Menos de 24 horas después de que el Tribunal Constitucional asestase un severo correctivo al Ejecutivo, ya hay plan b. El Gobierno ya tiene diseñada la hoja de ruta para forzar la renovación del tribunal de garantías, ya tiene decidido qué hará y también qué no hará. Esta misma semana volcará las dos enmiendas cuya tramitación paralizó el lunes por la noche el TC en una proposición de ley que pretende que apoyen el mayor número posible de grupos parlamentarios y que se aprobaría por el procedimiento de urgencia. Pero en esa nueva iniciativa no se incluirá la rebaja de las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esa alternativa está "descartada", pese a la presión de Unidas Podemos, por los avisos reiterados de Bruselas.

La solución encontrada, y que adelantaron a los periodistas fuentes parlamentarias socialistas este martes por la tarde, es la vía natural de salida del "choque institucional grave e inédito" generado por la decisión del tribunal de garantías, al suspender la tramitación de las dos enmiendas que PSOE y Unidas Podemos hicieron colgar de la reforma del Código Penal impulsada para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación. Se trata, por tanto, de tramitar de manera separada y autónoma la reforma para forzar la renovación del TC.

Puede que haya alguna "diferencia" respecto a las enmiendas vetadas, pero no será en ningún caso nada sustantivo

El Ejecutivo y la dirección parlamentaria socialista ya está hablando con los grupos para presentar en los próximos días una proposición de ley que "incorporará básicamente las dos enmiendas que el TC ha tumbado". Puede que el texto final contenga "alguna diferencia" respecto a ellas, fruto de la negociación con los socios, pero en todo caso no será sustantiva.

La idea inicial es que se tramite por el procedimiento de urgencia, que supone, según el reglamento del Congreso, acortar los plazos ordinarios a la mitad. Pero no está claro aún que se pise totalmente el acelerador. Una opción reglamentaria es que la tramitación se haga por lectura única, que permite ahorrar el paso por ponencia y comisión parlamentaria: con ese mecanismo, la iniciativa es tomada en consideración por el pleno y es votada en su totalidad, con las enmiendas que se incorporen, en otro pleno, y de ahí pasa al Senado para que siga el mismo camino. "No tiene por qué ser por lectura única, sí tiene más sentido la vía de urgencia. Pero lo tenemos que hablar con los grupos", precisaban fuentes socialistas del máximo nivel.

El Gobierno podría tener completado su plan b en apenas un mes, aunque para conseguirlo tendría que habilitarse enero en las Cámaras, ya que el primer mes del año, igual que julio y agosto, es de vacaciones parlamentarias. Esto no es, sin embargo, nada extraordinario. De nuevo, todo queda a expensas del cierre de la negociación de PSOE y Unidas Podemos con los grupos que son socios habituales del Ejecutivo.

"Reagrupamiento" de los socios de legislatura

La proposición de ley se registrará, en principio, esta semana, y la intención de los socialistas es que se sume a ella el mayor número de partidos posible. "Se ha producido un reagrupamiento lógico tras la tropelía de ayer, y los grupos quieren que se produzca la renovación del Constitucional", explican en la cúpula del partido mayoritario del Ejecutivo.

Los socialistas reconocen que la rebaja de las mayorías para propiciar el cambio en el CGPJ tuvo y tiene la oposición de Bruselas

Está claro ya el trazo grueso. Quedan por ver, en realidad, todos los detalles: la redacción final, cuándo se registra la iniciativa en el Congreso, quiénes la firman y quiénes no, quiénes la respaldan aun no suscribiéndola o qué tramitación se decide entre todos.

Lo que quedará fuera, "con seguridad", de la proposición de ley es la rebaja de las mayorías necesarias para elegir a los 12 vocales del turno judicial del CGPJ. Pedro Sánchez sí pareció dejar la puerta abierta en su discurso sin preguntas esta mañana, y tampoco la cerró, desde luego, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de este martes. Ahora, esa vía sí está cegada, en buena medida porque cuando el Ejecutivo la exploró, en el otoño de 2020, se topó con la oposición firme de Bruselas, y ahora el recuerdo de ese veto sigue operando. Unidas Podemos lleva meses empujando en esa dirección, porque es la única vía de desbloqueo del Poder Judicial, pero los socialistas nunca llegaron a verla. Y, definitivamente, no se impulsará.

Las dos enmiendas que ahora se reconvertirán en una proposición de ley separada contienen cambios relevantes en las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del CGPJ. Por un lado, se modifican las reglas de votación de los dos candidatos al TC que ha de designar el órgano de gobierno de los jueces: se hará por mayoría simple y en una sola votación, y no por una mayoría cualificada de tres quintos, como hasta ahora.

Además, se impondrán plazos tasados y cortos para que hagan su propuesta de magistrados y, de no hacerlo, los vocales podrían incurrir en responsabilidades incluso penales. Al TC se le priva del requisito de verificación de los nuevos magistrados: el pleno no podrá dar el visto bueno a los miembros que se incorporen. Ese examen se lo harán los órganos proponentes. Y también se logrará que, cuando ya se acumulen tres meses de mandato vencido, se procederá a la renovación de los dos magistrados que haya postulado el órgano que cumpla en tiempo con su "deber constitucional".