En estas semanas de acelerón legislativo en las que unas noticias se solapan prácticamente con las siguientes, en las que apenas hay tiempo para procesar las consecuencias de cada paso del Gobierno o de la oposición, irrumpió una decisión del Tribunal Constitucional de primera magnitud: la convocatoria de un pleno "extraordinario y urgente" para las 10 de la mañana de este jueves para decidir si paraliza la reforma promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para forzar el desbloqueo y renovación del propio tribunal de garantías. No hay precedentes que se recuerden, en más de 40 años de democracia, de que se frene la votación de una proposición de ley en el Congreso. Pero, sobre el papel, esa opción es factible, lo que conduciría a un choque institucional inédito. Pero el solo hecho de que el presidente del TC, el conservador Pedro González-Trevijano, convocara a sus compañeros para decidir si admite la petición de medidas cautelarísimas reclamadas por el PP indignó al Gobierno: parar al legislador, subrayan desde la Moncloa, "sería gravísimo, sería hurtar la soberanía nacional".

El Gabinete de Sánchez prefiere no situarse todavía en el escenario de que, en efecto, el TC pare la votación en el Congreso de este jueves, cuando el pleno tenga que pronunciarse sobre la reforma exprés del Código Penal, porque sería tanto como "no respetar la división de poderes". "El TC puede dictar sentencias a posteriori, como siempre hace, y el PP está en su derecho de recurrir y que el TC diga lo que sea, pero el tribunal no puede tomar una decisión como en Minority report, antes de que se cometa el crimen. Debe decidir primero el legislador y luego que entre el TC para echarlo atrás, pero no puede pararlo de antemano, de forma preventiva", reflexionan fuentes de la Moncloa, sin poder ocultar la irritación y el shock que la decisión de Trevijano ha generado. El TC tiene hoy mayoría conservadora (6 a 5) y tiene a un tercio de sus magistrados con el mandato vencido desde el pasado junio.

El PP recurrió en amparo las enmiendas que cambian las leyes del TC y del Poder Judicial para forzar el desbloqueo del tribunal de garantías

Todo parte de un recurso de amparo presentado por el PP este mismo miércoles contra el "ataque" del Gobierno al Poder Judicial, en palabras de la número dos del partido, Cuca Gamarra. La impugnación se dirige contra el acuerdo del pasado lunes, 12 de diciembre, de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, por el que se admitieron a trámite las enmiendas parciales número 61 y 62 registradas por el PSOE y Unidas Podemos en el seno de la proposición de ley de supresión del delito de sedición. En esas enmiendas [aquí en PDF], los dos grupos planteaban la modificación de dos leyes orgánicas que nada tienen que ver con el Código Penal: la que regula el Tribunal Constitucional y la del Poder Judicial.

Por la primera, los partidos que sustentan al Gobierno suprimen el procedimiento de verificación previa del TC a los nuevos magistrados que se incorporan y deshacen la necesidad de renovación por tercios completos. Por la segunda, se rebajan las mayorías para que el Consejo General del Poder Judicial nombre a sus dos candidatos al Constitucional: de tres quintos (11 votos) a mayoría simple. Y además los dos grupos plantean que en caso de que el órgano de gobierno de los jueces incumpla su obligación de postular a dos magistrados, se pueda exigir a sus vocales incluso responsabilidades penales.

El PP también recurrió el acuerdo del pasado martes, 13 de diciembre, del presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Felipe Sicilia, por el que decidió no convocar a la Mesa del órgano para resolver la reconsideración planteada la víspera por los diputados populares frente al acuerdo de admisión de enmiendas. El PP reclama, como medida cautelarísima, que se suspenda la admisión a trámite de esas dos enmiendas, independientemente del momento en el que se halle la iniciativa legislativa, informa Europa Press. Justo este jueves el pleno del Congreso vota el dictamen de la proposición de ley que incorpora las dos enmiendas recurridas, las que tocan las leyes del TC y del Poder Judicial. De hecho, lo que quiere el PP es que los magistrados se pronuncien antes de que la Cámara pueda votar esas enmiendas.

