El PSOE ha presentado este domingo dos escritos ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar frenar que este órgano admita el recurso de amparo que el Partido Popular registró el pasado viernes, que pide amparo al entender como inconstitucional el intento de reforma del Poder Judicial tramitada como una enmienda al Código Penal, un asunto con el que los populares entienden que no guarda ninguna relación y que se ha empleado sólo para acelerar su paso por el Congreso sin debates ni informes.

El PSOE alega que si el Tribunal Constitucional paralizase la tramitación estaría vulnerando "derechos de los ciudadanos", según ha adelantado eldiario.es.

Se trata de un escrito de alegaciones y otro de recusación de varios integrantes del Tribunal Constitucional, en la misma línea que ya planteó Podemos el pasado jueves. En los escritos, el PSOE asegura que la admisión de la medida cautelar "que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de los Diputados y Senadores ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular".

Una argumentación en la línea defendida públicamente por todo el partido, con altisonancias como la protagonizada este fin de semana por Carmen Calvo, quien aseguró que el poder de la soberanía popular representada en el Congreso y el Senado está por encima del resto de poderes e instituciones del Estado. Un planteamiento altamente criticado por constitucionalistas, que aluden al artículo 9.1 de la Carta Magna cuando expresa que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

Este mismo domingo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confiado en que el Tribunal Constitucional no paralice este lunes la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal porque tendría consecuencias "muy graves para la separación de poderes" y espera que su decisión sea "justa y con arreglo a la ley".

En rueda de prensa en la sede del PSOE, Bolaños ha incidido en que "no quiero ni imaginarme las consecuencias de lo que podría pasar si el Tribunal Constitucional adopta una decisión en línea con la maniobra que está planteando el Partido Popular, porque serían consecuencias muy graves para la separación de poderes, para la normalidad institucional y para el sistema democrático".

Qué tiene que decidir el Tribunal Constitucional

El Constitucional resuelve este lunes si frena la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio tribunal de garantías, aprobados por el Congreso y pendientes de votarse en el Senado, a riesgo de provocar una crisis institucional sin precedentes en democracia.

Lo hará en un pleno extraordinario, inicialmente convocado el pasado jueves, que el presidente, Pedro González-Trevijano, aplazó a instancias de un escrito de los cinco magistrados progresistas.

El sector progresista logró posponer el pleno con el argumento de disponer del "tiempo indispensable" para estudiar la cuestión, tras el goteo de informes presentados entre la noche del miércoles y la mañana del jueves por PSOE, Vox y Unidas Podemos.

Ello permitió a los progresistas ganar tiempo y que el Congreso aprobara aquella tarde las enmiendas incluidas en la proposición de ley que deroga la sedición, que era justo lo que pretendía evitar el PP con su petición al Constitucional de medidas cautelarísimas.

Pero no se ha desactivado la amenaza de paralizar la reforma legal, que el Senado tiene previsto debatir el martes en la Comisión de Justicia para aprobarla en pleno el jueves, toda vez que el ponente Enrique Arnaldo, propuesto por el PP para ser magistrado del Constitucional y que ha colaborado con FAES, es partidario de frenar la tramitación.

Así las cosas, el pleno del lunes tendrá que resolver sobre la admisión a trámite del recurso del PP y, las cautelarísimas, pero previamente habrá un capítulo inicial abierto por Unidas Podemos, que ha pedido la recusación del presidente del tribunal y del magistrado Antonio Narváez.

Ambos están afectados directamente por las enmiendas que el PP quiere paralizar, ya que se han diseñado para facilitar la renovación de magistrados con el mandado caducado y ambos saldrían el tribunal.