La Comisión Europea sigue "muy atentamente" la situación en España en donde la tramitación de la reforma del Código Penal que incluye la supresión del delito de sedición y cambios en el sistema de elección al Tribunal Constitucional ha sido suspendida por el pleno del propio Constitucional.

Christian Wigand, portavoz comunitario en materia de Justicia, ha indicado en una rueda de prensa este martes que, a pesar de estar "al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional", Bruselas "no comenta" ni pronunciamientos del Constitucional ni propuestas de ley que se encuentran aún en tramitación. "Por supuesto, esperamos que las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo a las reglas y procedimientos nacionales" , ha añadido el portavoz.

La Comisión Europea considera que las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro deben pasar siempre por consultas previas con las partes interesadas, incluido el poder judicial, y espera que España cumpla con los estándares europeos, lo que en la práctica supone el respaldo de Bruselas a la actuación del Tribunal Constitucional, informa Europa Press.

En este contexto, fuentes comunitarias añaden que, a ojos del Ejecutivo comunitario, "cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales".

Consultas previas

Las fuentes se refieren así a los estándares europeos que abogan por que antes de que una reforma de calado en el ámbito judicial sea presentada existan consultas "previas" con actores como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los fiscales y jueces o el Consejo de Europa a través de su Comisión de Venecia.

En el caso de España, añaden las fuentes, le corresponde al Tribunal Constitucional dirimir sobre cualquier "duda o queja" al respecto del modo en que se lleva al cabo el proceso de reforma y a las autoridades nacionales cumplir las normas establecidas.

El Ejecutivo comunitario ya apuntó la semana pasada que examinará las reformas en España en el marco de su evaluación anual del Estado de derecho en todos los Estados miembro, un análisis de la salud democrática en cada país que habitualmente publica a inicios de verano.

Wigand ha hecho hincapié en que "mientras se trate de un proyecto de Ley no hacemos comentarios de procesos en curso". Además, ha subrayado también que desde el Ejecutivo comunitario seguirán "vigilando" las reformas, "en especial desde el marco del informe sobre Estado de derecho".

El portavoz ha apuntado también que la posición de la Comisión Europea respecto a la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "clara y estable".