Enrique Arnaldo lleva la ponencia

La ponencia sobre el recurso recayó en el magistrado Enrique Arnaldo, nombrado a propuesta del PP y muy cercano al partido. González-Trevijano, tras haberlo consultado con el vicepresidente de la institución, el progresista Juan Antonio Xiol, propuso la avocación por el pleno del conocimiento del recurso en una convocatoria extraordinaria y urgente. El pleno, pues, resolverá sobre la admisión a trámite de la impugnación y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas requeridas por el PP. En realidad, lo natural habría sido que el recurso lo hubiera analizado la Sala Segunda del TC, en la que están empatados 3 a 3 los progresistas y los conservadores, por lo que en caso de empate decide el presidente de la misma, que en este caso es Xiol. Al decidir Trevijano llevarlo al pleno, será este el que decida, y en él la mayoría es conservadora, de 6 a 5.

En Ferraz esperan que el paso en el TC no suponga una "escalada en la presión del PP a la judicatura, seguida por los magistrados conservadores"

Para el Gobierno, esta es una prueba más del control que el PP ejerce sobre la derecha judicial y que refuerza su argumento de que hay que proceder a la renovación de los órganos constitucionales cuyo mandato ha vencido cuanto antes. "Es como que el PP le hubiera pedido al TC que le pare lo que el PP no puede parar con sus votos en el Congreso. Que se rapte la soberanía nacional, dando un golpe de Estado, es gravísimo. Es un golpe de Estado a las Cortes y no se va a dar. Los conservadores primero usurparon las instituciones, al secuestrarlas e impedir su renovación, y luego las utilizan contra el Legislativo", valoran fuentes del Ejecutivo.

En Ferraz, por su parte, también se declaran "estupefactos" y confían en que esta decisión no suponga una "escalada en la presión del PP a la judicatura, seguida por los magistrados conservadores". "El PP está llevando a la Justicia de este país a un punto impensable para cualquier demócrata", protestan. A los socialistas les indignó especialmente que el líder de los conservadores dijera en Onda Cero, hace una semana, que mantiene el bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces para "proteger el Poder Judicial", porque el Ejecutivo quiere "controlar la Justicia y politizarla". Para la cúpula del PSOE, Feijóo estaba diciendo que quería seguir disfrutando de su mayoría conservadora en la Justicia, que se corresponde con la mayoría que tenía su partido cuando Mariano Rajoy ganó por la absoluta.

"El PP está ahora intentando secuestrar al TC —asegura una ministra de mucho peso—. Es curioso que intente alegar que interferimos en la democracia de los órganos constitucionales cuando ellos pretenden que la democracia no se abra paso. Es que todos los poderes dimanan del pueblo. Todos". La cúpula socialista subraya que el TC tiene que decidir sobre cuestiones nucleares, sobre avances legislativos como el aborto y la eutanasia, y teme que ocurra como en EEUU, donde el Supremo echó atrás el derecho al aborto. "¿Qué va a hacer el TC? ¿Corregir al Legislativo? ¿Pero de qué estamos hablando?", se pregunta esta ministra.

Este jueves el pleno del Congreso debate la reforma del Código Penal desde las 14 horas. La próxima semana lo hará el Senado

En el Congreso, fuentes próximas a su presidenta, la socialista Meritxell Batet, también se reconocen sorprendidas por el paso dado por el TC y aún no saben cómo habrá que reaccionar a la resolución que, en su caso, adopten los magistrados. El debate en el hemiciclo de la proposición de ley de derogación de la sedición —y que al final incorpora la rebaja de la malversación, la creación del delito de enriquecimiento ilícito o los cambios en las leyes del TC y del Poder Judicial— se espera a partir de las 14 horas. Y la votación, hacia las cinco de la tarde. El pleno del TC está convocado a las diez de la mañana. El Senado abordará la reforma la semana que viene y previsiblemente le dará su visto bueno final el jueves 22 de diciembre.

Las críticas de Lambán y la charla Illa-Page

La decisión tan inesperada y de tantísima carga política del TC eclipsó el debate sobre la malversación, que este miércoles siguió coleando en el partido después de que el presidente aragonés, Javier Lambán, secundara a su compañero castellanomanchego, Emiliano García-Page, y criticara la modificación, aunque con formas menos duras. Lambán considera que las penas por malversación de caudales públicos para montar un referéndum deberían ser agravadas (y no lo contrario) y juzga imprescindible "rearmar" al Estado, y no desarmarlo.

