Decreto anticrisis, ley animal, fin de la prostitución: las siguientes batallas de la coalición de PSOE y Unidas Podemos

Bajo la espesa capa de ruido de las últimas semanas, el Gobierno de coalición va despachando, con desigual éxito, sus diferencias en cuanto a la agenda legislativa de alto contenido simbólico. La Ley Trans ya está encarrilada y pasará este jueves su aprobación por el pleno para su envío al Senado. La ley de familias ya fue visada en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado martes. Ambas, normas bandera de las dos ministras de Podemos en el Gabinete de coalición, Irene Montero y Ione Belarra, y encauzadas. Pero otras leyes que ya están en el Parlamento o que están por llegar son fuente de conflicto entre los socios. La primera legislación estatal de protección animal puede ser también la primera ley del Ejecutivo que decaiga, ya que el choque entre socialistas y morados no se desvanece. Ambos discrepan también respecto a la abolición de la prostitución, una promesa irrenunciable para Ferraz. O sobre el desalojo exprés de los okupas. O sobre la ley de vivienda, atascada desde el arranque de legislatura, aunque se hayan registrado "avances" en las últimas semanas, insuficientes para cerrar el acuerdo.

Pero quizá la batalla más inminente y de mayor relieve, por su impacto ciudadano, y la que tiene que quedar resuelta en dos semanas, es la que gira en torno al tercer paquete anticrisis, que se aprobará el 29 de diciembre, como anunció este sábado el presidente. Es segura la prórroga del transporte gratuito en Cercanías, Rodalies y Media Distancia y por carretera —la idea de la rebaja partió de Podemos—, porque está incluida en los Presupuestos de 2023, pero los morados, como este sábado, ante el consejo ciudadano estatal, pidió su secretaria general y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quieren que aumente al 50% la financiación estatal al transporte urbano. También plantean mantener el tope al gas en los 40 euros en los próximos seis meses, recuperar la congelación de los contratos de alquiler que estuvo vigente durante la pandemia, o implantar un cheque de alrededor de 300 euros para ocho millones de hogares, y un impuesto extra a las grandes empresas de alimentación, para que "arrimen el hombro en un momento difícil".

Hacienda no cierra la puerta a un cheque a las familias para ayudar a la cesta de la compra, pero sí descarta un impuesto a los supermercados, como quiere UP

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ya descartó el jueves tajantemente ese gravamen temporal a los grandes supermercados. La política fiscal, justificó, ya se completó con los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas y su departamento "no se plantea ninguna medida adicional". El foco sí está puesto en la cesta de la compra, después de que se hayan moderado los precios de la electricidad y los combustibles.

Hacienda, en este punto, está trabajando "diferentes escenarios", también el del cheque a las familias, sin perder de vista el objetivo de que ninguna de las medidas se puedan "repercutir posteriormente en el precio de los productos". La negociación del real decreto ley entra así en su fase final de negociación, con el fin de "proteger a los más vulnerables", pero sin dejar desatendidas a "las clases medias y trabajadoras", según precisaba el viernes la propia ministra. Y es que Pedro Sánchez quiere que sus medidas tengan impacto en la "mayoría social", no solo en los que menos recursos tienen. De ahí que otra alternativa posible sería tocar el IVA de los alimentos.

En la ley del sí es sí, el PSOE sí ha defendido una modificación legal para frenar las sucesivas rebajas de penas y excarcelaciones, pero Igualdad se niega. Ambos partidos llegaron a una solución de compromiso a través de un cambio en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal, pero sin ninguna fuerza jurídica. Y Sánchez dio a entender el pasado jueves, desde Bruselas, tras conocerse la sentencia del caso Arandina del Supremo, que no habría más retoques, y que serán los tribunales quienes ahora, y a través de la jurisprudencia, deberán establecer la correcta aplicación de la ley.

La reforma de la ley del aborto, para que las chicas de 16 y 17 años puedan volver a interrumpir su embarazo sin consentimiento de los padres, ya se aprobó el pasado jueves por el Congreso y está ya en la Cámara alta. El próximo 22 de diciembre llegará a ese trámite, la validación por el pleno de la Cámara baja, la Ley Trans, foco de tensiones constantes entre PSOE y Unidas Podemos desde el comienzo de la legislatura.

