El Gobierno no descarta que el PP maniobre para impedir el relevo en el TC una vez aprobada la nueva ley

El Gobierno dice no tenerlas todas consigo. Está ultimando con sus socios el plan b para lograr la renovación del Tribunal Constitucional, y calcula que en alrededor de un mes podrá tener la proposición de ley aprobada por Congreso y Senado. Cuando ya esté la iniciativa en el BOE, debería comenzar todo el proceso de desbloqueo. O no. Porque el Ejecutivo se teme que el PP maniobre incluso cuando la ley ya esté aprobada para intentar impedir el relevo en el tribunal de garantías, que utilice cualquier mecanismo a su alcance para desbaratar el reemplazo de cuatro magistrados cuyo mandato venció el pasado junio y que hará voltear la mayoría del TC, de conservadora a progresista.

Una vez que el tribunal de garantías tumbó el pasado lunes, por la mayoría conservadora (seis a cinco votos) las dos enmiendas promovidas por PSOE y Unidas Podemos para forzar la renovación del propio TC por no guardar relación con el texto enmendado —la reforma del Código Penal para derogar la sedición y rebajar la malversación—, la atención se volcó sobre el plan b que desplegaría el Ejecutivo para conseguir su objetivo. El camino decidido es el de una proposición de ley de los grupos parlamentarios que recoja, básicamente, el contenido de esas dos enmiendas paralizadas por el TC. El Ejecutivo está hablando con sus socios de legislatura desde el martes, pero el registro de la iniciativa aún no se ha producido. Socialistas y morados sí han convenido que el texto debe presentarse en el Congreso cuando se conozca el auto del TC. Resolución de la que solo ha trascendido la parte dispositiva [aquí en PDF], pero no la fundamentación jurídica, que se espera para los próximos días, además de los votos particulares de la minoría progresista, de los que sí se saben sus razonamientos.

Van a buscar la manera de impedir la renovación. Estoy segura. No sé, algo harán, lo que sea, como reclamar cautelarísimas", apunta preocupada una ministra

Una vez que la proposición de ley se registre, echará a andar su tramitación parlamentaria: calificación por la Mesa de la Cámara baja, pleno de toma en consideración, debate de totalidad, estudio y aprobación de las enmiendas parciales en ponencia y comisión y aprobación por el pleno del Congreso, que a su vez remite el dictamen al Senado. Si la Cámara alta no introduce modificaciones, el texto va al BOE. Desde el Gobierno no quieren aventurar plazos exactos de tramitación, porque todo dependerá, alegan, del pacto al que lleguen los grupos. La Moncloa defiende que se tramite por el procedimiento de urgencia, que acorta los plazos ordinarios a la mitad, pero sin echar mano de la lectura única, que ahorraría el paso por ponencia y comisión. Si se habilita enero —mes de vacaciones parlamentarias—, para lo que no habría mayor problema, la iniciativa podría ser ley a finales de enero o primeros de febrero.

Cuando ya entre en vigor, se tendrían que poner en marcha los mecanismos de renovación del TC. Por un lado, los vocales del CGPJ —órgano con el mandato vencido hace más de cuatro años— tendrían que elegir a los dos magistrados que les corresponde nombrar en una única votación y por mayoría simple (no de tres quintos, como hasta ahora), porque de lo contrario se expondrían a responsabilidades incluso penales. Por otro, el TC tendría que dar entrada a los candidatos postulados por el Gobierno —el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez— sin trámite de validación previo y sin esperar a los dos magistrados designados por el CGPJ.

Esa reforma es la que, grosso modo, contenían las enmiendas paralizadas por el TC y que ahora se volcarán en la proposición de ley. El PP, reprochaba el presidente, Pedro Sánchez, este miércoles en el Senado a Alberto Núñez Feijóo, "habrá ganado unas semanas" sobre el plan inicialmente previsto, pero poco más. Solo teóricamente. Porque no todos en el Consejo de Ministros se fían de que esta vez la operación para voltear la mayoría del TC concluya con éxito: "Son tan pesimista —asegura preocupada una integrante del Gabinete— que aunque hagamos la ley ellos [el PP] van a buscar la manera de impedir la renovación. Estoy segura. No sé, algo harán, lo que sea. Pueden pedir que se paralice el despliegue de la ley reclamando medidas cautelarísimas. Van a hacer lo que sea".