El líder del PSC cuenta que ha cruzado mensajes con Page para pedirle "altura de miras" y tranquilizarle sobre la posición de los socialistas catalanes

Aunque el malestar está bastante extendido en el PSOE, la voz crítica que más fuerte ha sonado es la de Page. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, relató este miércoles que ha intercambiado mensajes con él para pedirle "altura de miras", calma en "un momento tan importante para la convivencia en Cataluña, desde la evidencia de que la situación es mejor que la de hace cinco años". También le trasladó que "lo que es bueno para Cataluña es bueno para España" y le aseguró que el PSC "ha garantizado y garantizará el cumplimiento íntegro de la Constitución". Page es el único barón con el que Illa ha hablado, contó, puesto que no ha conversado con Lambán o con el extremeño Guillermo Fernández Vara.

El líder del PSC decía este miércoles en una entrevista en El Confidencial que no habrá referéndum de autodeterminación como pide el PSC, pero sí una consulta entre los catalanes. Se refería a una posición muy consolidada en su partido y que se plasmó en el acuerdo con ERC que hizo posible la investidura de Sánchez en 2020, pero que sin embargo sonaba, en un contexto en el que los independentistas vuelven a apretar con el referéndum, poco "pertinente" u "oportuno", a juicio de algunos de sus compañeros. Por eso, Illa, aunque confirmó que se refería a una reforma estatutaria que acabara en un consulta a los catalanes sobre la misma, no quiso dar más detalles e insistió en que quería dejar claro que "no habrá referéndum de autodeterminación". El mismo énfasis lo puso desde el Congreso, en Madrid, la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero. El problema radica en que la credibilidad de la cúpula ha salido malparada tras la reforma de la malversación, cuya negociación con ERC el Gobierno negó hasta la semana pasada.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, interviene en el pleno del Parlament de Catalunya este 14 de diciembre de 2022. EUROPA PRESS / DAVID ZORRAKINO

En Ferraz defienden que "mayoritariamente" sí se entiende la posición del Ejecutivo, la necesidad de la rebaja de la malversación para consolidar la política de la distensión y el "reencuentro" con Cataluña. "La gente nos expresa la complejidad del momento. Ninguno le quita importancia, pero entienden que el Gobierno trabaja por la convivencia", subrayan.

Hay que "explicarlo bien"

Para la dirección de Sánchez, el salto cualitativo es que ERC ha dado su visto bueno a un acuerdo que reconoce que las conductas del 1-O, de la que ellos fueron "protagonistas", son reprochables penalmente. Que fueron delitos, "y eso tiene un valor político muy importante". "Junts en el Senado se fue esta semana contra ERC por esa enmienda, le dijo a la cara que criminalizaba el referéndum ilegal".

Ferraz admite que la situación interna con la malversación es "compleja" y añade que para ERC también es difícil firmar una reforma que reconoce que hubo delito el 1-O. De ahí sus "maniobras de distracción" con el referéndum, señala

Por esa misma razón desde el equipo del presidente contextualizan la petición de referéndum de Oriol Junqueras como "una maniobra de distracción", porque para ERC el reconocimiento de que los condenados del procés lo fueron porque "se saltaron la ley, cuando defendieron lo contrario, es también complicado". Es más, cuentan que a ERC "le costó mucho presentar su propuesta de reforma de la malversación y firmar la transaccional con el PSOE".

Desde Ferraz asumen que en el partido existe la conciencia de que la "situación es compleja", dura, que obliga a "explicarlo bien" y saber "trasladar a los ciudadanos que lejos de abaratar los delitos de corrupción se endurecen", y que no merecen el mismo reproche penal "quienes se llevan el dinero a casa que quien usa un dinero público para un fin distinto al inicialmente previsto". Admiten en la cúpula que la digestión interna del cambio de la malversación está siendo mucho más conflictiva que la asimilación de la sedición: "A nuestra gente le da mucho miedo que se dé la apariencia de que estamos siendo tolerantes con la corrupción". Por esa razón el presidente recalcaba en Barcelona que era consciente de que estaba tomando decisiones "arriesgadas", recuerdan.

Pero el impacto de la malversación se mitigará por unas horas. Hasta ver qué hace el TC y si adopta una decisión inédita y de enorme trascendencia.