La razón de la discordia, los perros de caza

Los socialistas recularon de su propósito inicial y finalmente no mantienen sus enmiendas vivas hasta el jueves, conscientes de que no prosperarían y de que solo servirían para añadir tensión y enrarecer el ambiente dentro de la coalición. El PSOE se quedó solo el pasado lunes en su defensa de que los niños y niñas de entre 14 y 16 años necesiten la autorización del juez para poder cambiar la mención relativa al sexo en el registro. Su objetivo de "reforzar la seguridad de los menores" no pudo cumplirse: vista la alineación de los socios con el Ministerio de Igualdad, todo pendía del PP, y el partido de Alberto Núñez Feijóo rechazó las enmiendas socialistas por su desaprobación del conjunto de la ley. Ahora la única incógnita que queda es saber qué hará en el pleno la presidenta de la Comisión de Igualdad, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, referente del socialismo feminista contrario a la norma y cuya posición, reconocen en su grupo, es "mayoritaria" en el partido. Calvo sí apoyó el dictamen salido de la comisión y se espera que respalde el texto el jueves, por respeto a la disciplina de voto, que ella siempre ha defendido.

El PSOE no se va a mover en su posición de sacar a los animales de caza de la ley: no quiere romper su alianza con el mundo rural, y menos a medio año del 28-M

Al pleno del día 22 es difícil que llegue la ley de bienestar animal. Esa era la idea inicial de la Moncloa, pero la norma se halla ahora mismo bloqueada. Los socios volvieron a chocar el pasado miércoles en la reunión de la ponencia. El motivo es el mismo que les separa desde hace meses: los perros y animales auxiliares de caza, que el PSOE quiere sacar sí o sí de la ley. El partido sabe que se juega muchísimo en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo en el mundo rural, y por eso repite que su alianza con él se va a mantener, aunque suponga que el proyecto decaiga en el Congreso si los morados no ceden. Ferraz hace valer su acuerdo con la Real Federación Española de Caza (RFEC) y con una treintena de asociaciones del mundo rural y pone como línea roja innegociable que todo texto que salga aprobado del Parlamento debe contar con el visto bueno del sector. La actividad cinegética es la segunda con más licencias deportivas en toda España (337.326 cazadores federados en 2021, según los datos del Consejo Superior de Deportes), solo por detrás del fútbol y por delante del baloncesto. Deshacer su entente con ella le generaría un incendio en el PSOE al que no quiere arriesgarse. Otro dato: del total de 678.483 licencias de caza que computaba el Ministerio de Transición Ecológica, casi un tercio (217.779) se expidieron en Andalucía, muy por delante de las dos siguientes, Castilla y León (96.305) y Castilla-La Mancha (82.165).

El pasado miércoles, durante unas horas, pareció haber fumata blanca. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ofreció a Ione Belarra una transaccional que los morados aceptaron y vendieron a los medios, aunque con una interpretación radicalmente distinta a la que hacían los socialistas (posible por la redacción confusa de la propuesta): argumentaban que los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza —igual que los de actividades deportivas, los perros de pastoreo y guarda, los utilizados para labores de rescate por las Fuerzas Armadas o las aves de cetrería— quedaban cubiertos por la legislación autonómica, pero esta tenía que acomodarse a la normativa estatal, mucho más restrictiva en cuestiones capitales como la cría o el comercio. El anuncio alarmó al sector y el PSOE acabó reculando. Su posición entonces fue retirar la transaccional que había firmado con Unidas Podemos y ERC para volver a poner sobre la mesa la enmienda que registró en septiembre y que había pactado con el sector, que sí sacaba claramente de la ley a los perros de caza y planteaba para ellos una regulación específica, propia.

Inicialmente, se programó la reunión de la Comisión de Derechos Sociales para el jueves pasado, pero se desconvocó dada la falta de acuerdo y el shock al que sucumbió el Congreso por el peligro de que el Tribunal Constitucional paralizase la votación de las enmiendas de socialistas y morados a la reforma del Código Penal que cambiaban las reglas del propio TC y del Poder Judicial. La cita se pospuso para el próximo martes, 20 de diciembre. Pero las posiciones son las mismas, tal y como ratifican las dos partes a El Independiente. Unidas Podemos insiste en que no puede aceptar para los perros de caza una protección menor a la del resto de animales, y Ferraz subraya que no se moverá de su acuerdo con el sector, de modo que solo habría posibilidades de salvar la ley si los de Belarra aceptasen una transaccional que satisficiera a la vez al mundo rural, muy beligerante con la norma y las intenciones del ministerio.