Otro compañero del Consejo de Ministros coincide: "Claro que no descarto nada. Es que la mayoría conservadora del TC ha resuelto esto en 24 horas [el pasado lunes], ha habido dos magistrados [el presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, ambos conservadores, con el mandato vencido desde junio, y que tendrían que haber sido sustituidos por Campo y Díez] que han decidido sobre su futuro. Es que si Wikipedia definiera qué es ser juez y parte vendría con una foto de Trevijano. Es así de zafio y grosero". Fuentes próximas a Feijóo señalaban este miércoles que no descartaban impugnar la ley una vez esté aprobada, informa Cristina de la Hoz. "Cuando tiras mucho de la cuerda, la cuerda se rompe", advertían fuentes populares.

La advertencia del Senado

El TC debe decidir sobre los recursos de amparo que se interponen por violación de derechos y libertades —el PP lo presentó el miércoles pasado, 14 de diciembre, por entender que se había vulnerado su derecho de participación política (artículo 23 de la Carta Magna) al tramitarse la reforma de la ley del TC vía enmienda— y también sobre los recursos de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones con fuerza de ley.

En la Moncloa también escama que Trevijano no haya movido aún ficha para incorporar a Campo y Díez, visto el fracaso del último pleno del Poder Judicial

Génova podría acudir en amparo de nuevo al tribunal de garantías o bien que 50 de sus diputados o senadores impugnaran directamente la ley, pero en este último caso no lograrían la suspensión automática de la aplicación de la norma, como sí ocurre cuando quien recurre es el Gobierno. Es decir, los conservadores no conseguirían frenar la renovación del TC. Pero si repitieran la vía del amparo y la solicitud de cautelarísimas, sobre el papel y visto lo ocurrido el lunes, podría provocar la paralización de la ley, aunque no sería tampoco sencillo.

Esta era una de las consecuencias sobre la que advertía el Senado [aquí en PDF] en su escrito de alegaciones —desestimado en la noche del miércoles por el propio tribunal—: el "empleo del recurso de amparo con la intención [...] de producir unos efectos suspensivos equivalentes a los del derogado recurso previo de inconstitucionalidad contra las leyes". "La medida adoptada constituye un precedente de impredecibles consecuencias. La posibilidad de que se pueda utilizar el recurso de amparo como medio para perturbar el ejercicio de la función legislativa de las Cortes Generales —como en su día ocurrió con el recurso previo de inconstitucionalidad de las leyes— debería valorarse como un motivo más para levantar de forma inmediata la suspensión acordada", esgrimió la Cámara alta. La Fiscalía entendía también que la queja del Senado estaba bien fundada, pero de nuevo la mayoría conservadora del TC se unió para desecharla.

En la Moncloa también indigna que todavía no se conozca el auto completo, que el TC no haya hecho pública aún la fundamentación jurídica que sostiene una decisión "sin precedentes" en la historia democrática, porque nunca hasta ahora se había paralizado una iniciativa aún en tramitación parlamentaria. "Es gravísimo", lamentaban este miércoles en el corazón del Ejecutivo. La Fiscalía también protestó por esto mismo: la imposibilidad de conocer los motivos que han llevado a los magistrados a suspender cautelarmente la reforma impide también valorar la "premura que circunstancialmente concurre en la singular tramitación —en cuanto carente de precedentes en el recurso de amparo parlamentario— de todo el procedimiento". Para el Ejecutivo, que todavía no se disponga del auto es una prueba más de que la decisión del TC se tomó a toda prisa en una maniobra que juzgan "descarada".

También escama que González-Trevijano no haya movido ficha para incorporar a Campo y Díez, una vez que el martes el pleno del CGPJ fracasó en el nombramiento de sus dos candidatos.

Los poderes "cada vez menos ocultos" que "arropan" al PP

Y es que en el Gobierno anida la convicción de que la Justicia actúa como un brazo más del partido de Feijóo. Sánchez, en la sesión de control en el Senado, la última del año, denunció que los poderes que "arropan" y "dirigen" al PP son "cada vez menos ocultos" y han conseguido un "hito importante": privar de sus competencias al Parlamento. Esa es, a juicio del presidente, la "gran aportación a la política" de Feijóo en sus nueve meses en la arena nacional: "Enmudecer a las Cortes Generales".

