"El PSOE ha dado muestras de nuestro respeto a la separación de poderes. Siempre hemos sido respetuosos con la Justicia. Pero no me pongan en un escenario que no se ha planteado porque no me lo quiero ni llegar a imaginar. Como demócrata, no puedo ni quiero imaginar ese escenario". La respuesta, este lunes, de la portavoz de los socialistas, Pilar Alegría, resumía la posición pública del partido en este preciso momento, cuando el Tribunal Constitucional sigue deliberando acerca de si cabe o no admitir el recurso de amparo del PP y aceptar las medidas cautelarísimas reclamadas por él. Esto es, Ferraz no quiere "imaginar" que los magistrados acaben dando la razón a los populares, pero desde luego también tiene claro, y así se lo deja entrever a Unidas Podemos, que si hay una resolución adversa, la acatará, porque "siempre" ha respetado los mandatos judiciales, aunque discrepe de ellos. Es decir, que si el TC determina que ha de congelarse el cambio legal en el Senado, la Cámara donde está ahora mismo el texto aprobado por el pleno del Congreso el pasado jueves, se congelará.
La precisión de la cúpula de Pedro Sánchez, no obstante, es relevante por cuanto su socio de coalición señaló este mismo lunes, por boca del presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, que si finalmente el TC decide suspender la tramitación de la reforma para su renovación forzosa, se entraría en una dimensión desconocida que hace difícil prever las consecuencias si se "perpetra este golpe".
Alegría acusa al PP de "deslegitimar" a los tres poderes del Estado con una estrategia "gravísima" que hace un daño "irreparable" a la democracia española
Y Unidas Podemos, defendió Asens, "siempre" defiende que la autonomía parlamentaria "debe prevalecer sobre las intromisiones de otros poderes", máxime si son "ilegítimos", como en el caso del TC, que tiene a un tercio de sus miembros con el mandato vencido desde junio —entre ellos, el presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, cuya recusación han reclamado los partidos que sostienen al Gobierno—, y al CGPJ, en funciones ya desde hace más de cuatro años. Fuentes del espacio morado citadas por Europa Press sí indican que el grupo no ha fijado aún su posición sobre qué debe hacer el Senado en caso de que se paralice la modificación legal, aunque son partidarias de que la Cámara alta no se diera por aludida. Incluso la diputada madrileña Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos, aseguró este lunes que Podemos ha asegurado que las Mesas de Congreso y Senado cuentan con "elementos jurídicos suficientes" como para no tener que atender una resolución del Constitucional que frenara la tramitación parlamentaria de la reforma, informa EFE.
Alegría no fue más elocuente en su respuesta a los periodistas, pero de sus palabras se desprende, no obstante, que no habrá, al menos por ahora, desobediencia al TC. Lo que no quita para que el propio presidente Sánchez haya denunciado un "complot burdo" de la derecha "judicial y política" contra su Ejecutivo. Y tampoco obsta para que Ferraz y la Moncloa hayan incrementado su presión contra el Constitucional para no abocar al país a una crisis sin precedentes, dado que el choque entre el tribunal de garantías y un poder del Estado, a mitad de partido, cuando aún está tramitándose una iniciativa, es inédito.
Resolución "ajustada a Derecho"
La portavoz no quiso adelantarse al sentido de la resolución del TC. La cúpula espera que sea "ajustada a Derecho" y "asentada" en los pilares de la democracia. Centró todas sus críticas en el PP, al que volvió a pedir "respeto, responsabilidad y sentido de Estado". A juicio de la dirección, el origen de esta crisis se remonta al hecho de que los populares no reconocen la "legitimidad del Gobierno" desde el arranque de legislatura, y a partir de ahí no ha "respetado la separación de poderes" y no ha querido desbloquear los órganos constitucionales.
La portavoz descarta que el Consejo de Ministros nombre directamente a Campo y Díez y destituya a Trevijano y Narváez
"La no aceptación de la victoria del PSOE y la derrota del PP ha provocado que hoy estemos ante esta situación", dijo, en la que los populares han "deslegitimado" al Ejecutivo de Sánchez y al Poder Judicial y ahora "pretenden hacerlo" con el Congreso y el Senado. Es "algo gravísimo", porque se trata de la "deslegitimación de los tres poderes del Estado". "La única anomalía que sufre la democracia española es que sufrimos a una derecha que se torna antisistema cuando no gobierna", resolvió. Para la dirección socialista, el PP "entiende que para volver a gobernar todo vale", desde "bloquear al Poder Judicial" hasta "deslegitimar al Gobierno, insultar constantemente al presidente y pretender secuestrar al Congreso y al Senado, que es lo mismo que la voluntad popular del país. El PP debe entender —remachó Alegría— que no todo vale en política", y que el "camino" que está adoptando es peligroso y ha de "abandonarlo".
La portavoz no respondió a la pregunta de si pudo ser un error que el Gobierno tramitara a través de dos enmiendas a la reforma del Código Penal el cambio de reglas en las leyes orgánicas del TC y del CGPJ como vía para el desbloqueo del mismo tribunal de garantías. Se aferró a la denuncia de la "estrategia gravísima" que sigue el PP, por su "daño irreparable a la democracia". Tampoco quiso cerrar del todo la puerta a una hipotética rebaja de las mayorías para forzar la renovación del CGPJ, como quiere Unidas Podemos —"no me pida que adelante ninguna pantalla", replicó a la prensa—. Ni tampoco quiso anticipar qué hará el Ejecutivo y el partido en caso de que el TC diera la razón al PP, con el argumento de que no se quieren ni "imaginar" ese escenario. Sí descartó tajantemente que el Consejo de Ministros de este martes apruebe la destitución de González-Trevijano y Narváez para obligar a la entrada en el TC de los dos candidatos elegidos por el Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez.
La también ministra de Educación sí mandó un mensaje a ERC, que en la última semana, tras la rebaja de la malversación, viene insistiendo en que ha de pactarse un referéndum de autodeterminación y convocarse la mesa de diálogo. Alegría remarcó que "en ningún caso" habrá una consulta de independencia porque "no es constitucional" y el Gobierno "nunca la va a aceptar".
La cúpula socialista interpreta que las declaraciones de los republicanos "son fruto de la sobreactuación", dijo la portavoz. "El procés ha terminado y estamos en otro momento. Si ha habido un Gobierno que ha apostado por el diálogo es este Gobierno y debe seguir siendo así porque es el mejor cauce y camino. Y hemos dado muestras de diálogo más que suficientes a lo largo de toda la legislatura". Era su forma de advertir a ERC de que no piensa en una nueva cita de la mesa de diálogo, aunque teóricamente debiera haber reunión antes de que acabe este 2022.
Alegría evitó pronunciarse sobre si sería conveniente que el rey Felipe VI mediara ante el bloqueo y no aclaró si Sánchez volverá a llamar a Alberto Núñez Feijóo, pero dio a entender que no será así, porque ya en abril, cuando el dirigente gallego fue proclamado líder de su partido, le ofreció acuerdos en 11 puntos y "nunca hubo una respuesta seria" por su parte. "Independientemente de llamadas, lo que corresponde es que el PP se comporte como un partido de Estado, un partido responsable, que acepte y respete la separación de poderes, que la soberanía popular reside en el Congreso y el Senado",
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