Ferraz sí podría sacar la enmienda con la derecha, pero podría decaer entonces el dictamen, porque los socios no lo apoyarían con ese cambio central

Los socialistas sí tendrían garantizada la aprobación de su enmienda, porque el PP está de acuerdo y también el PNV: los tres grupos firmaron una transaccional el lunes, a la que luego se sumó Ciudadanos, que calcaba casi en su integridad el planteamiento de Ferraz, con el añadido del respeto a la legislación autonómica. Pero si salen por completo del texto los perros de caza, los socios habituales del Ejecutivo no respaldarían el conjunto del dictamen, y el PP no lo podría salvar porque discrepa de partes sustanciales de la ley. Es decir, que el texto no tendría los votos suficientes para prosperar. Los socialistas instan a Belarra a asegurar los apoyos, dado que la norma la impulsa su ministerio, mientras que UP recuerda al PSOE que el proyecto salió sin esa enmienda relativa a los perros de caza del Consejo de Ministros, por lo que será "su responsabilidad" si decae la primera ley de la coalición. Un salto que consideran grave. Belarra reconocía este sábado que el texto "pende de un hilo". Muy, muy fino.

Enmiendas "asumibles" del PP

A la vuelta de navidades, los socialistas pretenden ponerse manos a la obra con una ley a la que no van a renunciar, aseveran, "de ninguna manera": la abolición de la prostitución, dado que es un compromiso emanado del 40º Congreso Federal —de octubre de 2021— y en el que hay unanimidad interna. El PSOE cree que podrá cerrar con el PP el articulado de su proposición de ley orgánica [aquí en PDF], muy corto, ya que apenas modifica cuatro artículos del Código Penal, para castigar el proxenetismo y la tercería locativa —destinar un local o inmueble "a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento"— y sancionar a los puteros. El partido de Feijóo, recalcan, está "muy próximo" a su posición y ya respaldó la toma en consideración de la iniciativa el pasado junio.

El PSOE no va a renunciar "de ninguna manera" a la prohibición del proxenetismo, un compromiso de su congreso, y cree que apenas tendría que negociar con el PP

De hecho, las enmiendas de los populares van totalmente en la línea de lo planteado por el PSOE: ellos incluyen la persecución de la tercería locativa dentro del delito de proxenetismo, mientras que la formación de Sánchez lo recoge como una modalidad específica en otro artículo del Código Penal.

Un cambio que, admiten en el Grupo Socialista, sería "asumible". "Es cuestión de ver dónde encaja el delito, pero poco más. Se trataría de estudiar qué fórmula es más garantista. Pero no habría que hacer ningún esfuerzo negociador con el PP, porque estamos muy cerca", razonan.

La intención de la dirección parlamentaria del PSOE es "sumar a cuantos grupos sea posible". Y, por descontado, a Unidas Podemos. Pero los dos socios están, por ahora, lejos. Los morados, en sus enmiendas, introducen un elemento clave: el consentimiento de la persona prostituida, de tal manera que si no existe sí sería castigado y se consideraría explotación sexual. "Ellos distinguen entre la prostitución coactiva y la no coactiva, pero nosotros entendemos que la voluntad de la persona no puede ser ningún elemento diferenciador para tipificar el delito, porque hablamos de explotación sexual en todo caso", refutan los negociadores del PSOE. Aún más lejos están grupos como ERC, CUP, Ciudadanos o Junts, abiertamente regulacionistas. Con ellos sí que no hay ninguna vía de acuerdo. El PNV, por su parte, exige un mayor debate de una reforma de tanto calado como esta, y cree que "no se ha dado".

En las conversaciones con los grupos a partir de enero estará muy presente, igualmente, el encaje de este texto con el proyecto de ley de trata, mucho más amplio, que tramita el Ministerio de Justicia de Pilar Llop, ahora en estudio por los órganos consultivos del Estado antes de que sea analizado en segunda vuelta por el Gabinete y enviado al Congreso.

Es decir, que si finalmente hay abolición de la prostitución, será de la mano de PSOE y PP, con la duda de qué hará Unidas Podemos, que sí apoyó la toma en consideración de la iniciativa, pero que está dividido internamente: los comunes son regulacionistas, e Izquierda Unida es históricamente abolicionista. La posición de la formación de Belarra no es nítida. La ministra de Igualdad, Irene Montero, sí se ha confesado defensora del fin de la prostitución, pero no se ha sustanciado el debate en su partido.

