El líder de Vox, Santiago Abascal, no pone fecha a la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e insiste en que el partido continuará recabando "los apoyos necesarios" entre la clase política y la sociedad civil. Sin más detalle, ni de candidatos contemplados ni de posibles socios, más allá de Ciudadanos (Cs), favorable al uso de esta herramienta parlamentaria. Aunque el calendario actual deja poco margen de actuación en lo que resta de año y ello llevaría prolongaría el trámite, como mínimo, hasta enero -por entonces Cs tendrá ya nuevo liderazgo-. Este propósito de moción, aún sin definir, surge como respuesta de los últimos movimientos del PSOE, Unidas Podemos y ERC en el Congreso de los Diputados. Los socialistas, en el contexto de modificación del Código Penal en lo relativo al delito de sedición, que pretende remplazar por otro de desordenes públicos agravados, ha aceptado las enmiendas de los republicanos para cambiar las penas por malversación. Ello hace una distinción entre lucro personal directo e indirecto. Por otro lado, ha enmendado su propio texto junto a Unidas Podemos para realizar una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para forzar el desbloqueo del Tribunal Constitucional (TC) y asegurar el vuelco progresista de la institución tras la negativa a negociar por parte del Partido Popular (PP); a quien acusan del "secuestro" de la Justicia.

Frenada la efusividad por la moción hasta nuevo aviso, aunque comprometido a presentarla, Vox se volcará paralelamente con acciones parlamentarias para "impedir" que estas enmiendas lleguen a buen puerto. Como ya hizo el Grupo en la cámara baja una vez PSOE y Unidas Podemos dieron el primer paso con la reforma de sedición, los ultraconservadores presentarán una nueva solicitud de inadmisión -la anterior fue rechazada- de las enmiendas acordadas. A ello, se unirá la petición de que el proceso de reforma del Código Penal quede paralizado hasta que, bajo demanda previa al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se emitan dos informes que especifiquen los cambios concretos que se quieren llevar a cabo y las "graves consecuencias" que tendrán los mismos. "Es una barbaridad jurídica, porque no escuchan la opinión del Constitucional", apuntan fuentes de la cúpula de Vox, en relación al cambio rápido del artículo 599.1.1ª de la LOPJ, que sustituye la mayoría de tres quintos a simple la capacidad del Consejo para hacer nombramientos. Dos que se sumarán a los ya hechos por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez.

Vox justifica la petición de esos informes institucionales para dotar a todos los parlamentarios, incluidos los del PSOE, de la información necesaria sobre lo que el Gobierno propone a nivel judicial. Y así, todo el que vote a favor pese a las advertencias -que prevén- del CGPJ y del Consejo de Estado, "se retrate públicamente". "Es el momento de que se manifieste toda la cámara", aseguran los de Abascal. "La Mesa puede decidir que no se aceptan" las enmiendas e instar a los grupos del Gobierno que busquen culminar el trámite a través de un proyecto de ley previa aprobación en Consejo de Ministros, señalan fuentes de Bambú. Pero consideran que este escenario no terminará dándose por el balance de fuerzas de la Mesa, donde predominan PSOE y Unidas Podemos. De no tomarse, finalmente, en consideración, Vox acudirá al TC para requerir un recurso de amparo. En la dirección nacional ven posibilidad de frenar el proceso parlamentario de la sedición, al menos en lo que respecta al delito de malversación y a los nombramientos del Constitucional. Y lo justifican con la existencia de "un precedente" al inicio del primer ejecutivo del PP de Mariano Rajoy.

El precedente del PP y el 'plan Ibarretxe'

Vox se refiere así a la sentencia 119/2011 del TC. El Grupo Socialista del Senado pidió el amparo del Constitucional ante la admisión hecha por la Mesa de la Cámara Alta de varias enmiendas del PP a la Ley de Arbitraje en 2003. Estas enmiendas sirvieron a los populares para tipificar en el Código Penal como delito la realización de referéndums ilegales, en un contexto donde el lehendakari Juan José Ibarretxe proponía un nuevo Estatuto vasco para pasar de una autonomía más dentro del Estado a convertirse en otro "asociado libre" como preámbulo hacia un modelo confederal. A ello se denominó como 'plan Ibarretxe'. En julio de 2011, el TC indicó, como recuerda Vox, que se produjo una vulneración de los derechos parlamentarios, al aceptarse en el Senado unas enmiendas que no tenían nada que ver con la materia legislativa planteada.

Una vez el Senado de el visto bueno a la reforma del delito de sedición, que contiene las enmiendas sobre el TC, no habrá vuelta atrás. Si podrá revertirse los cambios del Código Penal y contrarreformar la LOPJ

El problema que se plantea a Vox es que la reforma propuesta por el PSOE y Unidas Podemos tiene carácter inmediato. Este jueves se debate y vota la propuesta en las Cortes, por lo que si los de Abascal quieren llegar a tiempo deberán presentar ese recurso de amparo a través de medidas cautelares, para que el TC paralice el proceso parlamentario antes de que el Senado refrende los cambios. Y es que si se atiende al precedente mencionado, transcurrieron casi siete años desde que se solicita hasta que el Alto Tribunal se pronuncia favorablemente. Ello, sin embargo, Vox no lo ha puntualizado. Tampoco el PP, que el viernes pasado anunció desde sede parlamentaria que seguirán la misma línea que Vox. Y es que, una vez se culminen los cambios, no habrá vuelta atrás. Al menos en lo que se refiere a la reforma exprés de la LOPJ para renovar un tercio del TC. Principalmente, porque esa mayoría progresista que se instaurará la elección de Campo y Díez, a la espera de que el CGPJ elija sus representantes, podría rechazarlo. Sí podría abordarse otra reforma de la ley por parte de un nuevo Ejecutivo.

De no prosperar tampoco esta vía, Vox empleará una de sus principales bazas en lo que llevamos de legislatura: la herramienta del recurso de inconstitucionalidad. En total, el Grupo Vox ha presentado ante el TC 42 recursos de ese tipo. Desde Bambú los de Abascal comparan esta forma de legislara, "por la puerta de atrás", con los planteamientos del procés. "Es lo mismo que hicieron los separatistas en septiembre de 2017", comparan en referencia a las leyes de transitoriedad que fueron frenadas por el Constitucional.