Esto se le ha acabado descontrolando por completo al PP. Ha quedado todo muy a las claras", juzgan en el Gobierno, donde apuntan al cambio de estrategia de Feijóo

Es más, en el Ejecutivo sospechan que el magistrado del TC Enrique Arnaldo, nombrado el año pasado a propuesta del PP, y que levantó todo tipo de recelos por parte de la izquierda por su cercanía absoluta al principal partido de la oposición, fue quien indujo la redacción del recurso de amparo de los conservadores. Arnaldo fue el ponente de la impugnación y su posición, favorable a estimar las cautelarísimas, fue la que adoptó la mayoría conservadora. En el Gobierno, lo que más "rechina" es que el pleno del TC rechazara las recusaciones de González-Trevijano y Narváez, con los votos de ellos dos mismos. De haberse abstenido ellos o haberse apartado, la mayoría del pleno habría cambiado: los progresistas habrían sido mayoría. Los socialistas, no obstante, no van a perseguir criminalmente a ambos ante el Supremo ni instar a que se abra un procedimiento por supuesta prevaricación. Quieren resolver la renovación del TC cuanto antes para poner a salvo su legislación y evitar, en palabras de Sánchez, los "recortes de derechos" que busca la derecha.

En el equipo del presidente interpretan que la moderación en el tono de Feijóo en el Senado y, sobre todo, que centrara su intervención en las "cesiones" a los independentistas, en la derogación de la sedición y la modificación de la malversación, prueban que el PP no está satisfecho con su estrategia, pese a haberse anotado una "victoria" en el TC. Según sus argumentos, Génova no puede congratularse porque ha desviado un "foco" que incomodaba al PSOE, la rebaja de la malversación, para colocar un marco que entienden favorable al Gobierno: la voluntad de la derecha de "controlar a los jueces". Subrayan que el recurso de amparo y la adopción de las cautelarísimas demuestran que la actuación coordinada de la derecha judicial y política que denunció Sánchez queda al descubierto. "Esto se le ha acabado descontrolando por completo al PP. Ha quedado todo muy a las claras. Se le ha ido de las manos", apuntaba un ministro. "Ha llegado demasiado lejos", espetó el jefe del Ejecutivo a Feijóo.

En el PSOE se felicitan de que la maniobra del PP ha desviado el "foco" sobre la malversación, que les incomodaba

En el partido, la lectura muy compartida es que el PP "se ha pasado de frenada" y, con su gesto, ha logrado compactar a los socialistas, que estaban viviendo semanas durísimas por una reforma, la de la malversación, que pocos entienden internamente. "Los del PP generan tanto ruido que al final los acaban enterrando. Hoy ya no se habla de malversación y eso nos viene bien a nosotros. Eso sí, el que haya ruido ambiente nos perjudica a todos, claro", observaba un diputado socialista.

En el PSOE, además, ha sentado bien que el Gobierno y los presidentes de las dos Cámaras, Meritxell Batet y Ander Gil, solemnizaran desde el primer minuto que acatarían sin ambages la resolución del Constitucional, pese a que Unidas Podemos presionaba para desobedecerla. Tampoco el PSOE atenderá la petición de sus socios de que la nueva proposición de ley rebaje las mayorías necesarias para elegir a los 12 vocales del turno judicial del CGPJ. Su posición se mantiene, al menos por ahora: se tocará la ley para forzar la renovación del TC y se da por perdido el relevo en el Poder Judicial, aunque se continuará denunciando el "incumplimiento reiterado" del PP de la Carta Magna y de la ley.

La última sesión de control del año no dejó titulares ni en la bancada popular ni en la del Gobierno. Sánchez y Feijóo hablaron para sus clientelas electorales —fue "pedagógico" el presidente, valoraban en la Moncloa—, exhibiendo la tensión máxima que preside las relaciones entre ambos. Y la larga carrera electoral de 2023 no ha hecho más que comenzar.