UP pide diferenciar los casos de prostitución consentida, pero los comunes son en cambio regulacionistas

La cúpula socialista en el Congreso entiende que el PP "tiene difícil echarse atrás" en su apoyo a la ley, porque su posición histórica es el abolicionismo. Y el grupo no ha recibido "nunca ninguna orden de la Moncloa para frenar una ley clave, muy importante para el PSOE", aunque tenga que ser respaldada por los populares para salir adelante. Los morados responden que no son partidarios de aprobar nada con Génova.

En el PSOE consideran, sin embargo, que no perturbaría la convivencia dentro de la coalición porque esta iniciativa, al ser una proposición de ley suya y no un proyecto del Gobierno, "no cuestiona al Ejecutivo ni al Ministerio de Igualdad". Y es que esa es otra clave que distorsiona las relaciones de las dos partes desde el inicio: las políticas de igualdad son bandera electoral para ambos partidos y el PSOE renunció a liderar el departamento a regañadientes, consciente de su importancia en el electorado progresista y de que las posiciones de las dos formaciones divergen en muchos puntos, como se ha visto en la tramitación de la Ley Trans.

Los socialistas observan con preocupación, además, "cierta regresión en los posicionamientos feministas" en una parte de la izquierda, como el rechazo a los vientres de alquiler, que es muy firme en ellos y en UP, pero que comienza a erosionarse en "grupos como ERC o Bildu".

También las enmiendas 'antiokupas'

Tampoco hay acuerdo interno en torno a la reforma del artículo 544 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que los jueces o los tribunales puedan desalojar a okupas en un plazo máximo de 48 horas. Las enmiendas fueron planteadas por el PSOE, y el pasado miércoles las mantuvo en la discusión de la ponencia, y ahora busca apoyo para ellas. Ferraz entiende que hay que dar salida a un problema real, mientras que los morados acusan a los socialistas de estar "descentrados" y les recuerdan que "no gobiernan con el PP".

En la derogación de la 'ley mordaza', PSOE y UP tienen un acuerdo de mínimos pero el choque es con ERC y Bildu. En vivienda, los morados se alinean con los socios

En la derogación de la ley mordaza, PSOE y Unidas Podemos sí han llegado a un acuerdo de mínimos en los puntos conflictivos. Pero ERC y Bildu aprietan más y el partido mayoritario, observan los morados, "no se mueve", cuando "debería negociar más a fondo con ellos". El PNV sí mantiene una posición más equilibradora, templada. Los aspectos controvertidos son, esencialmente, tres: el uso de las pelotas de goma como material antidisturbios, las sanciones a las faltas de respeto a los agentes y las devoluciones en caliente (rechazos en frontera de inmigrantes). Este próximo miércoles, 21 de diciembre, se reúne la ponencia por la constatación de ciertos "avances", pero con dificultades obvias. "Nosotros no salimos de la posición que tenemos en las enmiendas conjuntas con Podemos", rubrican en la cúpula socialista, en la que ratifican que quieren sacar la ley y se va "por el buen camino", aunque se manifiestan "prudentes".

Otra ley central para UP es la de vivienda. En Transportes, el ministerio de Raquel Sánchez que lidera la negociación, hablan de "avances", aunque no se atreven a aventurar cuándo puede cerrarse un acuerdo. Los morados, sin embargo, señalan que falta mucho por recorrer porque el PSOE "no se mueve".

El grupo confederal, en coordinación con los socios de izquierdas, plantea que el tope de precios en las zonas tensionadas afecte a todos los propietarios, acabar con los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional e incorporar los pisos de la Sareb al parque público de viviendas. Transportes insiste en la necesidad de garantizar la "seguridad jurídica" de la norma porque la ley catalana está bajo la lupa del Constitucional y defienden que la regulación de los alquileres en las zonas tensionadas afecte solo a los grandes tenedores, no a cualquier pequeño propietario.

"Son leyes claves, que llevamos trabajando desde el inicio de la legislatura y la gente espera que estemos a la altura de sus necesidades", reivindicaba Belarra este sábado ante los suyos en Madrid. Pero queda apenas un año para las urnas y las tensiones se acumulan. Y el PSOE no está dispuesto, dice, a comulgar con ruedas de molino en ciertos asuntos capitales.