El Gobierno, como se esperaba, no se quedará quieto después del varapalo del Tribunal Constitucional. Pedro Sánchez garantiza que el Ejecutivo "adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del TC", sin concretar aún cómo. El Ejecutivo actuará con "serenidad", pero también con "firmeza", para que se respete la "voluntad popular" expresada en las urnas en las últimas elecciones generales, las del 10 de noviembre de 2019.

Ese era el anuncio, este martes, y desde la Moncloa, del presidente del Gobierno, sus primeras palabras después de que anoche el pleno del TC, por una mayoría exigua, de seis votos a cinco, decidiera paralizar la tramitación legislativa de las dos enmiendas que afectaban a su propia reforma. Este martes, la Mesa del Senado sacó del dictamen esas dos enmiendas para que continúe el debate y votación del resto del dictamen.

El Gobierno, aunque no la comparta, acata la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del TC"

PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Ya anoche el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, adelantaba que el Ejecutivo actuaría, pero este martes, en su breve comparecencia extraordinaria y sin preguntas en la Moncloa, Sánchez dio un paso mucho más claro. Y rubricó que habrá un plan b para asegurar la renovación del TC pero también "del Poder Judicial". El añadido es importante por cuanto el presidente dio a entender que se abre a una modificación legislativa que ponga fin al bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció hace cuatro años y que ha sido imposible renovar por la negativa del PP. Ese es, en última instancia, el origen de toda la crisis institucional que ayer tuvo su último y "grave" coletazo, en opinión del Gobierno. En el otoño de 2020 PSOE y Unidas Podemos plantearon una iniciativa que rebajaba las mayorías necesarias (de tres quintos a mayoría absoluta) para elegir a los 12 miembros del turno judicial del CGPJ, pero se acabó enterrando en la primavera siguiente por la advertencia de Bruselas. Está por ver, por tanto, si ahora se retoma, como presionan los morados, y cómo se tramita en las Cortes Generales.

Pero cabría otra lectura: poner fin al bloqueo que el CGPJ ejerce para la renovación del TC, ya que su mayoría conservadora ha venido obstruyendo el nombramiento de los dos magistrados que le corresponde designar.

Sánchez no dio más pistas, y simplemente prometió "serenidad" y "firmeza", pero no precisó cómo actuará a partir de ahora, y tampoco lo hizo posteriormente, en rueda de prensa en el Congreso, su portavoz parlamentario, Patxi López, con el argumento de que están evaluándose las alternativas. El presidente sí insistió en que España, como una de las "grandes democracias europeas", dispone de "mecanismos" para salir de este "choque institucional tan grave e inédito".

Hecho "grave" y "sin precedentes"

"Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro, que el de la ley y el del cumplimiento de la Constitución. En consecuencia, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará
cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y en consecuencia para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019", subrayó, en el pasaje central de su discurso [aquí en PDF].

El Gobierno de España garantizará el estricto cumplimiento de la ley, de la Constitución y el absoluto respeto de la voluntad popular y del mandato constitucional"

pedro sánchez, presidente del gobierno

La decisión de la "mayoría conservadora del TC" no tiene "precedentes", recordó, y tiene su origen en la voluntad del PP, con Pablo Casado antes y con Alberto Núñez Feijóo ahora, de "incumplir el mandato constitucional" de renovar el CGPJ y el TC para mantener una composición anterior y más
favorable para su orientación". La parálisis, a juicio del Ejecutivo, "revela exclusivamente el propósito por parte del PP de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas".

Ese bloqueo se ha "ido agravando a lo largo de los meses y años" hasta desembocar en la resolución de anoche del tribunal de garantías, un "hecho grave", porque se impide, por primera vez, que "los representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles con su voto, realicen su función de representación". Unos hechos que no tienen "precedentes" no solo en España sino "en ningún país del espacio institucional europeo".

Sánchez, como ayer hiciera Bolaños, mostró su comprensión con los ciudadanos que se sienten "indignados" al sentir vulnerado su derecho de representación y con los que contemplan "desconcertados" un choque institucional tan "grave" e "inédito". A todos les mandó un mensaje de "serenidad". Porque en momentos de "incertidumbre", les dijo, se precisa "serenidad" y "firmeza". "Serenidad en el estricto cumplimiento de la ley y firmeza para hacer prevalecer el respeto a la ley y la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones".

Llop señala que si el Gobierno se ha visto a tramitar iniciativas así ha sido porque ha tenido que legislar sobre "patologías" generadas por el "incumplimiento reiterado" del PP

La democracia, sostuvo, requiere ese respeto a la ley y a la voluntad popular, de la que deriva la "legitimidad de todos los poderes, también del Poder Judicial". "Y por eso quiero asegurarles que el Gobierno de España garantizará el estricto cumplimiento de la ley, de la Constitución y el absoluto respeto de la voluntad popular y del mandato constitucional", concluyó el presidente en su breve comparecencia.

No hubo preguntas. Sí las hubo en la rueda de prensa posterior al habitual Consejo de Ministros de los martes. Pero la portavoz, Isabel Rodríguez, evitó aclarar nada o ir más allá de las palabras del presidente. La conclusión es que el Ejecutivo no descarta ningún escenario y está analizando "todo" para lograr el desbloqueo del CGPJ y del TC, incluida una rebaja de mayorías, un elemento extremadamente sensible. La iniciativa se tramitaría como proposición de ley de los grupos, no como proyecto de ley, para que se apruebe lo antes posible.

Rodríguez rechazó toda autocrítica por el hecho de que los grupos que sostienen al Gobierno registraran una reforma de tanto calado y tan delicada, la de la renovación forzosa del TC, a través de dos enmiendas a la ya de por sí conflictiva modificación del Código Penal, pensada para la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación.

Más contundente sonó la titular de Justicia, Pilar Llop: "Estamos legitimados para decir que el PP ha secuestrado al Poder Judicial. Él mismo [Alberto Núñez Feijóo] lo ha reconocido cuando ha presumido de que no iba a renovar el CGPJ para protegerlo de Sánchez, el presidente elegido legítimamente. Esto me parece de extraordinaria gravedad".

Llop vino a decir que si el Ejecutivo tuvo que optar por la vía de la enmienda fue porque no le quedó otra: "Si se hubiera renovado el CGPJ no estaríamos en esta situación, en esta posición de tener que hacer iniciativas legislativas, de tener que legislar sobre patologías democráticas generadas exclusivamente por el incumplimiento de la Constitución, constante y reiterado, por parte del PP [...]. Lo que tiene que hacer el PP es poner los nombres sobre la mesa de los vocales del CGPJ porque ha generado una patología, un germen antidemocrático exclusivamente por su actuación que nos ha llevado a esta situación de crisis institucional. Ante esto, el Estado de derecho siempre triunfa".