Los socialistas intentan defenderse y salvar la reforma exprés, tramitada a través de dos enmiendas, que busca forzar el desbloqueo del Tribunal Constitucional. Este jueves se presentaron a primera hora en el TC para pedir a los magistrados que les permitan su personación y no adopten las medidas cautelarísimas que reclamaba ayer el PP y, por tanto, no suspendan la tramitación de esa reforma en las Cortes. Unidas Podemos también presentó su propio recurso y pide apartar de la decisión a dos magistrados de la institución.

El movimiento de urgencia del PSOE se explica por lo insólito del procedimiento que se ventila este mismo jueves en el tribunal de garantías. Los populares recurrieron ayer en amparo la tramitación, por la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, de dos enmiendas promovidas por el PSOE y Unidas Podemos, por la que impulsaban el cambio de dos leyes orgánicas, la del TC y la del Poder Judicial, y obligar a la renovación del alto tribunal. El problema es que lo hacían a través de esas dos enmiendas, la 61 y la 62, que no tienen ningún tipo de conexión con la reforma de la que cuelgan, la del Código Penal, la que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación y crea una nueva figura, la del enriquecimiento ilícito. El presidente del TC, el conservador Pedro González-Trevijano, decidió entonces convocar un pleno "extraordinario y urgente" para las 10 horas de este 14 de diciembre, en el que se decida si da curso al amparo pedido por el PP y acepta sus medidas cautelarísimas: suspender la tramitación legislativa de esas dos enmiendas, lo que se traduciría en un choque inédito con el Poder Legislativo.

Rechaza que quepa la suspensión porque no hay perjuicios de difícil reparación porque el trámite legislativo no ha concluido todavía

El escrito elevado este jueves al TC [aquí en PDF], apenas minutos antes del pleno convocado por Trevijano, lo firma la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara baja, Isaura Leal. La diputada pide, de entrada, que se acepten sus alegaciones, aunque se trate de una resolución de unas cautelarísimas, en las que por su naturaleza no se escucha a la otra parte. Y después entra en el fondo. Considera que debe impedirse la paralización de la reforma por varias razones.

Primero, porque la suspensión es, según la ley, una medida "provisional de carácter extraordinario y de aplicación restrictiva", que solo se admite cuando la ejecución del acto impugnado provoca un "perjuicio al recurrente". Es decir, que el PP debiera probar y justificar que serían "de difícil reparación" los perjuicios que le produjera la aprobación de estas dos enmiendas.

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Eso no ocurriría ahora mismo, dice el PSOE, porque el procedimiento legislativo no ha concluido —hoy estaba prevista su aprobación por el pleno en el Congreso, pero falta aún el trámite en el Senado, que se sustanciará en principio la semana que viene— y porque el PP ya ha anunciado un eventual recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley, una vez que esté aprobada y en vigor. En ese momento, prosiguen los socialistas, el TC podrá pronunciarse tanto del fondo como del procedimiento seguido por las Cortes. Recuerdan asimismo que el trámite de la suspensión no puede entrar en el análisis de la cuestión de fondo ni anticipar lo que pueda ser resuelto en la sentencia. De nuevo, el argumento es que la suspensión es una figura "excepcional".

La potestad legislativa, herida

Segunda razón expuesta por el PSOE: que el propio TC ha establecido que la suspensión no puede producir una "perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido". Entiende que la adopción de una cautelarísima como la pedida por el PP sería la paralización de todo o parte de un procedimiento en curso en el Congreso y afectaría a "uno de los fundamentos de nuestra democracia". "El ejercicio de la potestad legislativa por las Cortes Generales es una de las bases del Estado de Derecho y acordar la suspensión de un procedimiento legislativo que se está desarrollando en este momento en las Cámaras supondría afectar directamente al mismo", escribe.

