La Fiscalía ha solicitado el archivo de la investigación sobre la caja B del Partido Popular que seguía el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre las presuntas entregas de dinero de empresarios a dicho partido para conseguir adjudicaciones públicas por no haber encontrado indicios suficientes de que las entregas de dinero tuvieran tal finalidad.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 reabrió la investigación, archivada en 2015 por el juez José De la Mata también por falta de pruebas, a raíz de las revelaciones en sala judicial del principal condenado del caso Gürtel, Francisco Correa, y del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. El primero afirmó gobiernos del Partido Popular adjudicaron contratos de obra a distintos empresarios que previamente habían realizado donaciones a dicha formación política y que Bárcenas era el encargado de canalizar qué organismos beneficiarían a quién. El extesorero, por su parte, envió en febrero de 2021 una carta a la Fiscalía Anticorrupción en la que aseguró que hubo donaciones con carácter "finalista" y que aportaría documentación probatoria que nunca aportó.

Previamente, en noviembre de 2020, el inspector de la Policía Manuel Morocho entregó al juez un amplio informe en el que recopilaba datos de su propia investigación sobre las donaciones de empresarios al Partido Popular que recogió Luis Bárcenas en sus "papeles", las libretas donde recogió la financiación paralela de la formación, y los cruzaba con datos de distintos casos de corrupción, viendo una posible relación con adjudicaciones públicas de gobiernos populares a los empresarios donantes.

Los técnicos del IGAE no encontraron indicios

El juez Pedraz acotó su investigación a 23 contratos públicos de hasta siete ministerios de los gobiernos de José María Aznar entre 2002 y 2004 por un valor de 600 millones de euros. Pidió un informe a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Los peritos de dicho órgano, que tardaron un año en realizar su informe y enviarlo a la Audiencia Nacional, no encontraron irregularidades en los proyectos de adjudicación de contratos, siendo la mayoría de los investigados asignados a Constructora Hispánica, de Alfonso García Pozuelo.

Después de analizar la información pericial y policial aportada a la causa, la Fiscalía Anticorrupción, en la investigación que ha llevado a cabo el fiscal Antonio Romeral, no ha visto indicios suficientes de que dichas comisiones tuvieran una intención finalista, la adjudicación de una obra pública. De ahí que haya pedido al juez el archivo de la causa.