La posibilidad de que el Tribunal Constitucional acabe paralizando a partir del lunes la tramitación de la reforma de su propia ley, la que forzaría su desbloqueo, sigue sobre la mesa. De producirse, ya no afectaría al trámite en el Congreso, que ayer concluyó con su aprobación por el pleno en una sesión bronca y trufada de acusaciones cruzadas de golpismo, sino al Senado, que discutirá y respaldará definitivamente el texto la semana próxima. Ese riesgo explica que el Gobierno reclamara este viernes al PP que retire su recurso de amparo ante el TC, porque las consecuencias de que fuera estimado y se adoptasen las medidas cautelarísimas serían "impredecibles".
Fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el que lanzó en nombre del Ejecutivo un mensaje "muy claro" al partido de Alberto Núñez Feijóo, esa petición de retirada del recurso de amparo. "El PP ha ido demasiado lejos, está tensionando las instituciones, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, está retorciendo la ley con un recurso que pretende que ocurra algo que no ha ocurrido en más de 40 años de democracia en España y que no ha ocurrido en ningún país del mundo: que se pare una votación democrática en un Parlamento democrático. Le pido al PP que retire ese recurso porque es impredecible —reiteró—. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría para la democracia si al final fuera estimado. No se puede permitir que haya nada que pueda parar una votación democrática del Parlamento elegido por los españoles".
No se puede permitir que haya nada que pueda parar una votación democrática del Parlamento elegido por los españoles"
FÉLIX BOLAÑOS, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Bolaños no contestó, sin embargo, aunque se le preguntó en varias ocasiones por ello, qué ocurrirá y qué harán el Gobierno y el Senado en caso de que la impugnación de los populares fuese atendida. Insistió en que es "inimaginable" que se abra esa puerta, porque las consecuencias de ese choque institucional serían "impredecibles", de ahí la "enorme irresponsabilidad de ese recurso", que a juicio del Ejecutivo debiera retirarse "hoy mismo" para dejar de "tensionar" las instituciones democráticas. El Senado debatirá en comisión y ponencia el martes próximo la reforma del Código Penal —que incluye las dos enmiendas para forzar la renovación del TC—, y el pleno aprobará la ley el jueves 22 de diciembre, si no hay cambios.
Anoche, a última hora, y desde Bruselas, al término del Consejo Europeo, el presidente, Pedro Sánchez, aludió a un "complot burdo" de la "derecha judicial y política", que intentó "amordazar" al Congreso. ¿Quién está detrás?, se le preguntó al titular de la Presidencia. "Si Feijóo encabeza esta operación, malo; si obedece a los elementos más extremistas y menos democráticos de la derecha de este país, peor", respondió.
"El 'procés' ha terminado"
Sánchez declaraba en la capital comunitaria que "el procés acabó". De hecho, en los últimos días el Gobierno llevaba insistiendo en que con la reforma de la sedición y la malversación se concluía la carpeta política catalana. Pero ERC sigue reclamando el referéndum de autodeterminación. Este viernes, en la SER, el president, Pere Aragonès, apostó por abordar la posibilidad de un referéndum de independencia pactado en la mesa de diálogo abierta con el Gobierno, e incluso no cerró la puerta a acometer una reforma constitucional si es la vía para permitir esa consulta. Reforma para la que no habría números, dado que haría falta una mayoría de tres quintos —si no se toca la parte más sensible de la Carta Magna— y el PP, cuya concurrencia sería imprescindible, nunca estaría a favor.
Sobre el referéndum que pide ERC: no se puede "retroceder a fórmulas viejas que solo llevaron al desastre, al enfrentamiento y a la división entre catalanes"
El titular de la Presidencia, como ayer hiciera Sánchez, negó esa opción. Cataluña "ha avanzado mucho desde 2017", y no se puede "retroceder a fórmulas viejas que solo llevaron al desastre, al enfrentamiento y a la división entre catalanes". Bolaños pidió "por favor" a Aragonès y al independentismo "responsabilidad", que digan a los catalanes "la verdad", que el futuro de la comunidad es "trabajar con diálogo y entendimiento dentro de la ley y la Constitución". "Lo que sabemos en el Gobierno es que el procés ha terminado, que solo queda trabajar con diálogo y entendimiento para que Cataluña sea motor de España y de la UE", porque "oportunidades de prosperidad" como el H2Med, la tubería que unirá Barcelona y Marsella y por la que pasará hidrógeno verde, eran "inimaginables" hace cinco años y ahora son posibles. Soluciones como el referéndum de autodeterminación "no llevaron ni llevan a ninguna parte", remachó.
El ministro no respondió a las críticas internas lanzadas por barones como Emiliano García-Page, para no echar más leña a la caldera. Sí replicó al dirigente del PP Esteban González Pons, que comparó al presidente con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y por los cruces de acusaciones a cuenta del golpe de Estado del 23-F de 1981. "Todos los responsables políticos tenemos la obligación de cuidar la convivencia, de debatir con pasión pero con educación y respeto al adversario, sin palabras gruesas que igual te dan un minuto de gloria en la televisión pero no aportan nada a la convivencia ni a nuestro país y solo sirven para tensionar", remachó.
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