Cree el PSOE que se vulneraría el derecho de los diputados y se trataría de una "injerencia" del TC en un poder del Estado

Recalca Leal que el trámite seguido por las Cámaras sí respeta las previsiones reglamentarias y todas las fases programadas: toma en consideración de la iniciativa (24 de noviembre), debate de totalidad (1 de diciembre), plazo de enmiendas (hasta el 9 de diciembre), ponencia parlamentaria (el pasado lunes, día 12), dictamen aprobado por la Comisión de Justicia (el día 13) y pleno de la Cámara (este jueves). Los socialistas consideran que si se frena la votación se impediría a los diputados ejercer sus funciones parlamentarias, como representantes de la soberanía popular, por lo que se "vulneraría el derecho" de los ciudadanos a participar de los asuntos públicos a través de sus representantes. Se trataría, pues, de una "injerencia" del TC en otro poder del Estado, prejuzgando "una resolución de fondo respecto de un eventual vicio procedimental que, de darse, podría constatarse posteriormente".

El escrito incide en que no hay "precedentes" de la suspensión del procedimiento legislativo en las Cortes por petición de un grupo minoritario de diputados, y remarca que no ha habido "vulneración alguna" de los derechos de los parlamentarios del PP, como estos alegaron. "Sí existiría" si se impidiera a sus señorías este jueves debatir y votar la proposición de ley.

El tercer argumento expuesto por los socialistas es que debe prevalecer la "presunción de legalidad de los acuerdos de la Mesa del Parlamento", conforme a la doctrina del propio TC. Porque la autonomía parlamentaria es "objeto de protección constitucional" y "una de las conquistas más importantes para la consolidación del Estado constitucional". Adoptar una cautelarísima como la que reclama el PP conllevaría, dice el PSOE, "presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de gobierno de la Cámara [...] y la mayoría de los diputados que han votado y aprobado los textos en las distintas fase del procedimiento legislativo".

Por todo ello, Leal pide al TC que la tenga por personada, que se tramiten las alegaciones de los socialistas y se les tenga como opuestos a cualquier medida cautelar solicitada por el PP.

"La amenaza más grave desde el 23-F"

También presentó su propio escrito el grupo de Unidas Podemos, según anunció este jueves su presidente, Jaume Asens. También en el mismo sentido que el PSOE. "Es la amenaza más grave a la democracia desde el 23-F y, por eso, ayer por la noche presentamos un escrito compareciendo ante el Tribunal Constitucional para que se nos permita hablar en el pleno", sostuvo el diputado. UP pide además que se aparten de la decisión dos de los magistrados del TC: el presidente, González-Trevijano, y Antonio Narváez, pues ambos tendrían que haber sido relevados ya, sustituidos por los dos nombrados por el Gobierno y que aún no han podido ingresar en el órgano. Los morados sustentan su petición en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que indica que es causa de abstención y, en su caso, de recusación, tener interés directo o indirecto en el pleito o causa".

Cuando la tengamos [la comunicación del TC], la analizaremos, la estudiaremos y tomaremos decisiones", señala el vicepresidente primero del Congreso

El portavoz socialista, Patxi López, expresó en la Cámara baja su preocupación por "deriva de la derecha" y su "maniobra sin precedentes" para impedir que el Legislativo cumpla su función. "Es un salto cualitativo que viene a confirmar el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando" y, por eso, confía en que el TC "no vaya por ese camino". El dirigente del PSOE recordó que hay cuatro miembros del tribunal de garantías con su mandato vencido —entre ellos, el presidente, González-Trevijano— y sostuvo que lo lógico es que los magistrados decidieran sobre la constitucionalidad de la reforma, pero cuando se aprobase, "no antes". Si el TC admitiera a trámite la petición del PP, "de alguna forma sería una intromisión" del Judicial en el Legislativo.

También el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, reconoció la sorpresa, la situación "absolutamente nueva para la democracia española" la reunión del TC para suspender una tramitación parlamentaria, cuando lo natural es que los magistrados se pronuncien después de que se aprueben los textos. ¿Y qué hará la Cámara baja si el TC pide paralizar la votación? "Cuando la tengamos [la comunicación oficial], la analizaremos, la estudiaremos y tomaremos decisiones", apuntó, informa EFE.