La reforma del delito de malversación impulsada por PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que esta semana ha comenzado a debatirse en el Congreso, levantando una polvareda política y judicial sin precedentes, no sólo beneficiaría a los políticos independentistas condenados en la sentencia del procés del Tribunal Supremo, a los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont fugados de la Justicia y a los cargos públicos catalanes que quedan por juzgar por su responsabilidad en la ruta independentista de 2017, sino también a otros ex altos cargos de distintos partidos acusados de corrupción. Entre ellos, al exministro del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz; al expresidente madrileño Ignacio González; al exconsejero madrileño Francisco Granados o al expresidente andaluz José Antonio Griñán.

La modificación del Código Penal a través de una proposición de ley -sin necesidad de recabar informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni del Consejo de Estado- refleja una modificación de la redacción del delito en el que se introduce una distinción alrededor del lucro. El partido del Gobierno propone rebajar de ocho a cuatro años de prisión la pena de cárcel para quienes hacen un mal uso del dinero público pero no con el fin de apropiarse de él, mientras que mantienen la pena máxima en los casos en los que pueda demostrarse que se apropiaron del dinero o facilitaron que terceros lo hicieran.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha advertido que la reforma, en caso de prosperar, supondrá un goteo de revisiones de sentencias a la baja y le impedirá mantener acusaciones altas contra políticos por corrupción, además de que la prescripción de los delitos llegará antes, lo que dificultará su labor de investigación. Por su parte, penalistas económicos que defienden a algunos de los acusados en las principales causas de corrupción de nuestro país tienen claro que si existe un nuevo marco penológico más favorable a los acusados o condenados, los tribunales deberán aplicarlo, como está ocurriendo con la 'Ley del sólo sí es sí'.

Éstos son algunos de los casos de corrupción en curso a los que afectará la reforma de la malversación, previsiblemente para beneficio de los acusados con penas más bajas, en los que figuran altos cargos tanto de PSOE como de Partido Popular:

'Caso Kitchen'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón concluyó la investigación del supuesto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, entre 2013 y 2015 por parte de la cúpula policial del momento presuntamente para requisarle información comprometedora sobre altos cargos de la formación (entre ellos el presidente Mariano Rajoy y la secretaria general María Dolores de Cospedal) que estaba en sus manos. Un operativo al margen del juez que ya investigaba a Bárcenas en el inicio del caso Gürtel al que se destinaron fondos reservados del Estado. El juez vio indicios -y la Sala de lo Penal también los confirmó- para juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

'Caso Lezo'

La Fiscalía Anticorrupción pidió ocho años de prisión por el delito de malversación para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la operación de compra de la empresa Emissao por parte del Canal de Isabel II, que presidió el político entre 2012 y 2014, en el momento de la compra que el Ministerio Público ve "cargada de ilicitudes". El juez Manuel García-Castellón propuso juzgar a González en noviembre de 2019 por delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado por esta operación en la que, según los investigadores, se habría llevado una comisión de 1,8 millones de dólares.

'Caso Púnica'

Ignacio González y la también expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quedaron fuera de la investigación de la pieza 9 del caso Púnica, en la que se investigó la supuesta financiación irregular del Partido Popular madrileño en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos. El titular del Juzgado Central 6 sí propuso juzgar por el delito de malversación, entre otros, al exsecretario general de la formación y también consejero del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados, así como al que fuera gerente de dicho partido en la Comunidad de Madrid, Beltrán Gutiérrez. También vio indicios para juzgarles por prevaricación administrativa, fraude en la contratación, falsificación, cohecho, delito electoral y tráfico de influencias.

'Caso ERE'

Si hay un caso paradigmático sobre el desvío de fondos públicos -cerca de 700 millones de euros- ese es el de los ERE andaluces. El Tribunal Supremo confirmó la condena a altos cargos de los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por las irregularidades en la gestión de las ayudas públicas al empleo que beneficiaron a distintas empresas sin deberlo.

El alto tribunal vio claro que Griñán, condenado a seis años de cárcel como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, "intervino en la dotación de fondos a través de un sistema de presupuestación ilegal con conocimiento de las consecuencias que ello podía tener en la gestión, también que conoció las ilicitudes perpetradas con esos fondos y, por último, que como consecuencia de las competencias que le correspondían, al ejercer las más altas funciones dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía, tuvo capacidad de impedir ese modo de gestión".

Fuentes del Gobierno han intentado en las últimas semanas extraer a Griñán del posible beneficio que supondría la rebaja de las penas de la malversación para los casos en los que no hay lucro propio, considerando que sí que hubo terceros que recibieron dicho beneficio. Sin embargo, su defensa tendrá un argumento claro al que agarrarse. Mientras la mayoría del tribunal vio que "el manejo de esos caudales se realizó como si fueran propios, en favor de empresas y personas libremente determinadas y según las preferencias e intereses políticos de las autoridades que concedían las subvenciones", las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo firmaron un voto particular contra la sentencia en el que se refirieron al desconocimiento que creen que hubo por parte de Griñán y otros cuatro ex altos cargos andaluces condenados de que los fondos fueron distribuidos de forma dolosamente fraudulenta.

'Caso Faffe'

No sólo políticos se verían beneficiados por el cambio en el Código Penal. Es lo que ocurriría en el 'caso Faffe', también en Andalucía y relacionado con el PSOE. El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla abrió juicio oral el pasado mes de abril contra el el exdirector de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la ex directora económica y financiera Ana Valls. No son políticos pero sí cargos públicos elegidos por la Junta de Andalucía.

La magistrada María de los Ángeles Núñez Bolaños, quien sustituyó a la juez Mercedes Alaya en la causa de los ERE, ha sentado a los dos excargos por el uso fraudulento de las tarjetas bancarias de la entidad en locales de alterne de Andalucía, la mayoría en Sevilla, donde el primer acusado llegó a gastar presuntamente más de 32.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción pide seis años para Villén y cuatro para Valls por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.