La Mesa del Senado ha decidido por mayoría continuar con la tramitación parlamentaria y la votación de las reformas impulsadas por los socios de Gobierno y sus apoyos parlamentarios. Pero no incluirán las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ni de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Todo, una vez el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido el recurso de amparo del Partido Popular (PP) y ha aplicado medidas cautelarísimas que paralizan el proceso referido a estos cambios judiciales por seis votos contra cinco. A favor de continuar la senda hacia la aprobación de la derogación de la sedición y la rebaja de penas del delito de malversación se han pronunciado los tres representantes del PSOE y el del PNV. Frente a esa mayoría, los tres senadores del PP.

Los miembros de la Mesa han estado reunidos cerca de una hora y cuarto, desde las 08:30 horas de la mañana; una vez el presidente del Senado Ander Gil ha contado con el comunicado oficial del Alto Tribunal. Ante la paralización de los magistrados de esas enmiendas ajenas al conjunto de la proposición dentro del dictamen, el Senado ha decidido "continuar la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica" que suprime la sedición e introduce una nueva tipificación de delito por desórdenes públicos agravados y añade "la reforma de delitos contra la integridad moral (...) y contrabando de armas de doble uso". Lo hará "con la excepción de las disposiciones transitorias cuarta y quinta, y las disposiciones finales primera y segunda, apartado cuarto, cuya tramitación ha sido suspendida cautelarmente por el TC", indican fuentes del Senado. A las 11 de la mañana, la Mesa se reunirá para modificar el pleno en lo requerido.

Una vez marcada esta resolución, el dictamen venido del Congreso de los Diputados ha pasado por ponencia y posteriormente, esta misma mañana, por la Comisión de Justicia del Senado, que ha dado luz verde a la votación tras tumbar cinco vetos en contra. Ha salido adelante con 16 votos a favor de PSOE, ERC y PNV, entre otros, y once contrarios del PP. Así como dos abstenciones. Ambos órganos han modificado y refrendado el dictamen que, pese a todo, sí pasará el jueves por el pleno del Senado. Sin las enmiendas paradas por el TC. Dada la mayoría parlamentaria, a excepción de la renovación forzada del alto órgano judicial, saldrá adelante la eliminación de la sedición, la reforma de la malversación o la creación de la nueva figura penal de enriquecimiento ilícito, que distingue entre malversación directa o indirecta. De esta manera, la cámara territorial sigue su línea marcada de acatamiento de la decisión, junto al Congreso y al Gobierno.

El dictamen pasará ahora por ponencia y por la Comisión de Justicia, y será votado el jueves en el Senado

El Ejecutivo de Pedro Sánchez podría barajar otras opciones para poder dar salida a las dos enmiendas vetadas mediante un mecanismo más adecuado en el Parlamento. Esto sería tramitar una proposición de ley en lectura única y por el procedimiento de urgencia, que podría completarse en apenas 15 días desde la calificación de la iniciativa. Más País ya ha registrado una proposición de este tipo. Pero por el momento, desde el Grupo Socialista no contemplan esa vía y se limitan a expresar que están "estudiando" todas las opciones posibles. Así lo ha comunicado el portavoz del PSOE en el Congreso Patxi López en una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este martes.

"Estamos estudiándolo, con calma y seguridad para conseguir el objetivo respetando la Constitución", ha dicho López aludiendo a la renovación "de los jueces con el mandato caducado". Sin despejar que acciones parlamentarias desarrollarán, el socialista sí ha arremetido contra el PP reiterando que "mantiene secuestrado al Poder Judicial para que mediante sentencias promovidas por jueces que ocupan cargos en los que no deberían estar" consigan lo que no pueden en el Congreso, ha indicado. López mantiene que "no se ha impedido los derechos de ningún grupo en la tramitación", porque ha habido debate y han presentado enmiendas.

Desde tomarse esa vía parlamentaria de proposición de ley, el PP exige la condición de que sea a través de informes preceptivos y respetando las garantías de los procedimientos. Aunque no considera que una proposición sea lo más adecuado, dado que es algo que requiere un consenso amplio. Preguntada además por el cuestionamiento de los jueces hecho por el Gobierno o el propio López, Gamarra afirma que esos jueces, caso de Trevijano y Narváez, pese a estar caducado su mandato desde junio, "están en funciones y legitimados". "Creo que es muy peligroso cuestionar eso", entiende.