Al inicio de semana Vox dejaba clara su actuación jurídica para intentar paralizar la reforma del Código Penal -para eliminar la sedición y rebajar las penas por malversación tras aceptar una enmienda de ERC- y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la del Tribunal Constitucional. Todo ello, orquestado en paralelo con la moción de censura planteada el viernes pasado como respuesta a la acción del PSOE y Unidas Podemos, que enmendaron parcialmente [las número 61 y 62] el texto inicial de sedición propuesto para añadir el resto de cambios. El partido que lidera Santiago Abascal marcaba un itinerario concreto que seguir: solicitar la inadmisión de esas enmiendas a la Mesa del Congreso y el bloqueo de la tramitación de la nueva norma hasta la elaboración de informes jurídicos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado. Y de no prosperar esa petición, acudirían con un recurso al amparo del Tribunal Constitucional (TC). En la última reunión de la Mesa del Congreso, este martes, Vox pidió esa inadmisión e informes del "letrado mayor" de la cámara baja al considerar que el método 'ómnibus' utilizado por el Ejecutivo es "inconstitucional", pero el órgano y la Junta de Portavoces, con mayoría de la izquierda, lo rechazaron.

Esa negativa, despejaba el camino a Vox para lanzarse con un recurso de amparo con medidas cautelarísimas -a pronunciarse en 24 horas- para que el TC valorara suspender la celebración del pleno extraordinario que hoy desarrolla el Congreso para aprobar la proposición de ley para instalar un delito de desórdenes públicos agravados. Sin embargo, el partido no solo no ha anunciado que vaya a proceder en ese horizonte de amparo a lo largo de la jornada de ayer -aunque sí habla de recurso-, sino que ha sido el Partido Popular (PP) quien ha tomado la iniciativa judicial contra las modificaciones pretendidas por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Así lo anunciaba en sede parlamentaria la secretaria general del PP y portavoz del Grupo, Cuca Gamarra, tras la sesión de control al Ejecutivo.

Aún quedaba margen para que Vox siguiera la misma senda legal que el PP y presentara ese recurso. Algo que ha hecho esta misma mañana, al unísono de PSOE y Unidas Podemos, que han recurrido para que el TC no paralice el pleno. Pero el gesto anticipado de los populares supone un golpe sobre el tablero después de un mes de pinza política de los de Abascal -junto a Ciudadanos- para iniciar una moción de censura y tras días de reedición de esa demanda al calor de los nuevos movimientos del PSOE. Los populares descartan seguir el juego a Vox y ver condicionada su agenda política, e insisten en esperar a la convocatoria de elecciones generales como escenario verdadero de 'moción de los españoles'. Y pese a que estarían a disposición de valorar una abstención ante una candidatura alternativa como propone Vox, rechazan participar en ello porque entienden que daría oxígeno a Sánchez.

Desde el PP entienden este mecanismo judicial como más "útil" que la moción misma en la que trabaja Abascal y que pretende llegar a las Cortes en enero como muy tarde. Principalmente porque ella "no impide a Sánchez legislar con enmiendas y modificaciones de leyes orgánicas" como está haciendo en este momento". Solo retrasan la posibilidad de convocar elecciones generales, apuntan fuentes populares. Ahora bien, previsiblemente, la acción del PP no tendrá recorrido y el pleno extraordinario seguirá su curso.

Los populares admiten que las situación es complicada y aunque el TC puede desestimar su recurso de amparo, al menos hay que intentarlo

Para determinarlo, el Constitucional ha anunciado una reunión urgente para valorar si admite el recurso de amparo del PP, primero, y valorar, en consiguiente, si paraliza el pleno. Hay disparidad de opiniones, entre los que consideran que puede servir y los que entienden que, al no ver nada aprobado aún y ser un planteamiento, el TC coincidirá en no admitir el recurso e instar a los populares a volver a recurrir una vez se apruebe la modificación penal. Frente a la convicción a dar el paso de Gamarra o la existencia de precedentes judiciales, fuentes del PP rebajan las expectativas sobre el pronunciamiento: "La situación es complicada, pero al menos hay que intentarlo". En todo caso, lo que puede llegar a valorarse no es tanto la suspensión del pleno como tal, si no las valoraciones de la Comisión de Justicia de este lunes. Habrá noticias de ello previamente al pleno, que se prevé para la tarde.

Génova desplaza la movilización en la calle

Hace exactamente un mes, y frente a las movilizaciones anunciadas por Vox en la calle, Génova rechazaba coger el guante de Abascal para evitar reeditar la 'foto de Colón'. No obstante, el primer partido de la oposición no descartaba movilizar a la calle en contra de la derogación del delito de sedición si ello no pasaba por sumarse a "las manifestaciones de otros partidos". Un compromiso inicial que ha tenido las derivadas actuales y que es fruto de un acuerdo del PSOE con ERC para garantizar su apoyo a los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Ahora bien, los agravantes realizados por el Gobierno, que ERC empiece a hablar de un referéndum pactado y las conjeturas que hacen internamente en el PP han movido la balanza hacia comenzar una oposición más 'material' en los tribunales.

Y es que a diferencia del riesgo que supone hacer una convocatoria pública dado que la asistencia depende de múltiples factores, la vía jurídica garantiza al menos cumplir las expectativas y delegar en los jueces el éxito final o no. El PP justifica este paso no por competencia con Vox, si no porque prevé que estos cambios legales fomentados por el Gobierno puede dar pie a que, en caso de que el independentismo reanude su pugna al Estado y repita el itinerario del procés que culminó con el referéndum ilegal del 1-O. Y en este caso, por las reformas, no tendría consecuencias en pro de la impunidad, sostienen entre las filas populares.

Cargas contra la estrategia de Vox en Madrid

En un contexto de confrontación política y prelectoral con Vox, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la negativa a convalidar los nuevos presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid hecha por los de Rocío Monasterio, no responde más que a "los intereses particulares" del partido. Vox justifica su rechazo a las nuevas cuentas a la inadmisión de la Mesa de la Asamblea de Madrid de sus casi noventa enmiendas al texto presupuestario. Algo que desde el organismo atribuyen a que éstas fueron registradas seis minutos tarde. Vox niega "a los madrileños un presupuesto lleno de inversiones, sobre todo para la sanidad pública". "Ha vuelto a demostrar que su proyecto no es uno que defiende los intereses generales, sino los particulares de su formación política", ha considerado Feijóo.