durísimas palabras de Page, que señaló que no es tolerable pactar con "delincuentes su propia condena", que está "dolido como español y como militante del PSOE" y que no se puede tratar como "tontos" a los ciudadanos.

Page se declaró "dolido" como español y como militante socialista y subrayó que no se puede pactar con "delincuentes su propia condena"

Rodríguez directamente ignoró las tres primeras preguntas de los periodistas, y cuando por cuarta vez se le inquirió por qué no se manifestaba, ella sostuvo que su función, como portavoz, es "marcar la posición del Gobierno". Y entonces enlazó con una reflexión general de la gestión del Ejecutivo: busca ofrecer "soluciones" allí donde hay problemas, en todos los ámbitos y también para desinflamar Cataluña. Lo ha hecho, resumió, con la crisis energética o con el alza de los precios, frente a un PP que no ayuda y que recurre a las "emociones" para criticar al Gobierno, al "ruido" y al "insulto". El Ejecutivo está "en resolver los problemas de convivencia, dando soluciones a Cataluña, y en el día a día de la gente. Este es nuestro afán cada día", rubricó.

Fuentes del Ejecutivo apuntaron que las palabras de Page son una "cuestión de partido" y que la Moncloa no debe responder. Creen que el presidente castellanomanchego "está en sus cosas" y recuerdan que no es la primera vez que expresa sus discrepancias con decisiones de Sánchez. Pero en el equipo del presidente consideran que la polémica reforma de la malversación —que supone rebajar la pena a cuatro años cuando hay un desvío presupuestario irregular pero que en algunos casos podría resolverse con multa, sin cárcel—, no tendrá coste electoral porque los ciudadanos sabrán apreciar que la situación se ha destensado respecto a 2017.

El Gobierno está siendo "eficaz" con Cataluña

Rodríguez, de hecho, defendió el cambio de la malversación —sobre la que dijo hace una semana, el pasado 5 de diciembre, que no había "ninguna novedad"— insistiendo en los argumentos ofrecidos hasta ahora por el partido: que se armonizan las penas con el contexto europeo, que no se despenaliza "ningún tipo de malversación", que se "endurece" incluso la persecución de los corruptos y que se crea un nuevo delito de enriquecimiento ilícito.

Rodríguez defiende que el Ejecutivo busca "recuperar la concordia y la convivencia" y agrega que en Cataluña se cumple la Constitución desde que Sánchez llegó a la Moncloa

Pero la portavoz también reiteró las razones políticas: el objetivo prioritario del Gobierno es "recuperar la concordia y la convivencia" en Cataluña. "Y el tiempo nos está dando la razón", el Ejecutivo está siendo "eficaz" en esa tarea, "puede presumir de haber avanzado mucho en esa dirección". El Ejecutivo no quiere "volver a la Cataluña de 2017", a la del procés, dijo. Agregó la titular de Política Territorial que desde que Sánchez es presidente "en Cataluña se cumple la ley y la Constitución", y se ha "recobrado la concordia y la concordia". Como prueba de que se ha avanzado hacia la "normalización", la ministra recordó que Cataluña era en 2017 el segundo problema citado por los españoles, y ahora está entre las últimas inquietudes de los ciudadanos. "Es lo que heredó este Gobierno y con valentía afrontó Pedro Sánchez", defendió.

ERC presentó ayer lunes, cuando en el Congreso se tramitaba a toda velocidad el cambio en la malversación, su ponencia política, en la que plantea las condiciones para un futuro referéndum pactado con el Estado: un mínimo del 50% de participación y un 55% de apoyo. Rodríguez subrayó que la agenda de la formación independentista es la suya y es "contraria a la Constitución", por lo que "no se celebrará ningún referéndum".

Los periodistas insistieron, le preguntaron cómo puede ser creíble el Gobierno en sus afirmaciones después de que el Ejecutivo jamás hablara de suprimir el delito de sedición (sí insistió en que su compromiso era modificarlo, no derogarlo), o que negara que estuviera negociando el cambio en la malversación, cuando lo ha acabado haciendo.

Y le recordaron las palabras de la portavoz del Govern, quien este mismo martes señalaba que los republicanos están acostumbrados al "no por el no", y que el Ejecutivo ya dijo que no habría mesa de diálogo, ni indultos, ni suprimiría la sedición. "Ahora dicen lo mismo respecto al referéndum", remachó Patrícia Plaja.

El compromiso de la mesa de diálogo de julio

"Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar porque lo prohíbe la Constitución", respondió tajante Rodríguez. Horas antes había sido igual de rotundo el ministro de la Presidencia, miembro también del núcleo duro de Sánchez y muñidor de la reforma del Código Penal. No cabe una consulta "ni por la vía pactada ni por la vía unilateral". Félix Bolaños respondió así en La hora de La 1 (TVE) al líder de ERC, Oriol Junqueras, quien en una entrevista con Gemma Nierga en el programa de la tele pública Cafè d'idees aseguró que la organización de un referéndum "no está contemplada en el Código Penal y por tanto no es delito" y que es democrático incluso si se convoca por la vía unilateral.

Bolaños sostiene que no cabe una consulta ni unilateral ni pactada: "Es contrario a nuestra Constitución y no se puede celebrar. Es divisiva y solo cronificaría el conflicto"

"El referéndum es contrario a nuestra Constitución y no se puede celebrar. Tampoco es una solución porque es divisiva y solo cronificaría el conflicto", subrayó Bolaños. El ministro recordó que en la mesa de diálogo del pasado julio el Govern se comprometió por escrito a hacer política "dentro de la ley y la Constitución", cerrando el paso por la vía unilateral. Además, incidió, en la mesa se ha hablado siempre de que las soluciones "tienen que ser transversales y que busquen puentes de entendimiento", no confrontación. El Ejecutivo "descarta" que se pueda producir una consulta por la vía unilateral, como ocurrió en 2017.

Bolaños avisa a ERC: "No va a haber ningún referéndum ni por la vía pactada ni por la unilateral"

No lo cree así el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. En una entrevista en Onda Cero, sostuvo que es "bastante probable" que los independentistas celebren un referéndum, pero el Ejecutivo "lo va a endulzar". También cargó contra Sánchez por legislar "con nombre y apellidos", porque eso también es "una forma de corrupción".